Mario Cáffaro
El Frente Progresista tomó la decisión de avanzar con el proyecto de reforma tributaria tras escuchar durante varias semanas cuestionamientos técnicos y políticos desde diversos sectores de la comunidad. "La decisión está tomada y ahora empezamos a discutir la letra chica", dijo el radical Carlos Fascendini, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se encuentra el expediente.
El Frente tiene el número en la Cámara Baja para aprobar el proyecto pero no ocurre lo propio en el Senado donde la llave está en manos del Frente para la Victoria que viene insistiendo en que no es necesario el cambio por entender que la provincia tiene fondos suficientes para administrarse.
"Creemos que es necesario que tenga media sanción en Diputados. Hemos escuchado las partes interesadas, seguiremos haciéndolo la semana próxima, hemos dado tiempo suficiente para que tengan su opinión y es tiempo para decidir. Estamos dispuestos a que esto se decida" subrayó el jefe de la bancada, el socialista Raúl Lamberto. ¿Qué pasará en el Senado? Por ahora es futurología política.
En el viaje a Córdoba para traspasarle a Juan Schiaretti la presidencia pro témpore de la Región Centro, Hermes Binner, solicitó al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, no postergar la reunión del día siguiente de la mesa política del Frente. Los temas fueron las dos reformas, la tributaria y la constitucional. El miércoles, muy temprano, el gobernador recibió a Fascendini y después de un análisis político y técnico le solicitó buscar viabilidad para acelerar el dictamen. Se habló de algunos cambios y el propio gobernador pidió que haya línea permanente con la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren. Hasta el viernes al mediodía hubo intercambio de textos y de proyecciones de recaudación entre la funcionaria y legisladores. A los justicialistas les anticiparon que entre lunes y martes les darán un borrador con las reformas que serán sugeridas al proyecto.
El propio Binner dedicó el sábado a recibir a Federación Agraria Argentina en Rosario y a los autoconvocados en Casilda para escuchar planteos.
A la hora de buscar avances, está decidido en el caso del Inmobiliario que habría quinta cuota para este año y un aumento para el 2009 pero no se aplicarían los nuevos avalúos fiscales que impactarían en la tributación nacional. También habría cambios en Ingresos Brutos donde desde el oficialismo se afirma que de las 2.350 industrias radicadas en la provincia, 1.850 quedarán exentas mientras que las restantes 500 tributarán el 1 por ciento. En cambio, se señala que las 9.800 empresas radicadas en otro territorio tendrán que pagar Ingresos Brutos al igual que las santafesinas cuando venden en provincias vecinas que reimplantaron el tributo.
En definitiva, se estima que la reforma significará un ingreso superior al actual en 670 millones de pesos de los cuales 185 corresponderán a municipios y comunas por el sistema de coparticipación. En cuanto al régimen tributario simplificado no ofrecería demasiados reparos. Sobre el particular, las entidades que agrupan a los profesionales en Ciencias Económicas sugieren que sea optativo y no obligatorio y cuestionan que los contribuyentes adheridos al régimen de Convenio Multilateral sean excluidos.
A propósito de contadores, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Consejo Profesional a través de su cámara primera hicieron llegar una serie de comentarios a modo de aportes desde lo técnico al proyecto. Entre otras cosas en materia de procedimiento cuestionan que se insiste en ignorar la creación de un Tribunal Fiscal Provincial para interponer apelaciones. El proyecto prevé que la apelación -que hoy es ante la API - sea ante la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Los profesionales cuestionan que sea el propio Poder Ejecutivo juez y parte en la cuestión.
"Esto no sólo es contrario a derecho, sino que va en contra de las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que evitan la participación en los procesos de estamentos que ya lo hayan hecho en etapas anteriores", recordando lo ocurrido en materia penal con el caso Fraticelli.
En materia de Ingresos Brutos, los contadores señalan que tendrá un efecto cascada en los precios. "La experiencia indica que quienes puedan, si el mercado se los permite, trasladarán el aumento de impuesto a sus precios". También cuestionan que se restringe aún más el crédito fiscal computable por el Derecho de Registro e Inspección que se paga ante municipios y comunas.
Los contadores advierten que a la hora de fijar exenciones por montos, éstos en épocas de inflación se van evaporando en el corto tiempo, y sugieren que se faculte a la API a fijar los montos.
En la parte procedimental, el Ejecutivo prevé cambios en 12 artículos e incorpora otros dos para darle mayores facultades al organismo recaudatorio.
SI en Santa Fe
Este lunes 22, a las 10 en un hotel céntrico de Santa Fe y a las 16.30 en el hotel rosarino se concretará el lanzamiento del Partido Solidaridad e Igualdad (SI) de la provincia de Santa Fe.
La presentación contará con la presencia de las referentes provinciales Alicia Gutiérrez diputada provincial y Verónica Benas, diputada nacional. Además contará con la presencia de los diputados nacionales del SI, Eduardo Macaluse, Carlos Raimundi, María América González, Lidia Naim, Emilio García Méndez, la diputada nacional (MC) Marta Maffei y dirigentes provinciales de 15 departamentos que firman el documento fundacional de la fuerza en la provincia de Santa Fe.
El diputado Raúl Lamberto salió al cruce de las interpretaciones que hacen sectores del justicialismo acerca de que el decreto de creación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos viola la ley de creación del API porque superpone funciones.
"La ley de Ministerios sancionada el año pasado deja en manos del Ministerio de Economía lo referido a la percepción y fiscalización de los ingresos tributarios. Corresponde al Ejecutivo establecer el organigrama y lo hace a través de una subsecretaría de Ingresos Públicos. Esto forma parte de la idea de reforma del Estado que tiene el gobernador Binner de ir transformando las instituciones que han tenido falencias en el funcionamiento. Hacen falta mecanismos modernos y ágiles para el cumplimiento de estas funciones. No creemos que haya superposición de funciones. El órgano de ejecución sigue siendo API con su personal y su organigrama ya que es un organismo que forma parte de la estructura otorgada por la ley de ministerios".
Mientras el personal de API y Catastro anuncia nuevos paros para la semana entrante, el legislador dijo ser optimista en que el conflicto se irá solucionando.
No obstante, Lamberto aclaró que la ley de creación de API "nunca desconoció que el Ejecutivo tenía facultad para establecer las normas pertinentes para el objetivo". y admitió que hoy en diversas provincias hay órganos más modernos y eficientes a la hora de recaudar como las agencias. Sobre esta base, el socialista afirmó que "Santa Fe no se preocupó en los últimos años de mejorar los índices de recaudación propios". A modo de ejemplo, afirma que la provincia de Buenos Aires pasó de recaudar el 4,45% del producto bruto interno en 2005 al 4.56% al año siguiente. Córdoba lo llevó del 3,79 al 4,01%. Entre Ríos del 7,90 al 9,27% mientras que en el caso de Santa Fe bajó del 3,35 al 3.18%. "Esto fue así por falta de preocupación en los ingresos propios" aseguró.
A la hora de sumar cuestionamientos, recordó el intento de privatizar la gestión tecnológica con el proyecto de informatizar API. "Era entregarle la base de los contribuyentes a empresas privadas y esto sí que es violar la Constitución. Binner planteó la inviabilidad jurídica y política de esa privatización", recordó.
"El gobierno está dispuesto a modernizar y colocar dentro de las buenas prácticas tributarias a su sistema siguiendo las recomendaciones del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias", acotó.