EDITORIAL

La Corte y el poder político

El mejoramiento de la calidad institucional ha sido uno de los estandartes de campaña de los últimos dos presidentes argentinos, los integrantes del matrimonio Kirchner. El balance del cumplimiento de tal promesa es deficitario, pero algunas de las medidas tomadas en ese orden han sido -no siempre para satisfacción de quienes lo hicieron- verdaderos avances al respecto.

Esto se aplica a la renovación de la Corte Suprema de Justicia, con un elenco de ministros de marcados méritos intelectuales y reconocida trayectoria que, si bien en algunos casos pudieron haber sido identificados ideológicamente con los postulados del gobierno, no contaban con adscripciones partidarias y exhibían un perfil de independencia que los hacía suponer libres de condicionamientos.

Lo que seguramente no previeron los Kirchner es que, más allá del lustre otorgado al Tribunal y del mérito que pudieron capitalizar por ello, esas condiciones de los integrantes de la Suprema Corte podían ponerlos por encima de simpatías y coincidencias filosóficas y llevarlos a resolver cuestiones que, al ajustarse estrictamente a derecho, podían herir conveniencias y estrategias del gobierno.

Con el acompañamiento de una fuerte impronta de gestión, no exenta de un cuidado marketing para preservar y potenciar la imagen del cuerpo, la Corte no vaciló en abordar cuestiones complejas y de alto impacto social. Y así como ordenó el siempre postergado saneamiento del riachuelo y se metió con la atención de los derechos de las comunidades aborígenes, anuló indultos a favor de militares dictados por Carlos Menem y resolvió causas contra el corralito financiero tomando en cuenta los derechos de los ahorristas.

En los últimos días volvió a ser noticia por un fallo que, más allá de alguna disparidad en las interpretaciones sobre su real alcance, se orienta en el sentido de quebrar el monopolio sindical. Antes de eso, había advertido extraoficialmente que la cuestionada resolución 125 sobre retenciones móviles agropecuarias difícilmente pudiera pasar el filtro del control constitucional. En tanto, en los despachos de los magistrados aguardan -entre otros asuntos- una serie de planteos por el manejo de los recursos de las provincias.

La historia institucional argentina muestra un extenso registro de cuestiones de Estado que terminaron siendo resueltas conforme a la conveniencia del gobierno de turno, por cortes adictas, cooptadas o sumisas. Al menos en lo que lleva de gestión, la actual composición del Tribunal ha demostrado otro tipo de conducta. Y más allá de la consideración que puedan merecer en particular cada uno de sus pronunciamientos, permiten alentar fundadas expectativas de que están guiados por la honestidad intelectual, el rigor científico y una mirada abarcativa sobre la realidad del país. Estas cualidades cobran hoy especial significación debido a los embates del poder político sobre las instituciones republicanas y federales.