Un vacío normativo en la Argentina
La necesidad de una ley de responsabilidad penal juvenil
Mario Cáffaro
Emilio García Méndez es diputado nacional por SI (Solidaridad e Igualdad) pero, además, preside la Fundación Sur Argentina, entidad que trabaja para denunciar violaciones a los derechos humanos de la infancia, incidir en los procesos de formulación y reformulación de normas jurídicas, políticas públicas y de un sistema de justicia para la infancia-juventud, basado en el respeto de sus derechos fundamentales. El eje central de acción es promover los derechos humanos de la infancia, como herramienta decisiva para contribuir a la superación de la cultura tutelar imperante, a la que considera criminalizadora de la pobreza.
Invitado por los diputados provinciales Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra estuvo en Santa Fe donde compartió un panel-debate en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti.
En diálogo con El Litoral desgranó la situación actual de los menores y defendió el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que se encuentra a debate en el Congreso. Uno de ellos es de su autoría, pero admite que el 90% del arco político concuerda en líneas generales. “Lo que pasa es que desde 2003 para acá, no salen proyectos del Congreso que no sean impulsados por el Poder Ejecutivo. En tanto, rige un decreto de la dictadura que es violatorio de la Constitución”.
No duda en señalar que “falta política social, inversión social para los menores, pero con eso no alcanza. Si las provincias quieren resolver con seriedad el problema no podrán hacerlo si antes no cambia la Ley Nacional de Responsabilidad Penal Juvenil. Si dejo la legislación vigente, mejoro la calidad y la cantidad de institutos, aumento la cantidad del problema, porque necesitamos la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que no es competencia de las provincias”.
Estas sufren, tienen una camisa de fuerza que se llama régimen penal de la minoridad. Las provincias que quieren hacer cosas buenas están colocadas en el mismo nivel que aquellas a las que no les interesa nada por falta de una ley que le brinde un marco de racionalidad”. Enseguida acotó “la ley no es condición suficiente para nada, pero es condición imprescindible para todo”.
La situación en La Argentina
El jurista reconoce que “la Argentina es un país que, como pocos, ha incorporado más explícitamente los tratados internacionales, en este caso la Convención Internacional de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional; pero pocos países la violan tan sistemáticamente como la Argentina. Pese a que se adhirió a la Convención y se dictó una ley nacional que reconoce que es niño todo ser humano hasta los 18 años, tenemos la imputabilidad penal a los 16 años y lo peor es que la tenemos en base a un decreto de la dictadura militar”.
García Méndez sostiene que “no sólo no hay que bajar la edad sino que hay que subirla a los 18 años. No nos podemos quedar solamente en el eslogan de “no a la baja de la imputabilidad’, porque si no proponemos nada somos cómplices de lo existente. Hoy existe una legislación de la dictadura que ha permitido reclusiones perpetuas a menores de edad, una legislación que ha permitido el tratamiento discrecional de los delitos cometidos por la franja de 16 a 18 años. Pero peor es la situación de los menores de 16 años, porque la ley dice que son totalmente inimputables y totalmente no punibles. ¿Dónde están esos menores si cometen un delito? Si son de sectores medios o altos en su casa; si no son de esos sectores las posibilidades de que estén en una cárcel (mal llamados institutos) son totales. Están allí para ser protegidos, pero la Ley 26.061 de Protección a la Infancia prohíbe la privación de libertad como forma de protección”.
En el medio de la polémica sobre qué hacer con los menores, reconoce que unos “dicen que a los menores hay que matarlos, otros dicen que no hay que hacer nada. A nadie se le ocurre que hay que hacerles un debido proceso”. Acota que en Argentina hay 1.800 menores privados de libertad, cifra no desagregada por provincias, pero entiende que la situación es grave en algunas como Córdoba, muy buena en otras como San Luis. “El número de menores privados de libertad depende en parte de la fenomenología del problema y de la política que se usa”.
Por último, refiere que Costa Rica tiene una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que es la más severa de América Latina, pero es el país que menos menores privados de libertad tiene.