Nuevo aniversario de la Convención Internacional
Nuevo aniversario de la Convención Internacional
Los derechos de los chicos deben ser una prioridad
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn)
El 20 de noviembre pasado se cumplió un nuevo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La celebración llegó en un momento en que nuestro país -una vez más- pone en el centro del debate a los chicos y chicas, pero no para ver de qué manera asegura sus derechos sino para demonizarlos y responsabilizarlos por los hechos vinculados con la inseguridad.
Se trata de un debate que se repite de manera espasmódica en nuestra sociedad y que pone en evidencia que, a pesar de los avances en el progresivo reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la relación entre el mundo adulto y la niñez es aún completamente asimétrica. Los adultos identifican a niños, niñas y adolescentes como principales responsables de los hechos de inseguridad y los discursos del poder hablan de bajar la edad de imputabilidad.
En la práctica, esto significa aplicar a los chicos y chicas que aún no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, una situación de por sí inconstitucional porque vulnera lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y sólo logra que los chicos entren más temprano al sistema penal exponiéndolos a situaciones de violencia policial, condiciones infrahumanas de detención, estigmatización, quiebre del vínculo familiar, imposibilidad de recrear un proyecto personal (educativo, laboral, profesional) y comunitario.
A 19 años de la aprobación de la Convención y a 18 años de su ratificación por parte de Argentina, en nuestro país todavía se propone violar sus principios en nombre de la seguridad de la población. Y eso bajo la presunción de que los chicos y chicas son “peligrosos”, presunción que los coloca cerca de la formulación de políticas contra la inseguridad pero lejos de las políticas públicas básicas y universales que deben asegurar acceso y cobertura de educación, salud, cultura, recreación y participación ciudadana, políticas que están en la base de la Ley 26.061 que creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, el principal avance normativo de los últimos años.
Todavía falta
En este contexto, un nuevo aniversario de la Convención debe obligarnos a reflexionar sobre los muchos pasos que aún deben darse para que los derechos, además de declamados y reconocidos, sean ejercidos plenamente por todos los chicos y chicas argentinos. Pero además, para que ese reconocimiento alcance efectivamente a todos los chicos y chicas. Esto implica una modificación sustancial en la relación entre la niñez y el mundo adulto.
Y para ello, todavía queda mucho por hacer: falta adecuar toda la política pública a los nuevos postulados, falta facilitar el acceso de todos los niños y niñas a las políticas universales, falta crear las condiciones para que los niños y niñas tengan un defensor de sus derechos, falta llevar a cabo el proceso de desinstitucionalización de muchos niños y niñas y aún está pendiente la sanción de una ley que establezca por fin una asignación universal para todas las personas menores de 18 años como un aporte concreto a la promoción y protección de sus derechos.
Se trata, en definitiva, de superar un espacio en el que se tenía la Convención como manifiesto para entrar en otra etapa en la que llevemos a la práctica cotidiana el ejercicio concreto de los derechos. Una tarea en la que todos los actores (poderes públicos, organizaciones, educadores, expertos, profesionales y familias) somos co-responsables.
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