Entrega de un petitorio al gobernador
Peligra la continuidad institucional de Adalpe
La entidad dedicada al apoyo laboral de personas especiales corre riesgo cierto de desaparecer, a causa de los serios problemas económicos que afronta.
Ariel Durán-Sergio Ferrer
Luego de trece años de trabajo, la Asociación de Apoyo Laboral para Personas Especiales (Adalpe) -que preside Delia Vega de Mertes- se encuentra atravesando una difícil situación institucional y económica, con serio riesgo de peligrar en el desarrollo de sus actividades y los servicios que brinda. Así se lo iban a hacer saber al gobernador Hermes Binner, a quien, a través de un escrito, entre otras cosas le explican que Adalpe es la única organización no gubernamental de Santo Tomé dedicada a la atención de personas mayores de 18 años con discapacidad mental, segmento de la comunidad santotomesina para quienes cuentan con dos servicios especializados, el Centro de Día ubicado en Almirante Brown 2462 y el Taller Protegido de Producción de Gaboto 2240. Atento a lo anterior, una delegación de la nombrada entidad intermedia tenía previsto dirigirse hoy a la sede del gobierno provincial, para hacer entrega del petitorio en el que dan cuenta del peligro inminente de desaparición en el que están.
Servicios que prestan
En su nota, explican que el citado Centro de Día se financia a través del Sistema de Prestaciones Básicas, es de doble jornada simple y funciona como servicio de atención integral para jóvenes con discapacidad moderada y grave, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades. Por otra parte, en el Taller Protegido de Producción funciona un microemprendimiento integrado por 7 operarios, dedicado a la elaboración de productos de panificación, cuyo ingreso económico permite financiar la compra de insumos.
“Nuestra institución se sustenta a través del cobro de las prestaciones a las obras sociales y el Plan Carenciados de los beneficiarios que asisten al Centro de Día, de común acuerdo con un monto establecido por el Sistema Único de Prestaciones Básicas”, le aclaran a Binner. El Plan Carenciados, entonces, constituye un importante aporte de la fuente de ingresos de recursos económicos para la entidad. “Hasta noviembre de 2007, el programa Plan Carenciados pagaba mensualmente la prestación, con una demora de dos a tres meses posteriores a la fecha de presentación de la facturación mensual”, expresan también al titular de la Casa Gris. “Hasta ese momento dependíamos de Promoción Comunitaria, que directamente abonaba con un cheque a la institución”, completan. Luego, le describen lo que ocurrió cuando el citado plan dejó de depender de Promoción Comunitaria y pasó al Ministerio de Salud de la provincia, señalándole que desde diciembre de 2007 hasta la actualidad, la cadena de pago se interrumpió.
Situación insostenible
“En ese período, se nos ha efectivizado el pago de cuatro facturas, adeudándose a la fecha el monto de $ 64.063,22”. De igual modo, tal como se lo remarcan a Binner, “a pesar de esta situación, los servicios siguieron prestándose en forma regular”. Pero, “lamentablemente, ya no se puede sostener esta situación y no se podrá continuar con el servicio, con aquellas obras sociales que tienen demoras en los pagos”, advierten después.
No hay que olvidar que lo anterior representa, por ejemplo, que no se pueda llevar a cabo la colonia de vacaciones, cuyas actividades son de suma importancia en el proceso de reinserción de los jóvenes con discapacidad. Además, esta carencia lleva a que se rescindan contratos de profesionales (imposibilitados, como están, de hacer frente al pago de sus haberes) y a que no puedan abonar los gastos fijos para el normal funcionamiento institucional (luz, gas, teléfono, impuestos, limpieza, combustible, materiales, merienda y demás). “No se han tenido en cuenta todos los actores afectados y de persistir, peligra la continuidad de la institución; por consiguiente, 30 jóvenes con discapacidad mental que reciben rehabilitación integral y laboral quedarán sin la misma”, concluyen, no sin antes recordar que también se quedarían sin fuente de trabajo más de 20 empleados.
Delia Vega de Mertes, presidenta de Adalpe, describe la situación de la ONG a su cargo, ante la presencia de otros integrantes de la delegación que viajaban hoy a Santa Fe.
Agencia Santo Tomé
