EDITORIAL

La deuda social

La Argentina celebra un cuarto de siglo en democracia y la fecha, que por su importancia para la vida cívica de todos los habitantes del país trasciende el mero recordatorio, amerita por estos días todo tipo de análisis y lecturas que inevitablemente derivan en una evaluación sobre los progresos alcanzados y las materias aún sin resolver. Y así como no se pone en duda la importancia de este sistema de gobierno -siempre perfectible- y se aboga por asegurar una mayor participación y compromiso de los ciudadanos en su desarrollo, también existen coincidencias sobre una de las deudas que aún subsiste y que tiene como eje a la exclusión social y a la enorme franja de hombres y mujeres fuera de toda formalidad como protagonistas.

Desde hace varios meses se viene advirtiendo desde organismos nacionales no gubernamentales sobre las falencias que presentan las políticas de atención alimentaria en una población que mantiene altos índices de pobreza e indigencia, más allá de que estas cifras hayan disminuido en los últimos años respecto de períodos críticos que coincidieron -básicamente- con las mayores dificultades que atravesó la economía nacional. Es así como persisten severas desigualdades dentro del mismo territorio nacional, con cifras que ubican a la desnutrición crónica dentro de los temas más urgentes por atender.

En las últimas horas se conoció un dato aberrante: ocho niños menores de cinco años mueren por día en la Argentina por desnutrición, según denuncia una ONG nacional. La misma entidad advierte que en la Argentina más de dos millones de personas no tienen garantizado el acceso a una alimentación básica.

Por estos días, el principal referente del Movimiento Los Sin Techo, uno de los grupos más importantes que trabaja en los barrios más humildes de la ciudad -consultado a propósito del primer año de gestión del actual gobierno provincial- advertía que en la ciudad cuatro de cada diez menores de 18 años vive en la pobreza y la indigencia, y que 8.000 jóvenes entre 14 y 25 años, justo en la franja de población que nació y creció en democracia, no trabajan ni estudian.

En coincidencia con esta fecha que se conmemora en la Argentina, se cumplen sesenta años de la Declaración de los Derechos Humanos a la que nuestro país adhirió de manera taxativa, al incorporarla a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Y en la amplia lista de derechos y garantías que recorre el texto consagrado en 1948 también está presente el acceso a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica como condiciones básicas y elementales para asegurar el desarrollo de las personas, en el que tampoco puede quedar afuera el acceso a la educación, al trabajo y a la cultura.

Dar cumplimiento a estas premisas básicas es una exigencia constitucional para que la democracia no se agote en la mera formalidad, y es la única manera de ampliar y profundizar su vigencia, a través del irrestricto e inexcusable compromiso de todos los ciudadanos y de quienes, con el mandato popular, ejercen legítimamente el poder.