Entre las usurpaciones y los planes insuficientes

El problema del acceso a la vivienda

Alicia Pino, directora provincial de Vivienda y Urbanismo, realizó un repaso sobre las necesidades habitacionales en la ciudad y la provincia, y sobre las situaciones de ocupación por la fuerza de los complejos.

Ignacio Andrés Amarillo

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En el marco del cambio de año, la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, arquitecta Alicia Pino, se sumó a los balances de rigor. Al respecto, comentó a El Litoral: “Cuando asumió la gestión (yo me sumé en mayo) uno de los mayores niveles de conflicto se presentaba en los barrios no terminados del Programa Federal. Muchas obras estaban demoradas por problemas financieros; atrasos en los pagos a las empresas; venían empresas con más de dos años de sostenimiento de obras con los certificados impagos. En muchos casos las viviendas estaban al 85 ó 90 %, no estaban habitables, por lo cual no se les podían entregar a las familias adjudicatarias; y otra familia (con situaciones acuciantes que la impulsaron a eso), usurpando viviendas. El cambio de gestión colaboró en la confusión de ese momento.

Entonces ahí empezamos a trabajar en dos ejes: uno de relevamiento de la usurpación, distinguiendo diferentes tipologías: familias con necesidades concretas de vivienda y algunos oportunistas, con los cuales es mucho más fácil resolver el tema, porque se arbitraron los medios para sacarlos de las viviendas. Con las familias estamos trabajando junto a Seguridad Comunitaria, en una mediación para ver de algunas que vuelvan a su lugar (mejorando la situación).

El otro eje de trabajo es terminar los conjuntos habitacionales, para lo cual ahí el mayor problema fue la falta de previsión en el primer semestre del año y la falta de transferencias de la Nación a la provincia, que hizo que tengamos que asumir la terminación con fondos provinciales. Es un compromiso políticamente asumido: terminarlos para que puedan ser entregados a sus verdaderos beneficiarios”.

—¿Falta de previsión?

—No teníamos un cronograma de desembolsos: llegaron un par durante el primer semestre, en junio se cortó sin aviso, con compromisos mensuales de que las transferencias se iban a realizar. Es un escenario muy difícil para coordinar con las empresas, que trabajan con compromisos mensuales, tanto por el pago de materiales como por sus compromisos impositivos. Entonces tuvo que salir la provincia a garantizar un circuito de pago con fondos propios. Por supuesto estamos haciendo los reclamos a la Subsecretaría de la Nación para que nos lo devuelva, porque entre nuevos proyectos a iniciar (que ya están en el área de Economía) y pagos que hemos realizado tenemos 65 millones de pesos.

No hemos empezado obra sin anticipo para no entrar en un circuito que no podemos sostener: es imposible sostener la expectativa de construcción del Plan Federal con fondos provinciales. En el Plan Federal 2 tenemos un cupo (ratificado en la última presentación de la presidenta de los programas de obras) de 21.000 viviendas para la provincia. Presentamos un programa para hacer 7.000 viviendas anuales, pero no tenemos una doble espalda. Sí nos permitió el presupuesto que acordamos con Economía provincial terminar 3.000 viviendas este año y más de 3.000 para el que viene.

—De todos modos no alcanza...

—No: para el cupo de 21.000 tenemos 120.000 inscriptos. La capacidad de fondos Fonavi es de entre 400 y 500 viviendas anuales. Aunque se cumpla el Federal estamos lejos de que se pueda dar satisfacción a la cantidad de familias inscriptas, para lo cual estamos investigando otras líneas de acción: proyectos mixtos con empresas, entidades bancarias, gremios... Otras alternativas para abrir el abanico.

—¿Cuántos inscriptos hay en la ciudad?

—Unos 40.000. Pero hay otro número importante: tenemos presentados en la Nación proyectos por 9.000 viviendas, que ya tienen terreno, proyecto, factibilidad: sólo hay que hacerlas. Y para las otras, las 11.000 que faltarían, la Nación propone un programa diferente, con créditos del Anses a la provincia, que se devolverían. Con lo cual el beneficiario tendría otro rol: en el Federal están pagando entre 150 y 180 pesos (tienen un subsidio importante); esto sería para un sector más alto de la población.

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EN RELACIÓN

Diálogo con los ocupantes

—¿En qué consiste la mediación?

—Lo que no queremos es el desalojo compulsivo. Donde constatamos una razón concreta, a los que pueden volver a su lugar les podemos dar mejoras habitacionales, tanto por un programa que se llama Mejor Vivir como con fondos propios provinciales. A otros hacerles entender que de la forma en que se instalaron en la vivienda nunca va a ser suya, porque nunca le vamos a reconocer la titularidad de la casa: tienen que volverse a su situación (así haya sido un asentamiento irregular) hasta que el proceso pueda incorporarlos.

No es sencillo porque atrás de cada familia hay un drama que la llevó a esa situación. Lo difícil es que tenemos pocas unidades para tanta demanda. Hoy el acceso a la vivienda es muy difícil, la clase trabajadora ha quedado muy lejos de poder acceder.

En el proceso de regularización vamos a reconocer a familias que ya estén hace cinco años en la vivienda, pero nunca que hayan entrado con violencia. Sí por transacciones no formales, o alguna situación administrativa no regular.

—¿Se ha llegado al desalojo compulsivo?

—No. Nunca un desalojo es muy amable, porque va la policía. Acá permanentemente en los conjuntos Fonavi cuando se detecta una irregularidad hay un proceso interno de desalojo, y recuperar la vivienda para alguien que está anotado.

Ese procedimiento es legal-administrativo interno, y después termina yendo al domicilio un escribano, la policía, un trabajador social y hace el lanzamiento. Eso hoy se está haciendo en los caso en que se detecta irregularidad: cuando no se está usando para vivienda, o cuando es utilizada con otros fines. Pero esos son casos puntuales.

—Ha habido casos de transacción irregular, donde siguió el proceso de desalojo, como la familia que amenazó con quemar su departamento en El Pozo.

—Había un proceso legal, en donde la defensa no se había hecho correctamente, si no tal vez no hubiera llegado a esa situación. Esos procesos irregulares con la Ley de Titularización los vamos a poder salvar.

Desborde: Hay 120.000 familias inscriptas esperando una vivienda en la provincia; unas 40.000 de las cuales están en la ciudad de Santa Fe.

Foto: Néstor Fenoglio

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ADEMÁS

Mejorar los asentamientos

“El gobernador nos ha dado una línea de trabajo nueva, que es incorporar el tema de hábitat en los asentamientos irregulares. En estos momentos se está haciendo la formulación del programa con un equipo externo, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI); la idea es buscar financiamiento internacional, para trabajar con los grupos más vulnerables que no cumplen el perfil para ingresar a los fondos Fonavi (hay que tener un ingreso justificado, comprobable).

Entonces el Hábitat Santa Fe trabajaría en llevar los servicios, urbanizar las áreas, con una subdivisión de terrenos y un reordenamiento de las casitas. Trabajaría con el potencial que tienen las familias vulnerables de mejorar su vivienda pero no poder construir ciudad”.