Tractorazos y banco tomado

Alta tensión antes del encuentro de Déborah Giorgi con ruralistas

De la redacción de El Litoral

El presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, encabezó esta mañana un tractorazo en Gualeguaychú. Ayer estuvo en Hasemkamp donde los ruralistas tomaron -hasta este mediodía- una sede bancaria del Bersa en reclamo de financiamiento de emergencia. Y varias rutas del país esperaban con tensión el encuentro de la ministra de la producción con la mesa de enlace rural.

Mario Llambías (CRA); Hugo Biolcati (SRA); Eduardo Buzzi (FAA) y Carlos Gareto (Coninagro) estaban reunidos al cierre de esta edición, antes del encuentro con la ministra. “Está en juego el destino del país”, dijo Gareto, quien aseguró que el tema retenciones “tiene que estar en la agenda”.

El Bersa, propiedad de Enrique Eskenazi -allegado a Néstor Kirchner- sufrió ayer la toma de su sede de Hasenkamp, en Entre Ríos. De Angeli dijo que la entidad no cumplió un compromiso y que en medio de la “emergencia” por la sequía, la entidad llevó los créditos con tasas del 11 % a punitorios del 36 %

En Armstrong y Theobald (Santa Fe); en Río Cuarto (Córdoba) y en Basail (Chaco), productores de FAA autoconvocados seguirían las negociaciones. “Vamos a estar junto a los productores del NEA como cierre del paro agropecuario. Esperemos que la reunión con Débora Giorgi sirva para encontrar canales de diálogo y acercar soluciones, y que no tengamos que volver a la ruta”, advirtió Pablo Orsolini, vicepresidente de Federación Agraria.

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abapra) repudió la toma de una sucursal del Nuevo Banco de Entre Ríos, iniciada ayer “en forma violenta y autoritaria por productores agropecuarios”. De Angeli replicó que en ningún momento se impidió el desarrollo normal de la actividad.

Giorgi concurriría a la reunión con una propuesta similar a la que Julio de Vido le hiciera a Hugo Biolcati, y que los ruralistas consideran insuficiente. Quieren discutir retenciones, además de las restricciones a las exportaciones de granos, carnes y lácteos, además de los problemas de la sequía.

Pero ayer la presidenta Cristina Fernández ratificó en Catamarca que “cuando privilegiamos los intereses de unos pocos por sobre los demás, se puede perder la sustentabilidad social”. Menos eufemístico, Florencio Randazzo apuntó que “suspender las retenciones a la soja implica un costo fiscal de 15.800 millones de pesos” que el gobierno necesita para “darles aumento a los jubilados” y “asistencia social a los argentinos que todavía no tienen trabajo”.