EDITORIAL

Del discurso a la realidad

El discurso de la presidenta de la Nación en la inauguración del 127º período de sesiones ordinarias del Congreso nacional reflejó cambios formales en su exteriorización y una forzosa adaptación al nuevo contexto económico, pero mantuvo en su orientación y sus contenidos las principales marcas del modo en que el kirchnerismo entiende la gestión pública.

Ante un auditorio visiblemente menos entusiasta y más dividido que un año atrás, y en el marco de una crisis que inhabilita pronósticos demasiado optimistas, la alocución viró al sosiego y la mesura. Con todo, mantuvo una impronta triunfalista en la evaluación del desempeño gubernamental, y tomó nota de la crisis sólo para apuntar lo bien parado que llegó a ella nuestro país en virtud de esa performance, y para reiterar la gran convocatoria nacional a la cooperación con el modelo; sin omitir por ello la consabida diatriba contra la oposición. En todo caso, puede advertirse indirectamente una asunción del problema en el fortísimo incremento presupuestario destinado a políticas sociales, que no se compadece con los niveles de pobreza y desocupación admitidos oficialmente y cuya simultaneidad con el proceso electoral no puede escapar al análisis.

En este orden, ni siquiera el conflicto con el campo fue computado como un error que le costó caro a la Argentina en el momento más propicio para generar excedentes: una vez más, la autista referencia quedó constreñida al embate contra el sector “adversario”.

La particular impronta que el kirchnerismo aplicó sobre el manejo de las estadísticas, relativizando su valor y tiñéndolas de una desconfianza inédita, volvió a desplegarse en esta oportunidad para dejar establecido el ejercicio de un pretendido federalismo, y dar por zanjada desde el atril una discusión que, cara a cara y planillas en mano, muestra una realidad diferente.

No casualmente, el blanco de la referencia volvió a ser la provincia de Santa Fe, luego de la polémica desatada por la pretendida “coparticipación récord” que según Cristina recibió. Como se explicó oportunamente, el incremento del monto responde a un aumento de la recaudación nacional, pero está muy por debajo del 34 % que exige la ley.

El estudio de la Bolsa de Comercio difundido ayer por este diario demuestra la abismal diferencia entre lo que la provincia aporta en concepto de impuestos y retenciones, y lo que recibe a cambio. El cómputo de gastos sociales, como jubilaciones y otros servicios, con que la Nación pretende achicar la brecha, es una nueva falacia por omisión, ya que además de mezclar rubros que operan en planos diferentes -la coparticipación federal por un lado, y las obligaciones propias de la Nación por el otro- omite considerar los aportes que también ahí se hacen desde la provincia.

La falacia se potencia si se considera la flagrante discriminación en otras áreas, como planes sociales, obras públicas y ATN; inscripta en una política de concentración de recursos y distribución discrecionalmente direccionada de los mismos. Una realidad tan palmaria, que ni siquiera los malabarismos numéricos del impecablemente articulado discurso presidencial pueden disimular.