Edición del Viernes 19 de junio de 2009

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Proceso oral: Superti busca consenso en el Senado - Edición Impresa - Política | Economía Política

Tres proyectos de ley con media sanción de Diputados

Proceso oral: Superti busca consenso en el Senado

Los senadores -que ayer no sesionaron- escucharon las explicaciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre la marcha de la reforma. Héctor Superti se comprometió a elaborar un informe frente a las críticas de los colegios profesionales.

De la redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, habló ayer con senadores de la mayoritaria oposición -y del oficialismo- sobre los tres proyectos con media sanción de Diputados, que su cartera impulsa para implementar la reforma en favor del proceso oral.

La reunión tocó detalles técnicos normativos y los principios generales rectores de los tres expedientes, en muchos casos, para responder a las críticas que han formulado los colegios profesionales de abogados.

Por el bloque mayoritario del justicialismo, sólo aprovechó la reunión para formular preguntas el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ricardo Kaufmann (PJ-Garay), lo mismo que dos asesores abogados de la bancada mayoritaria, que -siempre en un marco de diálogo sin tensiones- trasladaron dudas a Superti.

Los proyectos de ley sobre Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial, Ministerio Público de la Acusación y de Servicio Público Provincial de Defensa Penal ingresaron hace 15 días al Senado.

La reunión fue presidida por la vicegobernadora Griselda Tessio. Además de Kaufmann, por el bloque del PJ estuvieron su titular, Ricardo Spinozzi, y Cristina Berra, Alberto Crossetti, Norberto Betique, Eduardo Rosconi y Hugo Pucheta. Por el oficialismo: Juan Carlos Zabalza, Eduardo Galaretto, Héctor Aquino y Felipe Michlig.

Sin delegación

Las explicaciones del ministro sobre el diseño del funcionamiento del proceso oral -contenido en las tres normas que el gobierno impulsa- abundaron sobre las diferencias que el sistema a poner en marcha tendrá con el aún vigente.

Acaso ilustre lo anterior, la duda que planteó uno de los asesores del bloque mayoritario, sobre la idea de limitar expresamente el número de horas cátedra para los magistrados. Superti respondió que por las características del juicio oral no habría la necesidad de fijar un límite. Dijo que -a diferencia de lo que ocurre hoy, que cuando el juez da clases es su secretario quien trabaja sobre el expediente-, en el futuro sólo habrá avances en las causas con la presencia física del juez en su lugar de trabajo: no habrá audiencias sin el juez.

Índice

Por otra parte, llamó la atención un dato que el ministro Superti exhibió a los senadores cuando se hablaba sobre la baja credibilidad pública del sistema judicial en Santa Fe. Recordó que sobre el número de causas hay sentencias en un 3 %, por lo que advirtió: “Es un índice de impunidad del 97 %, la gente no lo sabe pero es así”. A la escalofriante proporción le siguió un comentario: “Es cierto, la gente no lo sabe con exactitud, pero lo percibe en la calle”, reflexionó Héctor Aquino (FPCyS-Constitución).

Kaufmann se preocupó por dejar sentado que la reforma no es una novedad en Santa Fe, sino el producto de un debate anterior iniciado durante el gobierno de Jorge Obeid. Y que fue en 2007 que se aprobó un paquete de leyes para la actualización -como ahora para llevarla a cabo- del Código Penal.

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Los senadores Ricardo Kaufmann y Juan Carlos Zabalza, junto al ministro Héctor Superti y la vicegobernadora Griselda Tessio.

Foto: Guillermo Di Salvatore

30 %

de aumento del presupuesto para el Poder Judicial es el cálculo que proyecta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que Santa Fe pueda por fin, -al cabo de un extenso período de reforma- cambiar del proceso penal escrito al juicio oral.

Jueces

La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de cinco jueces para las ciudades de Rosario y Venado Tuerto, y del director del Ente Zona Franca Santafesina, José Marcos Adjiman. Los pliegos de los postulados fueron aprobados por signos, sin ninguna manifestación en contra y mediante despachos aprobados por unanimidad en la Comisión Bicameral de Acuerdos, que preside el senador Ricardo Kaufmann (PJ-Garay). Los magistrados designados para la jurisdicción de Rosario son la Dra. Mariana Silvia Varela, para ocupar el cargo de jueza del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 1; el Dr. Juan José Bentolila para desempeñarse como juez del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2; el Dr. Horacio Lincoln Allende Rubino para ser juez del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 (el diputado oficialista Pablo Javkin se abstuvo); y la Dra. María de los Milagros Lotti para desempeñarse como jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala II. En tanto, el Dr. Fernando Vidal cumplirá funciones como juez de la Cámara de Apelación en lo Penal en la ciudad de Venado Tuerto.

Textuales

Acusación. “En el diseño actual, el procurador de la Corte es el jefe de los fiscales: no así en el proyecto de ley, donde la Fiscalía es un órgano autárquico independiente. Debemos implementar el nuevo Código que es acusatorio y adversarial. La Fiscalía, que es parte, no puede estar vinculada con el tribunal. De lo contrario el sistema no sería acusatorio, ni a la defensa, porque entonces no sería adversarial”, explicó el ministro Superti.

Defensa. “El servicio de la defensa debe estar separado del sistema de la acusación porque si no, ocurre como actualmente sucede, que tienen un superior común. Es decir que este diseño se adecua a la exigencia del propio Código”, sancionado hace dos años.

Proyecto I. Superti rechazó el proyecto alternativo sobre la defensa que impulsan los colegios profesionales. Los colegiados prefieren que “el Estado les dé el dinero para que mediante listas y sorteos designen abogados para quienes no quieren o no pueden hacerlo”.

Proyecto II. El ministro reivindicó la posición del Ejecutivo que considera la defensa como una función esencial del Estado. “Lo que no quita que, como en el régimen que proponemos de tarifa social, se vayan incentivando formas en que la defensa la presten abogados particulares”.



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