Del sistema inquisitivo al acusatorio
Fijan en tres años la transición
en el sistema penal santafesino
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el mensaje del Ejecutivo. El justicialismo logró introducir modificaciones al texto durante el debate en comisiones. Límites al uso de las bolsas de plástico.
Mario Cáffaro
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el mensaje del Poder Ejecutivo que regula el período de transición entre el viejo y el nuevo Código Procesal Penal, lapso que se estableció en tres años a partir del primer día de plena entrada en vigencia de la ley 12.734. El tema fue el más destacado de la sesión semanal de la Cámara Baja que, por segunda semana consecutiva, fue la única que realizó la reunión.
Las distintas bancadas justicialistas sugirieron reformas para precisar el sistema archivo de causas y para garantizar la estabilidad laboral de empleados, funcionarios y magistrados. Aceptadas éstas por el oficialismo, el proyecto logró rápida aprobación en el recinto.
De esta manera, Diputados ya respaldó cuatro de los cinco mensajes remitidos a principios de febrero por el Ejecutivo para poner en marcha del sistema penal oral. Ahora, resta únicamente el proyecto de protección a testigos y víctimas, con preferencia para la próxima reunión del cuerpo.
La intención del Ejecutivo en el mensaje es llevar adelante una transición ordenada, mediante la cual se transfieren recursos de un sistema que se extingue gradualmente (el inquisitivo) al que tiende a establecerse como único: el nuevo sistema de Justicia penal, de orden acusatorio y adversarial.
Raúl Lamberto y Santiago Mascheroni, por el oficialismo, y Jorge Lagna, por el justicialismo, expusieron las razones del voto favorable. “Esta norma es para la etapa durante la que coexistirán dos sistemas, estableciendo plazos para evitar situaciones poco felices. La idea es crear un sistema de conclusión de causas con la participación de los tres poderes, dando a la Corte Suprema de Justicia -como cabeza del Poder Judicial- la facultad de asignar los recursos y las causas a cada uno de los jueces”, explicó el primero.
Mascheroni defendió la decisión de colocar un plazo a la transición de ambas legislaciones procesales y se incorporó -a pedido del justicialismo- el período previo, de manera tal que el plazo de seis meses para el archivo de una causa se empiece a contar a partir de que ésta se encuentre en manos del nuevo juez o tribunal. Reconoció que las cámaras no tienen facultades para establecer prescripciones de causas y defendió la postura de disponer el archivo de un expediente cuando durante seis meses no tiene actividad procesal, con una serie de excepciones, como, por ejemplo, cuando haya imputados prófugos o con imputados no individualizados. El radical también aclaró que se tuvo en cuenta el planteo de la Asociación Judiciales para dejar en claro que no serán afectados los derechos legítimos de empleados y funcionarios.
Por su parte, Lagna advirtió que el paso de un sistema a otro “tiene sus bemoles y puede ser perfectible”. El justicialista anticipó que pueden producirse en esa etapa situaciones de impunidad y que obligarán a revisar y hacer correcciones a las normas. “Debemos estar prestos a hacer esas reformas”, invitó para luego aclarar las modificaciones sugeridas por el sector y aceptadas por el oficialismo.
El esqueleto del proyecto
El proyecto tiene 24 artículos divididos en cinco capítulos, el primero de los cuales establece el período de transición en tres años; en el segundo se determina el sistema de conclusión de causas para las actuaciones iniciadas con anterioridad a la plena entrada en vigencia del nuevo sistema penal que se regirá por reglas de celeridad, eficiencia, economía procesal y tenderá a lograr el máximo nivel de resolución de conflictos. En esta parte se crea un comité de gestión de conclusión de causas entre un ministro de la Corte, el procurador general, un diputado, un senador, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. La única función del cuerpo será promover y concretar los procedimientos necesarios para gestionar este sistema de conclusión
Un tercer capítulo está destinado a establecer las cuestiones procesales; el siguiente ordena la transición de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, y el último establece una serie de disposiciones complementarias, entre ellas, la posibilidad de prorrogar en seis meses dicha etapa.