Federalismo y democracia
Mientras el kirchnerismo busca preservar por estas horas en el Congreso un esquema de distribución de los ingresos y administración de recursos que asegure al gobierno el manejo de “la caja” en vísperas de un año electoral, se lanzó la idea de traspasar todas las partidas nacionales vinculadas con obra pública, salud, educación y vivienda al manejo directo de las provincias y los municipios.
Como quien abrió el debate fue el vicepresidente Julio Cobos, al adelantar su intención de presentar un proyecto de ley a tales efectos, las reacciones y lecturas políticas no se hicieron esperar, en el sentido de atribuirle a la movida la intención de profundizar el distanciamiento con la gestión que él mismo integra y fortalecer sus aspiraciones presidenciales.
Pero más allá de las especulaciones que alienten la iniciativa, y de la cada vez más controvertida situación institucional a la que indudablemente contribuye, se trata de recuperar un concepto tergiversado y manipulado en años recientes, y abrir cauces efectivos de discusión destinados a propiciar el federalismo.
Bajo la invocación de este término y de instalar criterios de eficiencia administrativa, en los “90 la Nación derivó a las provincias programas sociales, hospitales y escuelas; al mismo tiempo, se suscribían pactos fiscales para solventar este cambio de paradigma y propiciar esquemas sustentables de administración y saneamiento de las cuentas. En la práctica, el sistema recargó de obligaciones a las provincias, con una derivación de recursos que no fue proporcional a ellas y contribuyó a sentar las bases del ajuste permanente, el endeudamiento o la creciente dependencia hacia el poder central. Un esquema que ahora, en medio de un proceso de creciente fortalecimiento de la concentración de ingresos, el actual gobierno explota inescrupulosamente, como mecanismo de disciplinamiento o extorsión, y de eficiente amparo para la realización de negocios a expensas del erario público.
En la propuesta lanzada ahora, aquellos leoninos pactos fiscales, que funcionaron en paralelo con deficiencias de gestión y falta del necesario apoyo institucional del poder central, serán reemplazados por “acuerdos de coordinación”, en los cuales gobernadores e intendentes se comprometan a cumplir con el destino de los fondos -más allá de la manera en que escojan asignarlos-, con metas específicas a cumplir y un sistema de premios y castigos basado en la transparencia y a resguardo de la discrecionalidad.
En momentos en que las provincias deben volver a recurrir a préstamos o, como en el caso de Santa Fe, resignar o postergar políticas de fondo, y que el diseño del propio sistema electoral está sujeto a previsiones basadas en la utilización del dinero, no se trata sólo de cuestiones de forma, ni meramente económicas: está en juego la propia calidad de la democracia. En este sentido, aún cuando el proyecto de marras no sea viable, el debate al que convoca es tan urgente como imprescindible.
