EDITORIAL

Tener derechos no es suficiente

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, una iniciativa que además de justa representa el consenso existente de las diferentes culturas y sistemas jurídicos en los aspectos esenciales de los derechos de los niños y adolescentes. La Argentina adhirió plenamente a esta iniciativa, y en la reforma constituyente de 1994 estos principios se incorporaron al texto legal.

La jornada celebratoria contó con actos, discursos y enunciados cargados de buenas intenciones. Más allá de la buena voluntad de quienes así intervinieron, no se puede desconocer que entre las palabras y los hechos media una gran distancia o, si se quiere, un abismo.

Al respecto, alcanza solamente con prestar atención al número de niños y adolescentes que mendigan en la calle, ofrecen sus servicios en las esquinas con semáforos, o merodean por las inmediaciones de bares y restaurantes esperando ser beneficiados con la caridad ajena.

Tampoco estaría de más observar a los responsables de esta vil explotación, en muchos casos sus propios padres, quienes invocan su condición de indigentes para usar a sus hijos en estas faenas. Capítulo aparte merecen las siniestras redes de explotación de niños que controlan desde la mendicidad callejera, el hurto y el tráfico de drogas hasta la prostitución. Lo más notable es que todas estas acciones son públicas, están a la vista de todos, entre otras cosas, porque nadie parece hacer nada para impedir que ello ocurra.

En realidad, lo que resolvió las Naciones Unidas no es nuevo y mucho menos original. En la Argentina, desde principios del siglo pasado está prohibido el trabajo de menores y toda forma de explotación. Existe una abundante legislación tendiente a proteger a los niños y adolescentes, legislación que lamentablemente parece dormir el sueño de los justos, verificando una vez más aquel aforismo de André Guide que postula: “El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”.

En realidad, no es justo ni correcto responsabilizar a las leyes por el incumplimiento de sus disposiciones. En todo caso quienes están llamados a dar una respuesta son los de la clase dirigente, en el sentido más amplio de la palabra, es decir funcionarios estatales, políticos opositores y oficialistas, dirigentes sindicales y empresarios, fundaciones y líderes religiosos; quienes deberían preguntarse qué hicieron o qué dejaron de hacer para que el número de marginales en la Argentina supere los cuatro millones de personas, condenando a la muerte civil a cientos de miles de jóvenes y adolescentes hundidos en la ignorancia, el resentimiento y la pobreza espiritual y material.

No está mal recordar en ese sentido que los derechos del niño y el adolescente son derechos humanos que, como se podrá apreciar, se están violando sistemáticamente ante la mirada impotente o indiferente de quienes deberían establecer como prioridad que esos derechos se apliquen.