Provincias condenadas a la inviabilidad
El cierre del ejercicio 2008 encontró al menos a veinte provincias argentinas con sus cuentas en rojo, mostrando un progresivo y vertiginoso agravamiento de la situación, si se compara con las 11 que se encontraron en tales condiciones en 2006 y las solamente dos que resultaron deficitarias en 2003. En todo caso, las cifras remiten a la crisis de 2001 y 2002, cuando muchos distritos debieron entrar en la variante de emitir bonos o distintos tipos de monedas espurias para sobrevivir.
La alarmante estadística no resulta de un manejo desaprensivo o irresponsable de los recursos, sino que es el efecto combinado de la contracción económica y el estrangulamiento financiero de parte de la Nación. Por cierto, la concentración de fondos en desmedro de las administraciones del interior no es una novedad, ni pasó inadvertida para los perjudicados, pero es en el actual panorama cuando queda expuesta en toda su crudeza.
Sistemáticamente, mandatarios provinciales, dirigentes productivos y legisladores de la oposición elevaron sus voces por un reparto más equitativo e impulsaron iniciativas en ese sentido. Hoy mismo, una batería de proyectos espera tratamiento para los próximos meses en el Congreso, proponiendo entre otras cosas la coparticipación del impuesto al cheque o exigiendo el cumplimiento del piso del 34 % que impone la ley como la porción de la recaudación fiscal que toca a las provincias. Por eso, varias de ellas, como Santa Fe, llegaron ante la Corte Suprema con reclamos basados en ese incumplimiento.
No se trata de planteos ociosos, ni motivados principalmente en razones políticas. En el grado alcanzado por el problema, ya ni siquiera es solamente para obtener lo que con justicia corresponde, o para arrebatar al gobierno central una herramienta privilegiada de disciplinamiento: se trata lisa y llanamente de sostener la viabilidad de las administraciones provinciales. Por caso, el simple cumplimiento de la ley permitiría que la provincia de Santa Fe recibiera 2 mil millones de pesos más por año, y tuviese resultado superavitario; amén de poder atender debidamente las necesidades de la comunidad y los planteos salariales, sin ver comprometido su funcionamiento a niveles básicos, ni verse forzada a controvertidos incrementos de la presión tributaria.
A nivel país, la concentración de recursos lleva también al incesante flujo de migraciones internas, reforzando un diseño de Estado macrocefálico -el mismo que Martínez Estrada describiera y denunciara en 1946 en La cabeza de Goliat- donde el principal distrito sucumbe por saturación poblacional y el vasto territorio restante languidece por efecto de una sangría permanente. Una abominación morfológica que no responde a la fatalidad, ni a la inadvertencia, y que podría atenuarse y revertirse con el mero expediente de cumplir con la Constitución. Y respetar el espíritu federalista con que fue diseñada por los hombres de su tiempo, pero pensando en la posteridad.
