EDITORIAL

Baltasar Garzón y los crímenes de la Guerra Civil Española

Siempre llamó la atención que el juez Baltasar Garzón se dedicara a procesar dictadores latinoamericanos o de otras latitudes por la comisión de delitos de lesa humanidad, mientras que en España, donde durante la Guerra Civil se cometieron delitos atroces, la ley de amnistía dictada luego de la muerte de Franco permitía un sugestivo manto de silencio sobre lo sucedido.

Hasta que el juez Garzón decidió romper con el acuerdo político fundador de la nueva democracia española, el consenso entre la derecha y la izquierda habilitaba sólo a los historiadores a ocuparse de lo sucedido entre 1936 y 1939. Los años transcurridos y la profundidad de las heridas sociales que dejó la guerra motivaron a toda la dirigencia a buscar un acuerdo civilizado que permitiera a todos salir de las trincheras. Así ocurrió, y el pacto se cumplió hasta que Garzón decidió investigar los crímenes cometidos por los franquistas durante la guerra. Como era de esperar, esta decisión detonó una fuerte respuesta, no sólo de la extrema derecha, comprometida ideológicamente con el franquismo, sino de políticos moderados y funcionarios judiciales que no vacilaron en acusarlo de prevaricato y suspenderlo en sus funciones.

Como contrapartida, hubo amplias movilizaciones a favor de Garzón, que incluyeron a políticos de izquierda y centro-izquierda, instituciones de derechos humanos y dirigentes políticos de otros países. Pero, a la vez, la movilización de la derecha española también crece, con lo que se corre el riesgo de reproducir lo que desde la muerte de Franco se quiso impedir: que el país volviera a dividirse en facciones irreconciliables.

Sin duda, a Garzón no le falta razón cuando reclama que los asesinados por el franquismo merecen ser identificados. Pero, cuando apunta al castigo de algunos responsables -cuestión improbable porque el tiempo ya ha hecho lo suyo-, habilita a la derecha a exponer sus argumentos contra los crímenes de los republicanos. Es que ellos también cometieron atrocidades, con el agravante de que uno de los responsables de esas muertes -la masacre de Paracuellos- aún vive, se llama Santiago Carrillo y fue durante décadas el jefe del Partido Comunista de España. Es más, en su momento pudo eludir la acción de la Justicia gracias a la Ley de Amnistía, que fue el argumento que usó Garzón para no procesarlo.

El tema, pues, es lo suficientemente delicado como para desestimar la tentación de resolverlo por la vía de las consignas. Sin duda, muchos quisieran ver sometidos a juicio los crímenes del franquismo, pero ello coloca a quienes reclaman justicia ante el dilema político y ético de decidir sobre todos los asesinatos cometidos en aquella época.

La misma consideración vale respecto de lo sucedido con los dictadores latinoamericanos porque, si en nombre de un supuesto Derecho Internacional merecen ser juzgados, lo mismo debería ocurrir con los déspotas y genocidas comunistas de Europa del Este.