EDITORIAL

¿Legalizar a los ultras?

Tres organizaciones de ultraderecha se pusieron de acuerdo para presentarse en los comicios del 2011. El candidato de esta coalición es Alejandro Biondini, reconocido referente del nacionalismo neonazi. Biondini inició su militancia política en la Juventud Peronista y fue secretario general de esta corriente juvenil en el distrito de Capital Federal en los inicios de la democracia. Como periodista trabajó en la revista Línea dirigido por el historiador nacionalista José María Rosa. En 1989, se apartó del Partido Justicialista en disidencia con el supuesto giro neoliberal de Menem y organizó la corriente Alerta Nacional desde donde siguió reivindicando su identidad católica y peronista.

En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de legalidad del Partido Nuevo Triunfo por considerar que sus manifiestas simpatías nazis y su reconocido antisemitismo atentaba contra los principios de la Constitución Nacional. Biondini ha refutado este fallo diciendo que no es nazi ya que el nazismo es una experiencia alemana. Asimismo, ha dicho que sus ideales responden a nuestra realidad nacional, motivo por el cual sus líderes son San Martín, Rosas y Perón. Respecto del antisemitismo, aclara que no es antijudío sino antisionista. Nada de ello le impide a él y a sus seguidores iniciar sus actos con el saludo nazi, reivindicar la cruz esvástica y publicar toda la bibliografía antisemita conocida, incluidos los célebres “Protocolos de los sabios de Sión”.

La corriente política que lidera Biondini carece de arraigo social y político, al punto que en las últimas elecciones que se presentó obtuvo en la ciudad de Buenos Aires menos de tres mil votos. Como grupo político integra ese abigarrado mosaico de nucleamientos de extrema derecha que suelen llamar más la atención por las barbaridades que dicen que por los argumentos políticos que sostienen o la representatividad social que gozan. Lo que se discute, en todo caso, es si una democracia republicana debe legalizarlos.

Las democracias contemporáneas en estos temas no han tenido una posición única. Una corriente de juristas considera que la democracia no debe legitimar a quienes se proponen destruirla. La condición minoritaria de estos grupos no es una excusa para su legitimidad, porque más que una especulación electoral de lo que se trata es de defender un principio ético. Otros juristas estiman que las democracias deben respetar las libertades incluso las de sus enemigos.

El debate es complejo y no pretendemos agotarlo en esta columna, pero en una democracia hay que tener en cuenta que estos grupos minoritarios están presentes con sus fobias, sus prejuicios y su visión extremista de la realidad. Tan importante como debatir su legalidad política es no perder de vista que, como muy bien lo enseña la experiencia histórica, el crecimiento de estos grupos se produce cuando las democracias fracasan y con ello la convivencia civilizada y los valores que la sustentan.