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Para extranjeros

El diputado socialista Raúl Lamberto presentó un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades en el que se afirma que “es la misma Carta Provincial la que habilita, exclusivamente en el orden municipal, para ser elector y para ser elegido a los extranjeros”.

El legislador consideró necesario “actualizar la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 2756), en el sentido de quitar limitaciones para que los extranjeros puedan ejercer libremente su derecho a votar en la ciudad donde viven”.

En los fundamentos, sostiene que “dentro del ámbito municipal no existen limitaciones constitucionales a la participación de los extranjeros en el ejercicio de sus derechos políticos. El reconocimiento activo y pasivo de este derecho, previsto en la Constitución Provincial, debe contar con una regulación específica en la legislación provincial”.

Para Lamberto, “es preciso adecuar la normativa provincial a lo que establecen la Constitución y los tratados internacionales, como asimismo remover arcaicos obstáculos, para garantizar los derechos políticos de los extranjeros en el ámbito municipal”.

Tarjeta de ciudadanía

A seis meses de la promesa que hiciera el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, de llamar a licitación para otorgar la Tarjeta de Ciudadanía hacia fines de 2009, los diputados Mario Lacava y Silvina Frana pidieron que con urgencia el Ejecutivo haga efectiva la compulsa de precios.

Recordaron que en el 2008, el gobierno provincial argumentó la adjudicación directa de la tarjeta al Banco Municipal de Rosario, alegando falta de tiempo y un carácter de urgencia que ameritaba la situación.

Hacia fines de 2009, Farías se comprometió a llamar a licitación antes de fin de ese año. Hace pocos días, el funcionario expresó públicamente que llamará a licitación antes de julio próximo. Asimismo, en septiembre se vence el convenio y la posibilidad de prorrogarlo.

Lacava indicó: “Pedimos que el Ejecutivo deje la inacción y llame urgente a licitar la tarjeta de ciudadanía. Nada justifica la ilegalidad y la falta de transparencia en la que incurre el gobierno, adjudicando a dedo la administración de este fondo destinado a este programa de contención social”.