Desafío legislativo
Todavía no existe consenso para
eliminar o rebajar retenciones
La izquierda no es partidaria de suprimir el arancel externo, aunque propone menor presión fiscal a los pequeños y medianos productores. Sus votos serían decisivos en la Cámara de Diputados.
Los legisladores y dirigentes agropecuarios, durante la reunión en la Rural.
Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
La eliminación total de las retenciones en todos los productos, excepto la soja, a la que se le mantendría un arancel segmentado y de eliminación progresiva, fue el punto de encuentro para las entidades de la Mesa de Enlace. Pero el esquema aún está lejos de encontrar una fórmula legislativa que logre sanción en la Cámara de Diputados.
Existen coincidencias en proteger a los pequeños y medianos productores, tal como reclama Federación Agraria. Pero ayer en la Rural, Elisa Carrió preguntó a los ruralistas -en especial alusión a Eduardo Buzzi- si las entidades “se van a hacer responsables si a los pequeños productores el Gobierno no les devuelve la plata”.
La jefa de la Coalición Cívica habló de preservar a ese segmento de los chacareros con “subsidio directo y crédito blando”, para no alterar el mercado y favorecer la evasión.
“Nosotros queremos pasar retenciones a Ganancias, para que paguen los que más tienen y todo el impuesto se coparticipe con las provincias”, dijo por su parte Federico Pinedo del PRO. Algo similar le adelantó ayer a El Litoral Daniel Germano (Peronismo Federal), añadiendo incluso que las provincias recaudarían más ingresos brutos si se rebajan las retenciones.
Sin embargo Buzzi apuntó que “habrá que convivir con retenciones por un tiempo” porque “no se le puede dar el mismo tratamiento a la rentabilidad de la especulación financiera metida en la patria sojera”.
Diferencias decisivas
La diferencia de matices entre los legisladores de la oposición no es menor. La suma de votos de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el GEN de Stolbizer y el PRO suma 116 votos con asistencia perfecta, por debajo de los 129 necesarios para el quórum y ganar una votación para modificar el esquema de retenciones, que además dependerá de que la presidenta no lo vete en caso de sancionarse una ley.
De allí que las voluntades de la izquierda, en especial el bloque de Pino Solanas y el del Socialismo, sean decisivas. Y en ambos casos se pronunciaron por un esquema segmentado de retenciones, pero que no elimina los aranceles para todos los productos excepto la soja, tal como lo proponen los ruralistas.
Mónica Fein, del socialismo santafesino, dijo que “estamos dispuestos a discutir mecanismos” que eviten pasar por la Oncca para restituir fondos a los chacareros. Explicó que un mecanismo de depósito automático por el CBU de los productores evitaría la intermediación y el riesgo de corrupción.
“Desde 11 días después de la 125 presentamos un proyecto que tiene como objetivo -y seguimos planteando lo mismo- una política diferencial para proteger al pequeño y mediano productor de nuestra provincia, el que cuida el suelo y desarrolla nuestro interior”.
Una cuestión constitucional
El constitucionalista Daniel Sabsay interpretó que con el vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, el próximo 24 de agosto, en caso de “no existir proyecto alternativo” también quedarán sin vigencia las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Así lo planteó durante su exposición en el debate sobre el futuro de las retenciones que se realizó en la 124º Exposición Rural de Palermo. El experto aclaró que, a su criterio, si el 24 de agosto caen las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, también quedan sin efecto “las normas dictadas en función de las mismas”, entre ellas, las retenciones a las exportaciones de granos.
“Siguen la suerte de las normas que le sirvieron como fuente. No tienen autonomía. Además, en el caso de las retenciones, fueron mal delegadas porque no se determinó un plazo de vigencia. Las retenciones son facultades delegadas con una cantidad de violaciones groseras”, evaluó.
El constitucionalista recordó que en la reforma constitucional de 1994 se estableció una cláusula transitoria que fijaba que las facultades delegadas pre-existentes a ese año, que no tuvieran una fecha para su ejercicio, caducaban a los cinco años.
“En 1999, el Congreso ratificó por la totalidad de las normativas sin investigar de qué legislación se trataba y sin hacer diferenciación. En agosto de 2009, esto se modificó, y se estableció que el plazo de prórroga es de sólo un año, y se creó una Comisión Bicameral para analizar toda la normativa.
“Esta Comisión -añadió- está recomendando la reasunción en plenitud del Congreso de sus facultades constitucionales”, remarcó. Así, Sabsay señaló que “transcurrido el 24 de agosto, sin que exista proyecto alternativo, el Congreso retomará plenamente sus facultades, y caducará esta legislación (sobre retenciones)”.
A su vez, consideró que sería de “un riesgo jurídico fenomenal”, si el gobierno apelara a un DNU para fijar las retenciones, dado que es inconstitucional. “Crear un impuesto por decreto, desde lo jurídico, me parece algo monstruoso”.
Poco seria
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó como “poco seria” la propuesta de reducción de retenciones, y pidió analizar “responsable y seriamente” la cuestión. Al llegar a la ciudad correntina de Goya, para participar del 81ro. aniversario de la localidad de Pedro. R. Fernández, el funcionario se refirió a la presencia de los legisladores en el debate de la Rural. “Me cayó muy mal esa visión de la política, rindiéndose a las corporaciones, en la misma casa de las corporaciones”, dijo Fernández.
/// el dato
Negocios
“Una rebaja de las retenciones puede multiplicar la inversión del sector agropecuario. El mercado de agroquímicos mueve U$S 1.300 millones anuales y nosotros podemos expandirnos cerca de 30% en ese mercado”, indicó Luis Casas, gerente de marketing de la empresa Red Surcos, comercializadora de agroquímicos.
/// LA CLAVE
