Construcción institucional, económica y política en la segunda mitad del siglo XVIII

De “la Baixada” a “los Entrerríos”

Teresa Suárez *

La superficie aproximada de la actual provincia de Entre Ríos pasó de ser una parte de la jurisdicción colonial capitular de Santa Fe, a un espacio doblemente gobernado -por Santa Fe y Buenos Aires-, para finalmente conseguir su autonomía. La población originaria -charrúas, minuanes, bohanes- cazadora y pescadora, trasladaba sus paradores según la disponibilidad de recursos. Su libertad sería poco a poco cercenada por hispano-criollos, habitantes dispersos llegados del norte y el noroeste de la colonia hispana, pero también del este: la vecina portuguesa. Los asentamientos se dispusieron en tierras de chacras, estancias, pulperías y poco a poco en caseríos y villas.

La carrera fluvial desde el Paraguay a Buenos Aires tenía, en la actual ciudad de Paraná, una “bajada” o “baixada” -designación metafórica que sería abandonada luego- de “bastimentos” y pasajeros. El escaso poblamiento durante los siglos XVI y el XVII, prioritariamente reducido a pastores que vaqueaban y domesticaban el ganado en los “rincones” de ríos y riachos, tenía diferente pertenencia: puesteros y peones dependientes de los vecinos feudatarios de Santa Fe, los migrantes mencionados más arriba, nuevos arribados europeos -hispanos o portugueses- y, además, algunos fugitivos de la Justicia.

En la segunda mitad del siglo XVIII se activó la radicación de pobladores, facilitada por la ocupación de las tierras que pertenecían a la orden jesuita expulsada en 1767. Pero no sólo se dinamizó el poblamiento, sino que, habida cuenta de las nuevas políticas de la casa reinante de Borbón, también se crearon instituciones dirigidas a controlar la evasión fiscal, vigilar más celosamente las incursiones fluviales de otras coronas europeas y, por último, proteger la corte virreinal trasladada al Puerto de Buenos Aires. El virrey acentuó su papel de representante de intereses comerciales y productivos, lo que expresaba un cambio respecto de las directrices de la anterior monarquía, patrimonialista y feudataria. Asimismo, se desarrollaba un proceso formativo de jurisdicciones eclesiásticas -los curatos-, que captarían la congrua (pago a religiosos), recursos de los vecinos más acaudalados que posibilitaban costear el establecimiento de nuevos párrocos.

En este marco, la Renta de Correos, Postas y Caminos -RCPC- construía instituciones y trazaba rutas de comunicación intracoloniales que permitían un mayor conocimiento del territorio a la vez que brindaban seguridad y rapidez en los desplazamientos. Los oficiales de la Real Hacienda tomaron los cargos cuando no había candidatos suficientes. Se designaban ayudantes postillones que acompañaban a los maestros de postas, asegurándose en parajes adecuados el suministro de alimentos, de alojamiento, agua y remuda de caballos entre otros servicios.

Además de los aposentadores, se nombraban canoeros pasadores. Los titulares de los cargos lograron reconocimiento social y, con o sin percepción de salario, adquirieron facultades, fueros, privilegios, jubilación en el cargo e, incluso, el derecho a que viudas e hijos lo heredaran. A cambio de los servicios, los usuarios debían pagar a la administración de correos un monto del que luego se atendía a los maestros de posta por legua y por caballo. Debían, asimismo, portar su pasaporte con nombre, procedencia y destino. La carrera del Paraguay se conectaba con la de Chile: desde Buenos Aires, ambas se separaban en Santa Fe.

A la institución RCPC se agregaron otras, pues el Cabildo de Santa Fe debía tener mayor control de la otra banda del Paraná dada la “gran concurrencia de gentes, forasteros, transeúntes y viandantes”, por haberse incrementado el giro del comercio. Entre 1790 y 1800 se designaron jueces pedáneos y rurales en la Bajada, Nogoyá y el Feliciano, que se agregaban a los Alcaldes de la Hermandad. Las quejas por la presencia de forajidos, malentretenidos y fugitivos movilizó el auxilio de tropas.

Las tensiones entre la autoridad virreinal y la capitular de Santa Fe eran evidentes. El abasto de Santa Fe dependía de “los Entrerríos”. El mismo teniente de gobernador Prudencio de Gastañaduy había manifestado que las tres cuartas partes de lo que Santa Fe vendía era de esa procedencia. La producción de las estancias, chacras y caleras había aumentado con su poblamiento. El padrón hecho por Fray Luis de Cuviedes arrojaba un número que oscila entre 14.000 y 16.000 pobladores en la Bajada, por lo que al llegar Cisneros como virrey, una comisión de vecinos se acercó para saludarlo y solicitarle cabildo propio. Tras la oposición de Santa Fe -el funcionario había accedido al pedido- la escisión se concretaría pocos años más tarde.

El nuevo contexto había favorecido el avance de Buenos Aires sobre territorio entrerriano. El Cabildo extendía su dominio hasta 40 leguas contadas desde Gualeguay hacia el Paraná. Esta proximidad favorecía la venta de productos -adquiridos en Buenos Aires- en pueblos y postas, generándose diversas formas de recreación como carreras de caballos, de sortijas y demás fiestas populares. Los nuevos vínculos contribuían a elaborar otras identidades territoriales reconociéndose diferenciadas de Santa Fe.

Las autoridades eclesiásticas y políticas de Buenos Aires acordaban que se extinguiera la autoridad santafesina sobre la banda del Paraná. Mientras que Santa Fe apoyaba la ocupación por parte de los primeros vecinos santafesinos -configurados ya como una élite en el nuevo territorio- y por ende pretendía limitar los ocupantes espontáneos, el obispo Malvar y Pinto -representante del rey y no del Papa- instaba a los pobladores a erigir nuevas parroquias y a solicitar a las autoridades tierras aptas para radicar sus unidades económicas. De ese modo se contribuía a la protección política de la colonia.

Otra preocupación de la monarquía generaba nuevas acciones: el contrabando. El fisco borbónico se perjudicaba con el comercio ilegal y necesitaba medidas para detenerlo. Carlos III expedía una Real Cédula exhortando a los obispos para que los párrocos “traten de desarraigar en postas, estancias, curatos y villas, el concepto de que no hay pecado en la práctica del contrabando”. En consonancia con esta medida, dado que tanto el Paraná como el Uruguay admitían la navegación en toda clase de embarcaciones -garandumbas, balsas, tartanas- se procedería a la captura de barcos con cargas ilegales. Además, se registrarían las islas para inutilizar astilleros que trabajaban para los portugueses de la Colonia del Sacramento.

Así, durante las últimas décadas del siglo XVIII, el escenario había cambiado sustancialmente, extinguiendo o desplazando a los originarios, y reacomodando los poderes hispanocriollos entrerrianos tras negociar con los fronterizos santafesinos, porteños y orientales.

* Doctora en Historia. Docente investigadora de la UNL Miembro de la Junta Provincial de de Estudios Históricos de Santa Fe y del Centro de Estudios Hispanoamericanos.

En la segunda mitad del siglo XVIII se activó la radicación de pobladores, facilitada por la ocupación de las tierras que pertenecían a la orden jesuita expulsada en 1767.

Panorama de la actual ciudad de Paraná desde la costa santafesina. Foto: Archivo el litoral