Apuntes de política provincial

El gobierno escucha

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Álvaro Gaviola, Rafael Gutiérrez, Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Ángel Cappiello y Mons. José María Arancedo en la cabecera del Consejo de Seguridad.

Foto: Guillermo Di Salvatore.

Teresa Pandolfo

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A principios de la semana, mientras se debatían los números de pobreza e indigencia aportados por el Indec, el gobernador Hermes Binner dejó conformado el Consejo Provincial de Seguridad. Dio así cumplimiento a una norma cuyo autor es el diputado justicialista Alberto Cejas y a una recomendación del Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe.

Tanto el gobierno como la Legislatura y el Consejo de Notables han considerado oportuno el involucramiento de la sociedad en el tema seguridad, entendiendo que ésta ya no depende sólo de lo que pueden resolver las fuerzas policiales con su acción cotidiana ni de lo que presupuestariamente es posible en un solo mandato.

Desde “Apuntes...” también, días atrás, se opinó sobre la necesidad de un acuerdo, de un pacto social, en el cual los tres poderes del Estado y la sociedad civil -representadas por sus principales instituciones- llevaran adelante “algo más” que la acción habitual para bajar los niveles de conflicto y de violencia.

Poco a poco se va entendiendo que si bien la responsabilidad del Estado es indelegable en la materia, la sociedad civil debe aportar lo suyo, y mucho, desde los lugares de su incumbencia.

Primeras reuniones

El Consejo de Seguridad concretó sus primeras reuniones en Santa Fe y Rosario con la presencia de los tres poderes del Estado, representantes de los cultos, de las universidades y de municipalidades. La ley Cejas deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de un mes pero ya el gobierno se ha mostrado dispuesto a escuchar. Los resultados dependerán, luego, de la voluntad política que muestre en la instrumentación de los cambios de planes que se propongan.

La participación no debería quedar en un diagnóstico o en el traslado de información fina, generalmente no al alcance de los sectores intervinientes.

Esta participación conlleva como necesaria la condición de hacer propuestas y de la disposición a colaborar desde cuestiones específicamente técnicas, como el desarrollo de la Policía Científica, o de otras materias que se asimilan más a la situación social. Por ejemplo, el sector privado puede hacer mucho para ir eliminando el trabajo en negro, a fin de que el empleado acceda a una obra social o pueda presentar un recibo de sueldo para alquilar una vivienda.

En su momento, desde el Consejo Consultivo se opinó como sumamente importante la generación de estos espacios de expresión y de compromiso comunitario, dado que la inseguridad hoy se presenta con distintas aristas según las zonas: en el ámbito rural puede prevalecer el cuatrerismo; en los ámbitos urbanos, la violencia generada por la circulación cada vez más masiva de droga o por el reconocimiento de la inexistencia de perspectivas de vida digna.

Horas antes de la convocatoria, los obispos y arzobispos de la provincia se reunieron con el gobernador Hermes Binner para trasladarle su preocupación por el alto número de jóvenes -unos 140.000- que no estudian ni trabajan en la provincia. Consecuentemente con ello, le solicitaron la previsión de una fuerte inversión en materia educativa.

Es decir, cada voz que se escucha es reveladora de una causa diferente y que contribuye con otras, a profundizar los escenarios de inseguridad. Ninguno de los motivos que abrevan en la cuestión social se resolverá en el corto plazo, pero es conveniente el reconocimiento de los problemas concretos, como la debilidad de la familia, la pérdida de autoridad paterna, escolar e incluso institucional; la carencia de educación adecuada, de posibilidades de empleo conforme al crecimiento vegetativo de un conglomerado o la inexistencia de la vivienda social. Cuántos núcleos familiares no saben dónde y cómo vivir y este sentir se traslada a los más jóvenes, que no pueden sentirse satisfechos con el presente.

Por fuera de lo partidario

Hay cuestiones que transcenderán el mandato de esta gestión e incluso de la próxima, cual sea su signo político, pero es indispensable pensar la provincia en términos de aporte de posibilidades para que cada persona vaya teniendo su oportunidad de vida.

Por eso, como otras, esta temática debería ser colocada por encima del espacio político-partidario, más allá de la responsabilidad mayor que en la resolución de conflictos le cabe a quien ocupa la Casa Gris.

El gobierno ha comenzado un camino de consulta que quedará frenado si cada uno expresa sólo su experiencia en materia de inseguridad y no se llega rápidamente al escenario de propuestas posibles. El aporte a realizar no dejará rédito político para su autor porque, seguramente, el mosaico que permita una situación mejor dependerá de los cambios que se introduzcan en muchas de sus partes. Pero sería un error no tomar con mucha seriedad esta posibilidad de intercambio abierta, aunque sea para una mayor toma de conciencia de lo que cada uno pueda hacer en mérito del conjunto.

La semana política se completó, en lo interno, con el anuncio del envío de un presupuesto para 2011 del orden de los 25.000 millones de pesos, con un aumento de los ingresos del 33 % y del conocimiento del trabajo contrarreloj muy intenso para presentar también en los próximos días una propuesta de reforma de la Carta Magna provincial. Para el Frente Progresista, se trata de una cuestión emblemática, que muchos consideran indispensable, luego de la modificación de la Constitución Nacional en 1994.