Proyectos emblemáticos
Senado: La oposición perdió las tres últimas votaciones del año
“El gobierno está en el mejor de los mundos: sin presupuesto y con la plena vigencia de los DNU”, sostuvo Gerardo Morales (UCR). Foto: DyN.
No logró incorporar la eliminación de superpoderes al temario de la sesión y fracasó con la reforma del Consejo de la Magistratura y los límites a los DNU.
De la redacción de El Litoral
El oficialismo coronó el año parlamentario rechazando tres proyectos estratégicos de la oposición, como la reforma del Consejo de la Magistratura, límites a los DNU y la eliminación de los superpoderes.
Durante la sesión del Senado, el kirchnerismo rechazó el tratamiento de la eliminación de los superpoderes, tras una votación en que la oposición no pudo conseguir los dos tercios necesarios para incluir el tema.
La cuestión generó una larga discusión entre el oficialismo y la oposición sobre las condiciones en que debía sesionar la cámara alta sobre el proyecto, porque no había llegado con un dictamen de mayoría.
El kirchnerismo obtuvo el apoyo de 36 senadores, contra 33 de la oposición, por lo que el proyecto volvió a las comisiones que deberán elaborar un pronunciamiento mayoritario para volver al recinto.
El proyecto, que llegaba con la sanción de Diputados eliminaba todos los llamados “superpoderes” que ahora mantiene el Poder Ejecutivo y puede ser usado por el jefe de Gabinete.
El 21 de agosto de 2009, el Senado había aprobado una norma enviada por la presidenta Cristina Fernández que fijaba un techo del cinco por ciento al monto de las partidas presupuestarias que podían ser modificadas por el Ejecutivo.
La norma fue modificada en la cámara baja hasta eliminar la cesión de facultades del Congreso a favor del Ejecutivo durante un debate realizado a mediados de año que la oposición consideró un triunfo importante.
Magistratura
Luego, en el segundo traspié de la jornada del antikirchnerismo en la cámara alta, la oposición no pudo avanzar en el proyecto que contemplaba cambios en el Consejo de la Magistratura. El oficialismo obtuvo 38 votos frente a solo 31 de la oposición.
Las reformas, promovidas por la oposición en la Cámara de Diputados, establecían elevar de 13 a 18 el número de representantes en el Consejo de la Magistratura, con lo que la oposición buscaba restar incidencia del oficialismo sobre ese organismo encargado de seleccionar y destituir jueces.
Por una norma específica de funcionamiento del Parlamento, cualquier ley especial que reforma una legislación contemplada por la Constitución necesita del respaldo de una mayoría explícita legisladores, que en el caso del Senado se eleva a 37.
La Cámara de Diputados cumplió con ese requisito cuando aprobó el proyecto el 1º de julio último por 134 votos afirmativos de la oposición, contra 86 del oficialismo. Pero esto no pasó en el Senado, donde el oficialismo contó además esta vez con los votos favorables de los senadores peronistas por La Pampa Carlos Verna y María de los Angeles Higonet.
Tardío
El oficialista Nicolás Fernández -que acaba de terminar su mandato en el órgano- opinó que el Consejo “tiene un funcionamiento que debe ser destacado” y que la representación del poder político “está legitimado por más de 20 millones de argentinos que votan cada dos años, en tanto que las corporaciones son respaldadas por 20 mil, en el caso de los abogados, y por 600 y 700, en el caso de los jueces”.
El titular del bloque oficialista; Miguel Pichetto, criticó a la oposición porque “no puso pasión” en las reformas y “ahora es un debate tardío” porque todos los sectores ya eligieron sus representantes.
A su vez, el radical Ernesto Sanz, también ex miembro del Consejo, dijo que el punto central de la reforma ataca un tema de la máxima importancia: “El veto que ejerce el oficialismo” y el mensaje implícito que se envía a los magistrados sobre la posibilidad de ser juzgado y condenado por el Consejo de la Magistratura si no actúan en el sentido propuesto por el poder.
Los cambios frustrados
El proyecto establecía un incremento de los miembros que pasarán a estar integrados por seis legisladores (3 senadores, 3 diputados: uno por cada una de las tres primeras minorías de cada cuerpo), el presidente de la Corte Suprema, 3 jueces, 4 abogados, un representante por el Poder Ejecutivo y 3 académicos (uno en representación de las ciencias sociales).
La iniciativa contempla además que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea ejercida por el titular de la Corte Suprema de Justicia y la creación de un Comité Consultivo, integrado por las organizaciones no gubernamentales, que apunta a incorporar un sistema de control sobre el accionar del Consejo, así como la realización de auditorias periódicas de los magistrados
Horas después el oficialismo se impuso por 36 votos contra 29 de la oposición en el debate del proyecto que proponía mayores límites al uso oficial de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Decretos a manos llenas
En la última reunión del año, la oposición perdió el tercer proyecto que consideraba estratégico, y con el que se ilusionaba en imponer mayor control a las resoluciones del Poder Ejecutivo.
El proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados imponía la exigencia de que todos los DNU debían ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso. El oficialista Nicolás Fernández rechazó al proyecto opositor al indicar que “resta calidad institucional y viola la Constitución Nacional”.
El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, objetó el uso de los DNU y lo ejemplificó con el hecho de que en 2008 se usó un decreto para distribuir 48 mil millones, en 2009 36 mil millones y ayer la presidenta Cristina Fernández firmó otro por 59.871 millones de pesos para usar la recaudación no prevista en el Presupuesto para este año.
El justicialista federal Adolfo Rodríguez Saá lamentó que “se dicten todos los días DNU aun con el Congreso funcionando y sin que haya ninguna necesidad”, y agregó que “es peligrosísimo institucionalmente lo que sucede con el Presupuesto, que el gobierno no quiere que se trate”.
La iniciativa aprobada por la Cámara Baja el 21 de abril de 2010 establecía, además, que los DNU pierden vigencia si no son tratados en el Congreso una vez transcurrido 60 días desde su emisión por el Ejecutivo.
Fijaba además una modificación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los DNU, al ampliar de 16 a 24 la cantidad de miembros “para respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”.
/// EL DATO
Temario
Con más consenso, el Senado aprobó ayer la regulación de la medicina prepaga, pero con modificaciones, por lo que volverá a Diputados. También se sancionó la Ley de Salud Mental. En tanto, el oficialismo intentaría realizar una sesión extraordinaria en la que se trataría la prórroga del impuesto al cigarrillo: en caso contrario, pasaría a formar parte de la masa coparticipable.
