Otra mirada
La energía como bien de inclusión social
Córdoba comenzó una experiencia relacionada con la regularización de pérdidas eléctricas no técnicas, similar a la anunciada por el gobierno de Binner. Otra visión respecto de los enganchados y la obligación del Estado de convertirlos en clientes.
Teresa Pandolfo
El gobierno provincial anunció un plan a 8 años para regularizar la situación de 85.000 familias actualmente “enganchadas” a las redes eléctricas. Treinta mil de ellas pertenecen a barrios de la ciudad de Santa Fe de alta vulnerabilidad y las restantes de Rosario. Se prevé la colocación de medidores con un tope de consumo y el pago de una tarifa social de 37 pesos.
En Córdoba está en vigencia un programa similar para la reducción de pérdidas eléctricas “no técnicas”, es decir por robo de energía.
El Litoral conversó con una de las personas encargadas del diseño del plan en la provincia mediterránea, quien aclaró que si bien el robo de energía es “ transversal” a todos los sectores sociales, con más intensidad se lo observa en aquellos grupos de la sociedad considerados más vulnerables.
El acceso a bienes y servicios
El vocero -quien pidió no ser identificado- precisó la regularización de marras como una medida “de inclusión social”.
“Así debe ser vista porque la mayoría de las familias que están “enganchadas’ a las redes eléctricas se encuentran fuera de los sistemas formales de la economía. El contar con los servicios básicos como el agua y la luz son medidas que hacen hoy a la dignidad de las personas y deben ser consideradas como un medio que les permiten volver de la exclusión a estas familias”, dijo en una entrevista telefónica.
Indicó que actualmente las empresas tienen formas de hacer imposible las conexiones clandestinas a las redes de distribución pero reiteró que contar con energía “debe ser mirado desde otro ángulo”.
La mayoría de estas familias no cuentan con gas, tampoco con agua, son electrodependientes y no están acostumbradas a un uso racional del recurso. Por eso, a juicio del entrevistado, es determinante llevar adelante talleres donde se enseñe la utilización racional de la energía.
Consideró que un primer paso es la regularización del sistema eléctrico “sin medición”, luego viene una segunda etapa con medición y tarifa social (el contar con una factura es un paso importantísimo para estas personas en sus relaciones sociales) y recién en un tercer paso, el pago de todo el consumo. En tanto que, además, opinó el monto de la tarifa social debe surgir de un acuerdo entre el Estado y los vecinos, que necesariamente deben ir a un proceso de aprendizaje. “Hay que considerar que en algunos casos se trata de personas que más de 20 años que quedaron fuera de los sistemas económicos-laborales y el paso del tiempo cada vez lo excluyó más. Han vivido en una anomia prácticamente total y “enganchados’, consumen mucho más por mes que lo que un usuario medio paga de factura”.
Puso por ejemplo otros factores que inciden en ese consumo superior. Uno de ellos es el tipo de vivienda que se construyen en el marco de los programas sociales. “Son de materiales que resultan muy fríos en invierno y muy calientes en verano. Por eso, un programa de reducción de pérdidas energéticas no técnicas, debe ir acompañado por otra serie de políticas sociales y, fundamentalmente, de una capacitación para la utilización racional de los recursos”, remarcó.
En Córdoba el programa energético se desarrolla coincidentemente con los talleres de concientización, aprendizaje que sería ideal que comenzara en el ciclo primario.
“Si no se logra conciencia en el uso del recurso básicos, no hemos logrado la inclusión que perseguimos. Hay que ver a estas medidas como un cambio de paradigma. Hoy es imposible hablar de una vida digna sino se tiene acceso a determinados bienes y servicios”, concluyó.
