Agroquímicos

Ley de Fitosanitarios, reformas y polémica

En los últimos meses el Senado estuvo tratando las reformas a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.273, introducidas por Diputados. Las limitaciones a las fumigaciones aéreas y la prohibición para aplicar glifosatos a cierta distancia dejarían miles de hectáreas sin producir.

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Año de discusiones. La reforma planteada por Diputados podría dejar a muchos productores en el camino.

Foto: Juan Manuel Fernandez

José Zenclussen

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Durante este año las instituciones del sector rural han manifestado en diferntes reuniones con senadores y ministros sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior vivieron aquel momento -y todavía continúan- con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva.

El proyecto llegado de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos. ¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?.

“¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, hablaba con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara.

Aquella consternación de Sara se multiplicaba por los miles de productores que se verían afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea -ante el tratamiento de la norma- la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.

El senador justicialista Rubén Pirola graficaba en aquel contexto la situación de varios productores. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.

Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sintetizaba que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”.

Puntos de vista

El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos.

Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.

En tanto el senador Pirola explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se asesoraron técnicamente. “Escuchamos todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.

Desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”, expicaba Sara.


Agrónomos de cara al 2011

Desde hace algunos meses el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción vienen trabajando en un nuevo convenio de vinculación que permitirá a los profesionales garantizar el buen uso de agroquímicos en cercanías de pueblos y ciudades del interior santafesino.

Este nuevo marco habilitará a los profesionales a fiscalizar el uso de fitosanitarios en toda la provincia y, sobre todo, “instruir a las comunas y hablar con las autoridades porque sólo el 35% tiene ordenanzas sobre el tema”. Otro objetivo es “fiscalizar que los agrónomos que no cumplan con la ley puedan ser sancionados”, así como controlar a los comercios y máquinas aplicadoras para hacer cumplir la norma. El dato innovador es que también se planea instalar estaciones agrometeorológicas en cada pueblo para tener información climática en tiempo real (viento, temperatura, entre otros) que permita “asegurarnos que no haya venenos que se desparramen en una ciudad”, dijo Gerardo Severín a Campolitoral.

/// el dato

Artículos polémicos

El artículo Nº 38 prohíbe el uso del glifosato hasta 500 metros de distancia del ejido urbano para la pulverización con equipos terrestres y 1.000 con equipos aéreos. Luis María San Román, presidente de la Sociedad Rural de Rosario explicaba que las reglamentaciones deben ser avaladas por los correspondientes estudios y fundamentos científicos, donde además se hagan públicas. “En este proyecto de diputados hay una cuestión y un artículo que solo habla de glifosato y lo compara con “bandas 1 y 2 elevadamente tóxico-” cuando para el Senasa y el Ministerio de Agricultura es “banda verde” baja toxicidad. Es inentendible este tipo de cuestiones”.

Según la resolución 350/99 del Senasa, el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo y está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La Rural rosarina aseguró que de acuerdo a estudios científicos efectuados por la OMS, el glifosato está catalogado como “banda verde”, es decir, “que normalmente no ofrece peligro” y se encuentra en la misma categoría que cualquiera de los productos de uso domésticos.

En el mundo desde hace 33 años, se comercializan distintas variedades de glifosato, que cuentan con la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea, como así también se ha demostrado científicamente que no daña la fauna ni trae consecuencias para la salud humana ni el medio ambiente.

“La ley que se discute en la provincia pretende prohibir su uso hasta 500 metros de distancia de la planta urbana para la fumigación con equipos terrestres y 1.000 metros con aéreos, cuando Francia con sus estrictos controles en materia ambiental establecen su prohibición a partir de los 50 metros”, comparaba la Rural de Rosario.