Tribuna de opinión

El empleado público ¿es una carga o un trabajador?

Carlos Ghisolfo (*)

Como cada comienzo de año empezó la discusión sobre los aumentos salariales de los empleados del Estado provincial, los que se terminarán de definir en las negociaciones paritarias que se avecinan.

Y como cada año, también comienzan a aparecer algunos mitos o “slogans” sobre los derechos de éstos empleados a tener remuneraciones justas o acordes con la realidad. Se antepone, demagógicamente, que los superávits del Tesoro deben canalizarse hacia mejores condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Conviene hacer aquí algunas pequeñas reflexiones. Nadie duda que el Estado debe desarrollar políticas y planes de gobierno para el bienestar general. Pero también debe preservar los derechos de sus empleados, lo que lo define como institución empleadora. Mal podría, dicho Estado, exigir condiciones de trabajo que él mismo no cumpliera.

Pero por otro lado, todas sus políticas de bienestar hacia el ciudadano común, requieren de los empleados públicos para su implementación. Causa gracia, ver a algunos exigir empleados estatales idóneos, preparados, honestos, éticos, responsables sociales, probos, etc...que deben sobrevivir con sueldos miserables.

Ser empleado público no es solamente ser administrativo, aclarando que éste trabajo sigue siendo fundamental para el ciudadano común. Ser empleado público también significa ser enfermero, maestro, policía, vial, ingeniero y tantas otras actividades que enfrentan cada día con lo mejor de sí mismo en beneficio de la ciudadanía.

Sobrellevan la mochila de ser tratados despectivamente como “ñoquis” por los que siempre buscan desprestigiar al trabajador público, pero resulta que son los únicos que siempre están cuando hay una catástrofe, una sequía, un accidente, un incendio.

Resulta que hay que ser idóneo para apagar un fuego, para preservar la vida de los accidentados, para diseñar o reparar una carretera o un puente, para decidir en una licitación o para educar a un niño, pero a la hora de discutir salarios, debe conformarse con lo que sobra. Hay que ser eficientes para manejar millones de pesos, salud o futuro educativo, pero hay que conformarse con lo queda, después que los funcionarios de turno decidan todas las prioridades.

Cuando hay que achicar, primero los trabajadores. Pero cuando hay que distribuir, siempre hay que esperar, porque el empleado no es prioridad. Debe recordarse que cuando la Provincia tuvo sus cuentas complicadas, y aún un poco más en el tiempo, se debió soportar quitas salariales, congelamiento de sueldos, pagos en negro o eliminación de concursos y cargos. Los trabajadores soportaron todo, porque entendían que debía hacerse un esfuerzo para salir adelante. Pero hoy que los números son beneficiosos, resulta que el esfuerzo y la paciencia deben seguir viniendo del mismo lado.

Se vuelve siempre con el latiguillo sobre la estabilidad del empleado público. Lo que no se dice es que esa estabilidad está pensada para que se cumplan las tareas con idoneidad y tranquilidad, sabiendo que su trabajo no va a ser juzgado por los avatares políticos de turno. Lo que tampoco, maliciosamente, no se dice es que en la actividad pública, el que comete una negligencia o un delito, es sometido a un sumario que puede desembocar en su cesantía o exoneración si es hallado culpable. Es decir, estabilidad no quiere decir impunidad, como se lo pretende mostrar.

El Estado, siempre con el argumento de las prioridades, se da el lujo de bastardear el trabajo de sus empleados con sumas no remunerativas, contratos basura, prestación de servicios, becas, pasantías y otras yerbas, para esquivar sus obligaciones como empleador. Esas actitudes, que en la actividad privada pondría a los empleadores lindantes con la ilegalidad, parecería que en lo público debe aceptarse, no viéndose que a nadie, salvo a los involucrados, les parezca escandaloso.

Quizás vaya siendo hora de que empecemos a pensar en grande y con propuestas superadoras. En Brasil, un espejo donde nos gusta mirarnos, el presidente Lula decidió jerarquizar el empleo público. Aumentó la cantidad de trabajadores, mejoró los sueldos, los capacitó y les dio prestigio social. Aquí se los denigra. Allá son un imán, incluso para los profesionales.

Los políticos que llegan a la función pública, generalmente son exitosos en la actividad privada. Allí saben que la motivación, el desarrollo de una carrera, los buenos sueldos y los paquetes de beneficios hacen apetecibles estos trabajos y mantienen la fidelidad y competitividad en los mismos. Resulta que se convierten en funcionarios y se les trastruecan todas las ideas. Pretenden lograr la misma eficiencia en sus empleados en el Estado, pero sin ningún tipo de incentivos. Eso sin mencionar los nombramientos políticos, los amiguismos y favoritismos, ausencia de políticas de trabajo, mínimos reconocimientos o falta de liderazgos.

¿Porqué en vez del ninguneo sistemático a los empleados públicos no se les brinda capacitación, se los evalúa con criterios superadores, se los compensa adecuadamente, se los blanquea, se cumplen las condiciones de seguridad laboral y se toman como principios los de igual remuneración por igual tarea y de remuneraciones acordes con la función desempeñada?

Quizás cuando no se vea al trabajador público como un enemigo de los ciudadanos, o como alguien que quiere quedarse con algo que no le pertenece, se lo pondrá en el justo lugar que se merece. El empleo privado es generador de economía, pero el empleo público tiene por objeto al pueblo, por lo que trabaja en función de su identidad cultural, bienestar y desarrollo. Por ello, dichos empleados tienen su origen existencial, así como su legitimidad y justificación, en el desarrollo de la comunidad. Las decisiones y acciones que realiza el Estado, al servicio del pueblo, lo instrumentan sus empleados. Cuando así se entienda, la discusión estará saldada y nadie cuestionará cuánto ganan.

(*) Presidente Mutual del Trabajador Vial Santa Fe