El “narcoavión” como caso testigo

La Iglesia reclama mayor acción del Estado contra el narcotráfico

En sucesivos pronunciamientos habló de “impunidad” de los grandes narcotraficantes, la existencia de pistas clandestinas como así también de “zonas liberadas”.

Guillermo Villarreal

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DyN

La Iglesia insistió en advertir la ausencia del Estado en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que los “mercaderes” de la droga expanden su accionar delictivo con “total impunidad”, y al criticar la inacción de los gobiernos para ponerle freno a un negocio que mata a miles de jóvenes en el país.

Los referentes eclesiásticos en el tema aseguraron en este sentido que faltan sistemas de radarización del espacio aéreo para detectar aviones ilegales, y alertaron sobre la existencia de “centenares” de pistas clandestinas en zonas de fronteras.

“El narcotráfico gana espacios y tiene zonas liberadas para expandir con total impunidad su negocio de muerte”, advirtió esta semana el obispo Jorge Lozano, titular de la Pastoral Nacional de Drogadependencia, de la Conferencia Episcopal Argentina, al presentar una campaña de sensibilización sobre el consumo de estupefacientes.

Pero no fue el único representante de la Iglesia en trazar un mismo diagnóstico. El sacerdote Osvaldo De Piero, también integrante de la comisión, lamentó que la “preocupante” falta de controles al tráfico de drogas salga ahora a la pantalla por el caso del “narcoavión”. Un esquema de contralor deficitario que comparó con una telaraña, porque “tiene un montón de hilos” y cuyas implicancias afectan “los sistemas políticos locales y a otros niveles”.

Despenalización de hecho

Un año atrás, Marcelo Ramljak, otro sacerdote vinculado a la pastoral de la drogadependencia, alertaba que “en Misiones hay centenares de pistas clandestinas desde donde aterrizan o despegan aviones que arrojan sustancias en determinados lugares. Allí contratan a personas que no son consumidores para que recojan la droga y la depositen en otro lugar”.

Sin cambios aparentes en aquella situación denunciada, ahora la Iglesia volvió a cargar las tintas sobre la ausencia de controles por parte del Estado. “Es total la impunidad con que se vende, se compra y se consume en las villas (de emergencia). Hace mucho tiempo que la despenalización de la droga es un hecho” en estos asentamientos, sentenció el sacerdote Jorge García Cuerva.

Las declaraciones eclesiásticas se dan en medio del escándalo desatado por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína que tres hijos de altos mandos de la Fuerza Aérea, hoy detenidos, transportaron a Barcelona ocultos en un avión Bombardier Challenger 604. Pero sobre todo por la confirmación judicial de que la droga incautada en España el 2 de enero se cargó en la base aérea de Morón, y que la aeronave despegó del aeropuerto de Ezeiza, en medio de supuestas complicidades y falta de controles (ver aparte).

El círculo del miedo

En un reciente manual sobre “Iglesia, droga y toxicomanía”, los obispos reclamaron al Estado que persiga en primer lugar a los proveedores y traficantes, a los que define como “los organizadores del tráfico ilícito” de estupefacientes.

Sin embargo, el plan pastoral de la Iglesia se aboca a la prevención y educación sobre adicciones, más que identificar a los narcotraficantes. Fuentes episcopales explicaron que se le hace difícil a la Iglesia definir cómo puede colaborar en el combate contra este “negocio de muerte” y de qué modo romper el “círculo de miedo” que impide denunciar a los dealer de la droga.

Una fuente puso como ejemplo el caso de un obispo bonaerense que dijo respaldaría en forma personal ante el fiscal a un sacerdote, si éste denunciaba a los proveedores que conocía, pero éste le respondió que “debía pensarlo” para no poner en peligro ni su integridad física ni la de su comunidad parroquial.

La muestra más evidente de esta realidad tuvo como protagonista al sacerdote José Luis “Pepe” Di Paola, quien dejó en diciembre pasado la parroquia de la villa 21-24, del barrio porteño Barracas, tras recibir una segunda amenaza de muerte por parte de narcos. Esta vez, trascendió, a modo de ultimátum. No obstante, él negó que haya decidido irse a misionar al norte argentino por esa causa.

En la terminal de ómnibus de Santa Fe, el 8 de enero secuestraron más de 10 kilos de cocaína. Foto: Archivo El Litoral

 

87 kilos de marihuana fueron secuestrados el 12 de enero en el Puente Carretero, y 10 kilos de marihuana en Colastiné.

Foto: Prensa DGPCA

La Aduana bajo sospecha

La Aduana quedó en la mira de la Justicia porque funcionarios del organismo ratificaron que el avión con el que los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret llevaron 944 kilos de cocaína a España no habría sido revisado en el Aeropuerto de Ezeiza antes de partir a España.

Seis agentes de la Aduana que trabajan en Ezeiza declararon ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania que, cuando se conoció públicamente el caso, “los comentarios” eran que el Challenger 604 no había sido revisado. Los testigos no pudieron confirmar los dichos porque, explicaron, se desempeñan en áreas administrativas que no son las encargadas de revisar los aviones.

Los testimonios se suman a los que este miércoles brindaron ante el magistrado otros dos agentes de la Aduana que sí dijeron que la nave no fue revisada antes de que partiese el 1º de enero a España.

A partir de la semana que viene Catania le tomará declaración al personal de la Aduana que tiene a su cargo el control de los aviones y cuyas áreas fueron nombradas por los testigos de ese organismo que declararon hasta ahora. El juez citó a 37 agentes de la Aduana que cumplen funciones en Ezeiza y con las nuevas declaraciones buscará profundizar este aspecto nuevo que surgió en la causa, informaron los voceros.

La Justicia busca determinar si la droga que llegó a España se cargó en el país y el aeropuerto de Ezeiza había sido descartado como esa hipótesis por los controles que hay allí y porque las cámaras se seguridad no arrojan ningún proceder irregular.

La principal sospecha recayó en la base aérea de Morón donde la nave estuvo en el hángar desde noviembre hasta el 31 de diciembre cuando fue llevada a Ezeiza para partir al día siguiente a las 20.45 a España, con una escala previa de al menos dos horas en Cabo Verde, África. Ese país también podría haber sido el lugar de embarque de la droga en el avión.

Para determinar eso el juez espera que el Juzgado de El Prat de Barcelona, donde se tramita la causa por narcotráfico por la que están detenidos los Juliá y Miret, debe contestar un exhorto en el que Catania le solicitó información sobre lo declarado por los acusados, los datos de la computadora del avión con el peso en cada lugar en el que estuvo, y dónde fue hallada la droga dentro del avión y cómo estaba acondicionada.

En el juzgado en lo Penal Económico confían que el exhorto sea respondido la semana que viene, luego que la Justicia de España levantará días atrás parcialmente el secreto de sumario en la causa.