EDITORIAL

La violencia en el negocio del fútbol

Un simpatizante del fútbol argentino, uno más, murió camino al estadio. Lo hizo en medio de lo que debiera ser un operativo de seguridad, montado en este caso por la Policía Federal. El gobierno nacional, por boca del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sugirió que la solución es jugar los partidos de alto riesgo sin público.

La lógica de la violencia mantiene sus feudos en el fútbol y comparte a sus protagonistas con el poder. Muros, rejas, alambres de púas, fosos, animales amenazantes y fuerzas de infantería diseñadas para reprimir, deberían definir la escena de un sistema carcelario de alta seguridad; son, en cambio, parte del teatro del mayor espectáculo público del país.

Hace 22 años, en el estadio inglés de Hillsborough, 96 simpatizantes del Liverpool murieron aplastados contra el alambrado por el exceso de gente en las tribunas y la presión de la policía montada que evitaba descomprimir el lugar. Desde entonces la adopción de butacas, la eliminación de barreras arquitectónicas represivas, el uso de cámara para detectar a inadaptados y ejemplares sanciones de la autoridad del fútbol europeo a equipos ingleses de simpatizantes violentos, encausaron razonablemente la situación.

Posiblemente la experiencia inglesa no pueda ser extrapolada a la Argentina. Pero sí demuestra cuestiones elementales, como el hecho de que allá las cámaras sirvieron para detectar a los hooligans, identificarlos y erradicarlos o contenerlos. Aquí en cambio, las cámaras son un costo para los clubes que adoptan esa tecnología pero no obtienen los beneficios, mientras las fuerzas policiales que logran identificar a los violentos con ese recurso, ofrendan la información a las autoridades de turno sin que eso suponga mejorar las cosas.

Con la misma lógica del todo pasa, acuñada en el emblemático anillo de Julio Grondona, el gobierno -socio del otrora secuestrador de los goles- apuesta al absurdo de jugar sin espectadores. La lógica de la violencia llevada al extremo del absurdo, en la gestión de quienes deberían responsabilizarse por un correcto accionar policial y por una organización que preserve un bien cultural, una pasión popular y el derecho de los espectadores a concurrir a espacios públicos bien organizados y regulados.

Fútbol y política comparten por omisión o acción a los actores violentos que, con o sin uniforme, velan toda solución para preservar negocios y poder a costa del acto deportivo. El uso de millonarias sumas del erario, la propaganda política, los adicionales policiales, la transferencia de jugadores, la evasión fiscal son intereses privilegiados ante la vida misma del espectador.

El colectivo imaginario de hinchas bienintencionados lo tolera. Los dirigentes de las sociedades civiles lo consienten. Las autoridades públicas no lo impiden. El espectáculo continuará, con un par de partidos sin público y -después- todo pasa.