Libertad condicional y homicidios

La seguridad volvió al debate en

medio de la campaña electoral

El secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, defendió la política oficial y explicó los cuestionamientos al juez Juan José Pazos, al que podrían pedir enjuiciamiento. La polémica desatada tras las muertes en la autopista siguió a nivel político.

De la redacción de El Litoral

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—¿Por qué molestó tanto que un juez haya cuestionado la política de seguridad del gobierno y las leyes de ejecución penal?

—Nos parece no sólo correcto sino deseable que los funcionarios judiciales expresen sus opiniones políticas, que abran juicios de valor. No somos de la idea de que los jueces no deben expresar sus opiniones políticas, al contrario. Mantenemos un diálogo muy fluido con los funcionarios judiciales, intercambiamos información. Lo inapropiado no fue que un juez diera opiniones, sino que lo hiciera en el momento en que estaba investigando el caso, y sobre las posibles hipótesis del mismo; cuando ni siquiera tenía avanzada la investigación. Nos pareció inoportuno, además en el contexto por un caso en particular muy trágico.

—¿Considera entonces que el juez actuó incorrectamente?

—Esto tendrá que resolverlo la Cámara Penal. Pero ya que el juez da una opinión política, vamos a discutir de política. Lo primero es que resulta llamativo que alguien que es juez desde mediados de los ‘90 se preocupe por la seguridad en el año 2011, cuando la tasa de homicidios creció sostenidamente desde 1991 hasta 2007 y recién en 2008 se empezó a ver bajas y un amesetamiento, un cambio de tendencia. A mí, no me llamaría tanto la atención si esa opinión la hace un ciudadano que no está en el tema, pero viniendo de alguien que integra el sistema penal, y tiene responsabilidad, suena oportunista. Es poco feliz también que hable de que no conocemos el tema del delito y hablamos de sensación de inseguridad. Lo conocemos bastante bien, y probablemente mejor que el juez, porque trabajamos con encuestas de victimización ya que -como él dice- no todos los casos se denuncian.

—Pero también se habla de la sensación de inseguridad.

—Hay una materialidad, hay hechos que ocurren. Pero esa materialidad es percibida de manera diversa según la edad, el sexo, el nivel socio económico. Un arrebato no impacta de la misma manera en una mujer anciana que en un hombre joven. Por otra parte, los hechos son representados en los medios también de forma diversa y selectiva. Los casos más graves son los que merecen mayor atención, aunque a veces son los más infrecuentes. Los homicidios en ocasión de robo son menos del 10 % del total que acontecen, pero son los que más atención mediática tienen. Y hay otros delitos que por distintas razones -entre ellas, que son más difíciles de cubrir o de presentar- no tienen mucha presencia mediática, como las defraudaciones al fisco, por ejemplo.

—Lo que dice el juez es que los presos no deberían salir antes de completar su condena.

—Con respecto al cumplimiento de las penas de privación de libertad, no hay mucho que discutir: hay una ley aprobada de ejecución penal que obliga a lo que se llama la progresividad del tratamiento penitenciario, con beneficios muy regulados según el comportamiento. Es una ley nacional aprobada, vigente, que los magistrados aplican con mucha rigurosidad y adecuadamente. Un juez puede estar en desacuerdo con esta ley, pero tendría que plantear de manera seria una modificación. Que un funcionario judicial salga intempestivamente con un comentario de este tipo, en tiempos electorales y sin mayores argumentos, parece más una operación que otra cosa. Uno podría preguntarle a este juez qué hizo él hasta ahora para mejorar el sistema, para que se aplique la reforma penal que va a permitir reemplazar el actual, que no es apropiado.

—A propósito de este caso, otras voces se alzaron para cuestionar la política de seguridad del gobierno.

—La provincia ha hecho un esfuerzo muy grande para sacar armas de circulación y para atacar los eslabones de la comercialización de droga, con muy buenos resultados. Hasta 2007, se hacía estadística con detenciones por tenencia para consumo. La posición de este gobierno fue que eso no servía y ahora se hace inteligencia para desbaratar bandas. Pero además, esto también contribuye a la seguridad de la población, porque la territorialización del tráfico de drogas -por ejemplo, con las cocinas- genera violencia en esos lugares.

En lo que va de esta gestión se han hecho casi mil allanamientos, siempre con orden judicial. Para acercarse a esa cifra hay que sumar 8 años de gestiones anteriores. Lo mismo con el trabajo sobre desarmaderos o casos puntuales como el atentado al micro de Newell’s, que nos permitió detectar bandas y secuestrar automóviles, celulares, dinero. Lo que viene después, cómo se venden los autos, la investigación por enriquecimiento ilícito, depende del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿de dónde sacan el dinero para pagar a sus abogados los imputados en estas causas? Son interrogantes que tiene que resolver la Justicia. Nosotros confiamos en que con el nuevo sistema de acusación penal y las prestigiosas personas que están al frente del Ministerio de la Acusación y la Defensa, vamos a contribuir a cambiar las cosas.

El detonante

El lunes por la noche, un asalto en la autopista Rosario-Córdoba terminó con la muerte de Lucas Renna -uno de los asaltados- y Ricardo Castaño -uno de los ladrones.

El juez de instrucción Juan José Pazos, a cargo de la causa, aludió al hecho de que uno de los ladrones era un condenado liberado antes del tiempo fijado, por buen comportamiento.

“¿Cómo es posible que una persona con robos reiterados esté en libertad?” “Si la Legislatura produce leyes que favorecen al delicuente, es probable que se cumplan estos hechos y muchos más”. “Molesta muchísimo que haya funcionarios que hablan de ‘sensación de inseguridad’ ”, fueron algunos de los dichos del magistrado.

Repercusiones y jury

El diputado socialista Raúl Lamberto calificó de “ligeras y demostrativas de ignorancia del derecho” las declaraciones del juez Juan José Pazos, y recordó que las penas son establecidas por leyes que sanciona el Congreso de la Nación, y no la Legislatura de la provincia.

Sin embargo, evitó adelantar su opinión respecto de la eventual iniciación de un procedimiento de destitución contra el magistrado, tal como lo sugirió el propio gobernador Hermes Binner cuando dijo: “Si yo fuera legislador, le iniciaría un jury”.

Lamberto, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, recordó que en lo personal es parte de “un bloque de 26 legisladores con los que se deberá discutir el tema ya que es muy preocupante que un juez aborde un tema de gran sensibilidad en la gente, sin precisiones técnicas. Esto no es un debate político. Estamos ante un juez de la Constitución que no sólo se extralimitó, sino que se equivocó y generó una imputación errónea a la Legislatura a partir del desconocimiento”, aseveró.

El magistrado, en tanto, ratificó ayer sus dichos en torno de la inseguridad, y dijo que no se extralimitó en sus apreciaciones. “Soy un ciudadano común como cualquier otro, que participo en la vida social y que me considero con autoridad para opinar. Yo recibo las causas judiciales y los partes diarios de delitos. Puedo hablar con conocimiento del tema porque lo conozco. Si no habla la persona que está en el tema, mal está que pueda hablar otra que no lo está”.

Por su parte, el diputado justicialista Alberto Monti defendió al juez y sostuvo que “no hizo más que expresar lo que piensa sobre la situación de inseguridad el 95 % de los habitantes de la provincia. Los diputados socialistas -sugirió-, encabezados por Raúl Lamberto, tendrían que habilitar el diálogo y el consenso para tratar las iniciativas parlamentarias que ellos mismos cajonean en las comisiones de la Cámara”.

El legislador opositor aseguró que “el ala garantista del gobierno de Hermes Binner, encabezada por el ineficiente Secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, aconsejó equivocadamente al gobernador y lo introdujo en una pelea innecesaria con un juez provincial que no hizo más que dar un diagnóstico de lo que estamos padeciendo quienes vivimos en esta provincia”.