La polémica por los dichos de Binner sobre Pazos

Reacciones en el fuero penal rosarino

Un grupo de 40 miembros del fuero penal de Rosario salieron fuertemente al cruce de los dichos del gobernador Hermes Binner, cuando habló de plantear un juicio político contra el juez de Instrucción Juan José Pazos, a causa de sus dichos motivados por el doble crimen de la autopista a Córdoba.

“Ningún juez puede ser condicionado, y menos por representantes de cualquier poder del Estado, por las opiniones que vierta sobre una cuestión general, como en este caso, la inseguridad”, plantearon, sin nombrar al gobernador. Pocas horas antes, el Colegio de Magistrados había manifestado “preocupación” ante los dichos de Binner y temor a que se afectara “la independencia del Poder Judicial”.

El grupo de jueces y funcionarios penales objetó que amenace con la destitución a un magistrado por sus declaraciones públicas y no por su desempeño judicial. En rigor, y más allá de los dichos del mandatario, lo que funcionarios, legisladores e, incluso, miembros del Poder Judicial -como el Defensor General- cuestionaron fue el hecho de que opinase sobre las circunstancias de una causa en cuya investigación estaba interviniendo, en su condición de juez de instrucción. Como sea, los firmantes del documento expresan su temor de que la misma actitud oficial aparezca “en cualquier otra cuestión, civil o laboral, sobre la que (un juez) tiene un conocimiento cotidiano y permanente”.

Por lo demás, no incursionaron en la temática abordada por Pazos en sus declaraciones periodísticas, en el sentido de que “la inseguridad no es una sensación sino una realidad” y que “las leyes favorecen a los delincuentes”.

El pronunciamiento firmado por la mayoría de los jueces de Instrucción y Sentencia, las juezas de Menores, fiscales, defensores y secretarios penales de Rosario concluye en que “la gravedad de los hechos en orden a la sensibilidad social que sobrellevan, y de los cuales los magistrados no somos ajenos, nos obliga a todos los actores con responsabilidad institucional a mantener cautela y prudencia, invitándonos a reencauzar la controversia en el marco del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a las garantías constitucionales de todos y cada uno de los individuos”.

La polémica se inició luego de que el juez Pazos reprochase a los legisladores la flexibilidad que a su entender tienen las leyes de ejecución de la pena y objetó el otorgamiento de excarcelaciones, tras el doble crimen del lunes 18 en la autopista a Córdoba.

En ese lugar, murieron Lucas Renna, un ingeniero electrónico de 28 años que se detuvo en la ruta al sufrir la pinchadura de un neumático, y Ricardo Castaño, un ex recluso que llegó a asaltarlo. Las pericias determinaron que los dos fueron baleados por el padre de Renna, Oscar, que había llegado a asistir a su hijo cuando se desató el robo.