Desde la oposición

Apoyos al proyecto para limitar la venta de tierras a extranjeros

Celebraron que el gobierno se haya hecho cargo del problema, tras ocho años sin que se traten las iniciativas presentadas en el Congreso. Los límites constitucionales y los derechos de los pueblos originarios.

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La preservación de la titularidad de los pueblos sobre los recursos naturales es la base argumental del proyecto presentado ayer. Crearán un registro y no se afectarán derechos adquiridos. Foto: DyN

 

De la redacción de El Litoral

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El proyecto de ley para limitar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en un máximo del 20 por ciento del total productivo contó con el guiño de la Federación Agraria Argentina, la CTA de Hugo Yasky y buena parte de la oposición.

Según destacó ayer la presidenta Cristina Fernández al anunciarlo por cadena nacional, el proyecto oficial propone limitar a mil hectáreas la cantidad de tierra que puede tener cada propietario extranjero.

La iniciativa contó con el respaldo de legisladores de distintas extracciones políticas que avalan la necesidad de limitar la extranjerización de la tierra, y con un guiño de dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la CTA de Yasky.

En tanto, el macrista Christian Gribaudo (PRO) sostuvo que la ley que la presidenta enviará al Congreso “deberá despejar todo fantasma de nacionalización que espante las inversiones en nuestro país”, aunque avaló la posibilidad de “contar con un registro nacional de tierras en la Argentina”. Al respecto, puntualizó que toda discusión “debe contemplar la limitación que impone el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional, donde dice que los extranjeros gozan en el territorio nacional de todos los derechos civiles del ciudadano”.

Límites a la rapiña

Por su parte, el presidente del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse, dijo que le parece “bien que se pongan límites para la tenencia de tierras a los extranjeros” pero consideró que “sería bueno que también le pongan límites a los que le rapiñan las tierras a los pueblos originarios”.

“La comunidad Qom después de haber sido objeto de amenazas, persecuciones y asesinatos está esperando desde hace 6 meses para ser recibida por la presidenta de la Nación, algo que el cantante Bono consiguió al día siguiente de llegar al país. Ojalá que el pueblo Qom tenga la misma suerte que Bono”, manifestó con relación al cantante de U2, quien fue recibido por Cristina Fernández cuando vino a actuar a país

Susana García (Coalición Cívica) se alegró de que “después de 8 años de gobierno reconozcan el problema de la extranjerización de la tierra. Todavía no disponemos del proyecto pero queremos debatirlo y llegar a la sanción de una ley que es una vieja pelea que venimos planteando desde el año 2002: Elisa Carrió lo presentó y, luego asumiendo como diputada en el 2004, lo volví a representar cada 2 años. Nunca se trató la iniciativa”.

Un debate pendiente

Desde el radicalismo, los diputados nacionales Pablo Orsolini (Chaco) y Ulises Forte (La Pampa), otrora dirigentes de la FAA, aseguraron que “hace años venimos luchando, desde lo sectorial primero y desde la política después, por una ley que regule el acceso a la tierra por parte de extranjeros”.

“Nos parece un avance que la presidenta asuma que éste es un debate que debemos darnos como sociedad, y envíe una iniciativa al Congreso de la Nación”, señalaron los legisladores.


Ricos y famosos

Según los datos de FAA, a principios del año 2000 la cifra de territorios vendidos a extranjeros era de 7 millones de hectáreas, ahora asciende a 21 millones y aún quedan otros 15 millones que podrían ser adquiridas por extranjeros.

En los fundamentos de la iniciativa presentada por los legisladores del sector -y que nunca fue tratada- se señala a los hermanos Luciano, Giuliana Gilberto y Carlo Benetton con la compra de más de 900.000 has que comprenden las estancias Pilcañeu, Alicura, Lelequén, El Maitén, Coronel y Cóndor; el inglés Joe Lewis (ex propietario de Hard Rock Café y socio de Planet Hollywood) adquiriendo 18.000 has en la zona de lago Escondido; la estancia La Primavera, de 4.400 has, adquirida por Ted Turner (propietario de CNN) quien ya suma 55.431 has. en la zona andina; la estancia San Ramón, de 35.000 has, del suizo Jacob Suchard (ligado a Nestlé); actores cinematográficos como Christopher Lambert en Villa Arelauquen (Bariloche) y Jeremy Irons en la zona de Esquel; la empresa italiana Nettis Impiante comprando 418.000 has en La Rioja con el pueblo de Jagüe en su interior; en Formosa y Salta la empresa australiana LAG, el grupo italiano Radici en San Luis o el conde alemán Zichy Thyseen en la misma provincia; el grupo Arauco de la familia Angelini (chilenos pero sospechados de pertenecer a europeos); el caso de Recreo, departamento La Paz en la provincia de Catamarca, comprada por una empresa norteamericana fabricante de helicópteros (Poquiteros S.A.) con una superficie de 117.000 has, con trescientas familias adentro; Fiambalá con 1.800.000 has; los esteros del Iberá y el acuífero Guaraní.

A ello debe agregarse el avance en inversiones del magnate George Soros, que a través de Cresud en ganadería y Adecoagro en lechería y granos, adquiere cada vez un mayor posicionamiento en el sector, sostiene el proyecto.

1.000

hectáreas es el máximo de tierras productivas que puede tener un propietario extranjero.

20%

del total es el máximo en todo el territorio.

200

millones de hectáreas es el total a proteger, según Agricultura.

30

millones de hectáreas están hoy bajo explotación agropecuaria.

21

millones están en manos extranjeras, según FAA.

Contradictorio

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“Me preocupan los límites que plantea el proyecto. Si hoy estamos alertas porque el 10% del territorio nacional ya se encuentra en manos de personas físicas o empresas extranjeras, me parece contradictorio que ella plantee que el límite será el 20%. En vez de proteger las tierras nacionales, esta propuesta sería un aliento a continuar vendiendo territorio”. Verónica Benas (diputada nacional Pares y autora de otro proyecto más restrictivo).

Definición

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“Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo. Esta definición es una de las cosas más novedosas del proyecto y es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderá a otras áreas”.

Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la redacción del texto