Cámara de Apelación Penal

Cuestionan el desempeño de una jueza

Juliano Salierno

Una resolución de la Cámara de Apelación Penal terminó con la separación de la investigación de un caso de homicidio, de la jueza de Instrucción Cuarta, Susana Luna. Los camaristas de la Sala I integrada cuestionaron en duros términos el desempeño de la magistrada e informaron a la Corte para que evalúe una posible sanción a través de la Procuración.

El 18 de agosto los camaristas Julio César Rondina, Roberto Prieu Mántaras y Eloy Suárez, dictaron una resolución de 6 puntos, entre los que sobresalen la declaración de “nulidad parcial” de la prisión preventiva y la determinación de “revocar el procesamiento” para Iván Ramón Chuchuy, detenidos desde hace más de un año sin procesamiento firme.

Además, los jueces de segunda instancia ordenaron “separar a la jueza”; derivar el caso al juez de Instrucción Quinta, Darío Sánchez, y “remitir copia al presidente de la Corte Suprema de Justicia”.

La medida adoptada por los camaristas usa términos duros en cuanto a la Dra. Luna y su proceder, que “...se presenta como decisiones de significado equívoco, en cuanto expresan desconocimiento del derecho o arbitrariedad en la toma de sus decisiones en perjuicio del imputado o una deficiente tramitación de la causa por parte de la jueza”.

Recién asumida

Iván Chuchuy fue “procesado el 4 de marzo como partícipe primario del homicidio de Raúl Eduardo Ruiz (homicidio doblemente calificado por alevosía y uso de arma de fuego)”. El crimen de Ruiz data de abril de 2005 y Chuchuy estuvo prófugo durante largo tiempo, hasta que el 7 de julio del año pasado fue apresado en la casa de un familiar, en el barrio Santa Rosa de Lima.

A partir de entonces, la causa se tramitó primero en Instrucción Sexta y luego pasó al Juzgado de Cuarta Nominación, cuando era juez el hoy jubilado Rubén Saurín. El primer procesamiento dictado por Saurín mereció la nulidad de la Cámara el año pasado a causa de un error en la calificación del hecho.

En el interin Saurín pasó a retiro y tras un período de vacancia tomó posesión del cargo la Dra. Luna, que tuvo unos tres meses el expediente en sus manos.

La jueza llamó a Chuchuy para ampliar su declaración en diciembre del año pasado y en marzo dictó un nuevo procesamiento. En ese lapso el abogado defensor Rodolfo De Aguirre había planteado el incidente de cese de prisión cuando se vencieron los ocho meses y luego apeló el procesamiento y la preventiva que por lo tanto no se encontraba firme.

Contra el fiscal

Entonces se generó un conflicto entre la jueza Luna y el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, que tras argumentar en su favor, dando algunos justificativos de por qué la jueza se extendió en el tiempo, luego se negó a solicitar la elevación de la causa a juicio.

Con el procesamiento apelado la jueza Luna dio por finalizada la instrucción y lo impuso a Díaz para que realizara la requisitoria de elevación a juicio. El 23 de marzo la fiscal Nº 6 le devolvió el escrito diciendo que no se puede hacer la requisitoria bajo esas condiciones y que debían esperar la resolución de Cámara.

Entonces el 28 de marzo la jueza se dirige al fiscal diciendo que habiendo dictado el procesamiento y conseguido la apelación con efecto devolutivo (no suspensivo) su fiscalía tenía imperativamente que contestar el traslado de la requisitoria. El 29 de marzo el fiscal interpuso la revocatoria contra ese decreto y apelación en subsidio.

Bajo los mismos argumentos “imperativamente y bajo apercibimiento de ley”, ese mismo día la jueza rechazó la revocatoria y la apelación y devolvió el expediente, para que haga la requisitoria.

Con antecedentes

El 31 de marzo el fiscal pidió copia del expediente para presentarse en queja ante la Cámara de Apelación, que le hace lugar el 28 de abril declarando mal denegado el recurso oportunamente deducido. Dicha discusión quedó finalmente saldada porque la cámara declaró la cuestión “abstracta”, es decir, que no tenía sentido seguir adelante cuando ya se había resuelto revocar el procesamiento y nulificar la preventiva.

Ahora bien, si no fuera porque Chuchuy se encuentra preso por orden de un Juzgado de Sentencia y a disposición de la Justicia Federal por drogas, el delincuente de 29 años, de frondoso prontuario y que estuvo varios años prófugo, tendría que haber recuperado la libertad tras la reciente resolución de Cámara que hizo prevalecer el cumplimiento de los mandatos legales por sobre las urgencias y pretensiones de la jueza del subsuelo.