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CREA pide debatir en serio

A raíz del envío al congreso del proyecto de ley de protección al dominio nacional en la propiedad de las tierras, la entidad técnica propone un análisis serio y buscar consensos para el largo plazo.

CREA/Campolitoral

Según trascendió, el proyecto en cuestión es aplicable en todo el territorio de la Argentina, para todas las personas físicas o jurídicas que posean tierra con destino rural, sea para producción agropecuaria, forestal, turística u otros usos. El objeto del proyecto de ley es determinar la titularidad, catastral y dominial, y la situación de posesión o tenencia de tierras rurales. Además, establece las obligaciones de los propietarios conforme a las previsiones de esta ley, regulando los límites a la titularidad.

Al considerar la titularidad extranjera sobre la propiedad de la tierra, incluye a las personas físicas de nacionalidad foránea, a las personas jurídicas con un 51% o más de titularidad extranjera y a fideicomisos, sociedades con obligaciones negociables y uniones transitorias de empresas, entre otros casos. El proyecto prohíbe la figuración aparente de personas de nacionalidad argentina.

Restricciones a la propiedad

El proyecto de ley establece en 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros. Por otro lado, las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación. Asimismo, para la adquisición de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

Propone además la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con facultad para requerir a las dependencias provinciales competentes la información necesaria para el cumplimiento de función.

Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes al 1º de enero de 2010. Dicho relevamiento deberá realizarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia de la ley. Según CREA, el proyecto de ley no afecta derechos previamente adquiridos.

La Autoridad de Aplicación de la ley es el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resulta desconocido el rol de las provincias, a pesar de que la Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Variables inconsultas

“El límite de 1.000 hectáreas establecido no contempla las diversidades geográficas del territorio nacional, a lo largo del cual la productividad por hectárea varía de acuerdo a la región. Dicho cómputo lo determinará la Autoridad de Aplicación atendiendo a parámetros complementarios (localización, capacidad y calidad de las tierras, y situación de titularidad de dominio). Se debe tener en cuenta que existe legislación provincial que establece el concepto de Unidades Económicas Agrarias en función a parámetros productivos, estableciendo su extensión para permitir una explotación rentable”, sostiene el comunicado de la entidad .

El proyecto de ley establece que el 20% de las tierras rurales totales será la máxima extensión que podrá estar en manos de personas extranjeras. Es desconocido el porcentaje de tierras que actualmente pertenecen a extranjeros y su ubicación.

La ley no contempla un Régimen Especial para inversiones extranjeras que permita, de acuerdo a parámetros definidos, realizar inversiones que no sean desarrolladas por capitales nacionales y que sean, consideradas estratégicas para impulsar una determinada región o actividad productiva.

Recurso estratégico

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, volvió a defender el proyecto de ley que limita la compra de tierras a los extranjeros. El funcionario planteó que “la tierra es un recurso estratégico no renovable que debe quedar en manos de los argentinos para afianzar nuestra soberanía alimentaria”, y aseveró que “los dueños de la tierra no tienen que hablar otro idioma.

Muchas veces compra campo gente que nada tiene que ver con el campo y el campo desaparece y no queremos ese modelo, queremos que nuestros hijos crezcan en su tierra y encuentren allí su futuro”, alegó el ministro durante la inauguración de un semillero y un frigorífico comunitario en Máximo Paz, Santa Fe. En el acto estuvieron presentes también el gobernador electo de esa provincia, Antonio Bonfatti; el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Garetto, el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Daniel Biga, el diputado nacional, Agustín Rossi, y el intendente de Máximo Paz, Iván Camats, entre otros. Domínguez destacó también que un objetivo importante del es “aumentar un 111 por ciento los productores que trabajan asociativamente”.

Resulta desconocido el rol de las provincias, a pesar de que la Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”

Aprovechar la oportunidad

Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola entienden que temas tan importantes como el dominio sobre la propiedad de las tierras rurales se debe analizar con detenimiento y en profundidad, buscando el consenso entre todos los actores involucrados, con una mirada de largo plazo. En el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hay puntos que deberían debatirse más intensamente antes de convertirse en ley, más allá de la agenda política. Hay que convocar a distintos especialistas -INTA, universidades, institutos de investigación, asociaciones de productores, técnicos de varias disciplinas- para que, interactuando, desarrollen el mejor contenido con miras a su aplicación futura, dentro de la visión estratégica del país que se procura impulsar.