llegan cartas

Mediación prejudicial obligatoria

Carlos Héctor Parodi.

Señores directores: A quienes hace mucho transitamos los pasillos tribunalicios en búsqueda de una solución rápida y menos costosa para nuestros representados, no pudo menos que extrañarnos la ley de mediación prejudicial obligatoria que se propicia.

Es más, y dicho con respeto, se nos ocurrió pensar si el ministro de Justicia, Héctor Superti es realmente abogado y, si como tal, intervino en litigios judiciales.

Porque si lo fuera, no puede ignorar que la mediación, previa al litigio, siempre la intentan los jueces, porque son conscientes de su limitación en el tiempo y en la acción, pendientes siempre del posible “pronto despacho”.

En nuestra modesta opinión de litigantes, creemos que con esta ley que se reglamentó, se introduce la burocracia en la Justicia, de lo que hasta ahora se habrá salvado.

El ministro dice haber tomado experiencias en otras jurisdicciones, y que el sistema redunda en el descongestionamiento de los tribunales. Lo que no dice es que el sistema que se intenta obliga a la creación de tribunales paralelos donde va a recalar la mediación, salvo que se admita que ésta se concrete en el “bar de la esquina” donde, incluso actualmente, se hacen muchas mediaciones.

En síntesis, la profunda crítica que surge respecto al proyecto a aplicar es que ha generado una carga burocrática a la Justicia, que concluirá finalmente con la creación de otro u otros tribunales de mediación, cuando los mediadores no jueces reclamen un status tribunalicio.

Y así, el “tribunal grande” como lo llaman los taxistas y remiseros, que sólo llegó a alquilar un local céntrico -donde funcionan los tribunales de familia- es antifuncional, como ya lo hemos dicho, porque se atenta contra la inmediatez en el proceso, alejando al juez, al que se lo ha colocado en un segundo piso, del los litigantes que se encuentran en la planta baja.

Finalmente cabe señalar que quien propició la ley de mediación prejudicial obligatoria y su reglamentación, ni siquiera ha leído el artículo 19 de la ley 5531 que establece con precisión que los jueces pueden disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación.

Si esto es así, ¿cómo negar que esta nueva ley y su reglamentación es la burocracia que avanza sobre la justicia? ¿Será posible salvarla?