Crisis financiera europea
Nadie cree en la quiebra de Grecia pero todos toman medidas preventivas
En la Comisión Europea negaron estar trabajando sobre la hipótesis del default. Pero no descartaron que otros lo estén haciendo. El primer viceministro de Finanzas heleno, Philippos Sachinidis, dijo que ya en octubre se quedan sin plata.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ofrece una rueda de prensa tras una reunión de los bancos centrales de los países del G20 en la ciudad suiza de Basilea. Foto: EFE
De la Redacción de El Litoral
Fernando Heller (DPA)
“No trabajamos en esa hipótesis”. La Comisión Europea rechazó este lunes, nuevamente, que la eurozona, y Europa en su conjunto, se prepare para una eventual suspensión de pagos de Grecia. No obstante, los expertos en lides comunitarias saben que se trata de un mensaje subliminal, de semántica ambigua.
Al margen del lenguaje diplomático de las instituciones de Bruselas, la traducción real es precisamente la contraria: el bloque, igual que anunció la semana pasada Berlín, vela armas en caso de que se produjera el colapso, más o menos controlado, del socio más débil y menos fiable de la eurozona: Atenas.
El hecho claro es que este lunes comenzó la “semana griega” en Europa, y no se trata de una feria, en la cual se exhiban y publiciten las bondades del clima, el tipismo del folclore o el fuerte cromatismo de los paisajes insulares helenos.
Todo tiene una lectura más áspera: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la nueva “troika” internacional del préstamo, que hasta la fecha ha salvado -no sin pingües intereses- del hundimiento a Grecia, Irlanda y Portugal, están pendientes de un viaje nada turístico a Grecia.
Este miércoles regresa al país mediterráneo una misión de expertos para examinar nuevamente las cuentas griegas y determinar si, en efecto, se puede liberar el sexto tramo de ayudas al país, a partir del primer paquete de salvamento heleno, por 110.000 millones de euros, aprobado al año pasado por la UE y el FMI. Se trata de un tramo de crédito de 8.000 millones de euros, contemplado en Atenas con ansiedad, pues de ese combustible, se afirmó este lunes, depende que el país pueda seguir pagando sueldos a funcionarios y las jubilaciones a los pensionistas.
La “troika” internacional del cobro tiene a Grecia en un puño, pues una evaluación negativa al último programa de ajustes y ahorro heleno, que lleva a sus ciudadanos a apretarse el cinturón hasta casi rozar la asfixia, supondría, en efecto, la inminencia del “default”, o suspensión de pagos del país: el primero de la eurozona en sus más de diez años de historia.
Europa pierde la paciencia con Grecia. A pesar de que la semana pasada la canciller germana, Angela Merkel, pedía a sus compatriotas precisamente que ejercitaran esa virtud cardinal, subrayando que el futuro de Alemania está íntimamente ligado al euro, el bloque comunitario teme un posible impago griego y un efecto cascada sobre otras piezas del dominó de la moneda única, especialmente Italia y España, dos pesos pesados en el euro, y en el caso de Italia (con una abultada deuda pública y tímido crecimiento), destacado miembro del G7.
“Esperamos que esa revisión (de la Comisión, el FMI y el BCE) termine a fines de septiembre. Y esto permitirá a los Estados miembro y al FMI adoptar las decisiones necesarias sobre el sexto tramo de asistencia financiera para Grecia”, aseguró este lunes Amadeu Altafaj, portavoz del comisario de Asuntos Económicos del bloque, Olli Rehn.
Se trata de una carrera contra el tiempo: para intentar frenar las dudas sobre sus compromisos de austeridad, este domingo el ministro heleno de Finanzas, Evangelos Venizelos, anunciaba un nuevo impuesto inmobiliario para los próximos dos años, gracias al cual confía en recaudar cerca de 2.000 millones de euros. Bruselas se mostró satisfecha porque, según fuentes del Ejecutivo comunitario, se “refuerza el compromiso de las autoridades helenas de cumplir con sus objetivos” (de reducción del déficit y saneamiento de sus destartaladas cuentas públicas).
Mientras Grecia lanzaba este lunes a Europa y al FMI un desesperado SOS en busca de un balsa financiera a la cual asirse para evitar hundirse, desde Berlín Merkel reiteraba que el país mediterráneo, miembro de la UE (entonces CEE) desde 1981, debe “cumplir con sus compromisos” y abrirse un nuevo agujero en el cinturón.
“Confiamos en que Grecia estará en condiciones de transitar el camino marcado”, dijo hoy en Berlín el portavoz de la canciller, Steffen Seibert.
Si Grecia se aparta del “camino marcado”, la “vía germana” que preconiza -contra la opinión de quienes desean más muletas keynesianas, al estilo de nuevos planes de estímulo- la austeridad y la disciplina en el gasto público, las cosas se pueden poner muy feas.
El segundo paquete de salvamento para el país, aprobado en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE el pasado 21 de julio, por valor de 109.000 millones de euros quedará en al aire.
La credibilidad de la zona euro, y de la UE en su conjunto, quedaría muy minada. Pero esa es una hipótesis que, según el lenguaje oficial de Bruselas, “no se contempla”.
/// análisis
Se divide el negocio de la banca británica
Judith Mora - EFE
Los bancos británicos afrontan una profunda reforma que conllevará la separación de sus operaciones de inversión y comercial, a fin de garantizar su estabilidad financiera y evitar que, en caso de crisis, tengan que ser rescatados por el Estado.
El contenido y alcance de la reforma, la mayor en la historia reciente, se detalla en el informe presentado hoy por la Comisión independiente para la banca (IBC, sus siglas en inglés), instituida por el gobierno en 2010 con el mandato de asegurar la viabilidad del sector a largo plazo y mejorar la competencia.
La principal recomendación es que, antes de 2019, las entidades deberán establecer un “anillo de protección” en torno a su negocio comercial (cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas, préstamos a particulares y empresas, etc.), que tendrá estatus legal propio y se gestionará de forma independiente a otras actividades más arriesgadas del banco, como las inversiones.
La Comisión también pide que la banca comercial tenga unas reservas de capital de calidad para afrontar posibles pérdidas de al menos el 10 %, mientras que los grandes grupos bancarios deben asegurar un fondo de absorción de entre el 17 y el 20 %.
La intención de estas medidas -asegurar la capitalización de los bancos y la independencia de sus negocios más y menos arriesgados- es minimizar la necesidad de futuras intervenciones estatales, al posibilitar que una parte del negocio -el de banca de inversión- pueda quebrar sin afectar a los depósitos de los clientes.
El ministro de Economía, George Osborne, calificó el documento de “un paso importante hacia un nuevo sistema bancario que apoya los préstamos a las empresas y a las familias, la economía y el empleo, pero no cuesta millones de libras al contribuyente cuando las cosas van mal”.
Se calcula que la reforma costará a los bancos entre 4.000 y 7.000 millones de libras (4.600 a 8.100 millones de euros), cantidad que, según el presidente de la IBC, John Vickers, es nimia en relación con sus beneficios y, por ello, el costo no debería trasladarse a los clientes.
Además de blindar a la banca comercial -cuyas actividades “permitidas” y “prohibidas” se fijarán por ley-, el informe hace varias recomendaciones para mejorar la competencia, entre ellas la de acelerar el proceso de transferencia de cuentas bancarias entre entidades en beneficio de particulares y empresas.
