Editorial

Grave amenaza a la libertad de informar

La inmediata reacción de la opinión pública, periodistas y sindicatos, obligó a los consejeros políticos de Televisión Española (TVE) a dar marcha atrás con su decisión de controlar el contenido de los noticieros antes de su puesta al aire. La iniciativa había surgido desde el Partido Popular, conducido por Mariano Rajoy, quien se vio obligado a reconocer públicamente el error.

Mientras en España se protege de esta manera la libertad de informar y de recibir información -incluso en la televisión estatal-; en la Argentina el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, envió oficios judiciales a los principales diarios nacionales para que entreguen la “nómina, dirección y teléfonos de los periodistas redactores, editores, etc.” que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios desde el año 2006 hasta la fecha.

La asombrosa solicitud judicial se produce en el marco de una causa iniciada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación contra consultoras privadas que dan a conocer índices inflacionarios muy superiores a las cifras que brinda el Indec, pero que coinciden con los datos publicados por los institutos de estadísticas de numerosas provincias como, por ejemplo, Santa Fe.

En lugar de investigar por qué el Indec brinda informaciones que se contradicen con la realidad -incluso con los cálculos presupuestarios oficiales y con los acuerdos salariales que año tras año son homologados por el gobierno mediante acuerdos con los gremios de referencia-, el juez Catania tomó la decisión de investigar a los periodistas que escriben sobre el tema.

Como cualquier ciudadano común, los periodistas deben prestarse a las demandas de la Justicia. Sin embargo, este juez debería saber que el secreto y preservación de las fuentes de información se encuentran tutelados en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales firmados por la Argentina.

La decisión de proteger estos derechos no es antojadiza, sino que apunta preservar las posibilidades que periodistas y medios de comunicación tienen de informar a la ciudadanía, así como el acceso amplio de los ciudadanos a todo tipo de información.

Organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), advirtieron públicamente sobre estas amenazas a las libertades informativas.

El acecho al trabajo periodístico apunta a complicar la tarea de los comunicadores. Se trata de mecanismos de censura indirecta que buscan, básicamente, la autocensura. Y es que no cualquier periodista o medio de comunicación está preparado o dispuesto a enfrentar este tipo de escollos permanentes que, incluso, pueden derivar en problemas judiciales.

La tensión entre la prensa y el poder político resulta lógica y hasta saludable, mientras se garantice el derecho a informar y opinar. Sin embargo, lo más llamativo en este caso es que las presiones provengan desde el Poder Judicial, que debería trabajar para garantizar el cumplimiento de las leyes y la búsqueda de la verdad.