Un juez pidió datos de periodistas a los diarios

Repudian “listas negras” de los que escriben sobre la inflación

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Giudici, Gil Lavedra y Bullrich: “Primero fueron las consultoras, después los periodistas y ahora vienen por los diputados”.

Foto: DyN

El exhorto judicial surgió de una denuncia de Moreno contra consultoras que elaboran índices. Dura reacción de la oposición y Adepa.

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

El pedido de datos personales de periodistas que escribieron artículos referidos a la inflación por parte del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania fue duramente criticado por diputados de bloques opositores, que consideraron que la medida constituye una “amenaza a la libertad de expresión” y hace recordar a “las listas negras de la dictadura”.

Los diputados instaron a Catania a que “repiense” y “retire el exhorto” que libró a medios gráficos para que revelen la identidad y datos personales de periodistas que escribieron artículos referidos al índice de inflación. Además, la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, Silvana Giudici (UCR) recibió también ayer un exhorto de Catania en el que se pide que informe cómo recibe y divulga el índice de inflación promedio que mensualmente sacan las consultoras privadas, el cual usualmente duplica al que da a conocer el Indec.

“Primero fueron las consultoras, después los periodistas y ahora vienen por los diputados”, apuntó Giudici en una conferencia de prensa en la que adelantó que no se le proporcionará al juez la información requerida.

Censura indirecta

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el exhorto del juez se funda “en una hipótesis absurda” que resulta en “una censura estatal indirecta” hacia la libertad de prensa cuando “es el gobierno el que desinforma y miente sobre cuáles son los índices de inflación, de crecimiento y de desocupación”.

Gil Lavedra, quien fue camarista federal, aseguró también que la información que requiere Catania “no tiene sostén jurídico” y estimó, mostrándose indignado, que es producto “de la mente calenturienta de este sujeto”.

De la conferencia de prensa, también participaron Patricia Bullrich (CC), Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal), Gerardo Milman (GEN) y Carlos Favario (PDP). Los diputados firmaron un proyecto de Declaración en el que manifiestan su “preocupación y repudio” por los exhortos librados por el juez.

Escalada

Bullrich afirmó que ante la requisitoria del magistrado “lo que tenemos que hacer es instar al juez a que retire el exhorto” y pedirle “que lo repiense”, ya que la información que solicita está reñida con garantías constitucionales vinculadas con la libertad de expresión y de acceso a la información.

De todos modos, Giudici avisó que “nos vamos a reservar esa información” que pide Catania porque la decisión de difundir el índice de inflación privado fue -recordó- “una decisión de un conjunto de diputados” ante “la intimidación” que sufrieron las consultoras con las multas que aplicó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Gil Lavedra insistió que la acción de Catania se funda es “un desconcepto” ya que explicó que “no es importante que se diga la verdad, cualquiera puede opinar” y aseveró que lo que sucede es que “el gobierno está tratando de acallar las otras voces para mantener su falsedad” respecto de la verdadera inflación.

Amadeo advirtió que “si permitimos que esta escalada de represión ideológica avance en la Argentina no se podrá hablar de ningún otro índice que no venga del gobierno”, en tanto que Ferrari se mostró alarmado porque dijo que “estamos recibiendo señales” de la “influencia del gobierno en distintos ámbitos”.

/// OPINIÓN

Amenaza

ADEPA

La individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea -informar cuestiones de interés público a partir de fuentes libremente seleccionadas- constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales, que conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía.

Resulta doblemente grave que en el marco de una denuncia penal del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra consultoras privadas que elaboran índices inflacionarios -denuncia que también fue cuestionada por Adepa por vulnerar la libertad de expresión- ahora se pretenda involucrar a los periodistas que difunden esas informaciones, cumpliendo el deber, frente a sus lectores, de acudir a fuentes diversas y no convertirse en meros divulgadores de estadísticas oficiales, fuertemente cuestionadas desde hace varios años.

La imposición de un relato único y oficial atenta contra el concepto mismo de la democracia y la libertad de expresión. Medidas como la del juez Catania contribuyen a crear un clima de persecución a quienes quieren ejercer la labor periodística de manera independiente, sin tutelaje ni control estatal, como lo garantiza nuestra Constitución.

Actos como éstos deben poner en alerta a la sociedad en su conjunto, no solo porque puede verse privada de acceder a voces y fuentes diversas para informarse acerca de cuestiones sensibles para los intereses particulares de cada ciudadano, sino porque además, la amenaza proviene de un integrante del Poder Judicial de la Nación, que es en definitiva el último refugio que tienen los habitantes de nuestro país, para defender sus derechos frente a las agresiones que pudiesen recibir de otras personas y de los demás poderes del Estado.

La causa judicial

La investigación que lleva a adelante el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania se sustenta en una denuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno contra M&S Consultores, una empresa que mide los precios como complemento de la tarea del Indec.

En esa investigación, Catania había librado el miércoles un exhorto al Fondo Monetario para que diga cómo obtiene los datos que utilizó en su Informe Anual en materia inflacionaria.

Moreno también querelló penalmente al economista Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre.

El secretario de Comercio acusó a ambos estudios de vulnerar el artículo 400 del Código Penal, que castiga el agiotaje, es decir los fraudes llevados a cabo en el comercio y la industria.

Además, esa dependencia multó con $ 500.000 a una docena más de consultoras por difundir datos de inflación alternativos, entre ellas a las dos mencionadas y a Bein & Asociados, Finsoport, abeceb.com, Fiel, Ecolatina, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, además de a Graciela Bevacqua, quen fuera jefa del área de precios al consumidor en el Indec.

/// SECUENCIA

El diario El Cronista reveló que el 15 de septiembre recibió un exhorto de Catania en el que le pedía los datos de sus periodistas que hayan escrito sobre inflación.

El mismo exhorto fue recibido por La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, BAE, Página 12 y la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Según fuentes del juzgado, los datos sobre los periodistas apuntan únicamente a “tener una dirección de contacto a la cual citarlos, eventualmente, para declarar en la causa”.

Diputados opositores firmaron un proyecto de repudio, donde hablan de amenaza a la libertad de expresión, falta de sustento jurídico e intenciones de generar autocensura.

 

/// LA CLAVE

Exhorto

El exhorto recibido por medios gráficos con fecha 15 de septiembre en el primer punto solicita que informen “si han facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo, desde el año 2006 hasta la fecha”. Luego, pide que se le suministre “la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas con índices inflacionarios de la República Argentina, desde el año 2006 hasta la fecha”.