Visita oficial

Vassel ponderó el avance de las

causas por represión en el norte

El director de DDHH del Consejo de la Magistratura aseguró que Argentina es modelo en el mundo en causas de lesa humanidad.

Gustavo Capeletti

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Agencia Reconquista

Pablo Vassel, el director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación visitó Reconquista este lunes, para interiorizarse sobre la marcha de la instrucción de causas que investigan el accionar represivo de ex militares y civiles en el norte provincial durante la dictadura. Llegó en lancha, desde Goya, donde participó en calidad de observador del proceso electoral legislativo de la provincia de Corrientes.

Su presencia tuvo que ver con el apoyo a las autoridades y personal del Juzgado Federal de Reconquista, cuya sede laboral sufriera un atentado perpetrado con pintura con alquitrán justo en la parte exterior de las dependencias donde están ubicadas las letras con la denominación nacional.

Con ese latente trasfondo y con el titular del juzgado a su lado, Dr. Mario Alurralde, dialogó con el Litoral.

—¿Su visita a Reconquista tiene que ver con las pintadas en el Juzgado Federal?

—Podría decirse que es así, aunque no se puede hasta la fecha atribuir autoría alguna. Este es un tribunal muy activo en materia de causas de la represión ilegal, pero a la vez también tiene gran actividad en la lucha contra el narcotráfico.

La verdad es que hasta ahora no se puede inculpar a una u otra razón, o algún vándalo que eligió dañar el patrimonio público como fruto de una noche de alcohol. Las razones son muchas, cualquiera de ellas merece la atención desde el Consejo de la Magistratura con el magistrado y el personal del juzgado.

De todas maneras son cosas que ocurren también en otros juzgados del país. Por eso es necesario que el Estado garantice que la Justicia vaya hacia adelante y que no acepte que los violentos, los que encuentran la amenaza como elemento de trabajo, se impongan por sobre la voluntad de un país que quiere afianzar la justicia.

Mi función es asistir a jueces federales que llevan causas de lesa humanidad. Esta asistencia está dada desde aspectos materiales hasta asistirlos en distintas cuestiones que los juzgados requieran.

—¿Qué estado de avance observa en causas relacionadas con la represión ilegal?

—Advierto el notorio avance de las causas, el juez Aldo Alurralde lleva adelante con idoneidad la instrucción y sabemos que están prontas a ser elevadas algunas de esas causas al Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Es un hecho auspicioso que los jueces actúen luego de la larga noche dictatorial y eso es lo que está haciendo hoy la Justicia de Reconquista.

En toda la Argentina hay un avance enorme en la materia, nuestro país es referencia mundial en lo que tiene que ver con los procesos de verdad y justicia que se dan como salida de los países de procesos dictatoriales y que en la Argentina tiene como destacable condición que se da con la Constitución en una mano y el Código Penal en la otra. Esto significa procesos ejemplares con garantías.

—Algunos sectores de Derechos Humanos cuestionan ciertas demoras en la elevación a juicio.

—Lamentablemente éste es un proceso que llega tarde, son hechos que ocurrieron en 1976, 77, 78, 79 y 80 y sólo la llegada de la democracia permitió empezar a juzgar. Pero la antigüedad de los sucesos complica la investigación, los testigos algunos han fallecido, otros no viven más en la Argentina, tienen problemas de salud. Eso hace que la causa tenga una complejidad particular.

Todos estamos comprometidos, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es parte del contrato social de los argentinos, lamentamos las demoras pero, en el caso de esta jurisdicción, se basan en la responsabilidad de investigar con profundidad, respetando el derecho de defensa.

—¿Ocurre lo mismo a nivel país?

—Hay cerca de dos mil causas que se sustancian en la Argentina en este momento que conllevan una gran profundidad de análisis jurídico, con singulares aristas que se van descubriendo en cada una de ellas.

Pongo como ejemplo las apropiaciones y la mirada de género que han impulsado los jueces argentinos para tratar los casos de abusos sexuales y vejámenes que eran moneda constante en los campos clandestinos de detención.

Además, se toman causas donde se ha avanzado en niveles de responsabilidad política como la de La Plata donde se investiga no solamente autores materiales sino a quienes condujeron políticamente el desempeño represivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

O también como otros aspectos que se están investigando como son los beneficios económicos vinculados con los crímenes de lesa humanidad. Un ex ministro muy importante de la dictadura como lo fue José Alfredo Martínez de Hoz está cumpliendo prisión domiciliaria por hechos donde se investiga comisión de delitos por una cuestión económica relacionada con el poder financiero de la Argentina.

Causa 050 “Base Aérea”

La Causa 050, también denominada “Base Aérea”, con seis ex policías (Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Eduardo Luque y Arnaldo Neumann), el ex capitán de la Tercera Brigada Aérea Base Aérea, Danilo Sambuelli y el ex oficial de la Fuerza Aérea y ex interventor de la Policia, Jorge Benítez como imputados, fue elevada en los primeros meses de 2010 y “en octubre de ese año volvió porque faltaban resolver situaciones procesales respecto a delitos que se le habían imputado a los investigados y tomadas las nuevas indagatorias se dictaron los procesamientos con lo que se resolvieron y se subsanaron las falencias”, indicó el juez Aldo Alurralde.

En ese sentido, sostuvo que en febrero de este año, cinco de los procesamientos fueron apelados y de ese total sólo en uno mantuvo el recurso ante la Cámara de Resistencia, en el resto se declararon desistidos y volvió el 2 de septiembre la causa con los procesamientos confirmados.

Sobre las demoras del trámite de ley que suma 45 cuerpos y 9.000 fojas, con prófugos, recusaciones, etc., el titular federal reclamó “no verlas desde una única óptica, porque estamos en un estado de derecho y se plantean recursos por parte de los imputados a los que hay que darle el trámite de ley y no incurrir en el traspié de dejar sin defensa a los justiciables”.

En tanto, destacó que el caso de ex capitán aeronáutico Danilo Sambuelli, encauzado además por apropiación de personas, fue elevado al Tribunal Oral hace más de un año y ya está en condiciones de ser juzgado. “Otra de las causas que fueron elevadas a juicio fue la que se originó a raíz de amenazas y coacciones contra funcionarios y personal de este juzgado”, recordó Alurralde.

Esta última en la que permanece detenido el profesor y ex policía Juan José Luis Gil generó un pedido de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos por el atraso por parte del Tribunal Oral Federal de Santa Fe en iniciar el juicio.