Editorial

No hay datos sobre maltrato infantil

Se puede argumentar que el mero hecho de elaborar estadísticas no garantiza la solución a ciertos problemas complejos. Sin embargo, cuando no se cuenta con información confiable sobre una problemática determinada, difícilmente puedan planificarse políticas en busca de medidas efectivas.

Desde finales de 2008, cuando la disolución del Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños Orlando Alassia generó una verdadera polémica entre profesionales vinculados con el tema, el gobierno provincial no brinda información global que permita describir la situación de chicos golpeados o abusados en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana. Se puede discutir si fue o no adecuada la decisión de descentralizar la atención de estos casos. Sin embargo, sorprende que la Subsecretaría de la Niñez no brinde datos generales sobre esta realidad que parece agravarse con el paso del tiempo.

El tema no es nuevo. Ya en marzo de 2010, los Colegios profesionales de Asistentes Sociales, Abogados, Psicólogos y Psicopedagogos, se unieron para denunciar que el gobierno de la provincia desmantelaba distintos programas tendientes a atender a la niñez en riesgo y que, al menos hasta ese momento, no había puesto en funcionamiento ningún tipo de alternativa que suplantara eficientemente el trabajo que se venía realizando en el Comité de Maltrato del hospital Alassia.

En aquel entonces, los profesionales denunciaban condiciones de hacinamiento y que no contaban con recursos elementales para cumplir con su labor.

El tiempo pasó, pero la preocupación continúa y hasta parece profundizarse. Desde la Subsecretaría de la Niñez se asegura que avanzan en la coordinación de políticas entre distintos ministerios, que capacitan recursos humanos, que se brinda asistencia económica a municipios, que funcionan “equipos de guardas” y que, incluso, existen especialistas abocados al fortalecimiento de las familias afectadas.

Pero los profesionales que trabajan en los barrios tienen otra visión. Decidieron organizarse y conformar la Asamblea Permanente contra el Abuso, con el objetivo de bregar por políticas claras para tratar el abuso y para capacitarse.

Los psicólogos involucrados aseguran que no están claramente establecidos los mecanismos de intervención sobre cómo actuar en estos casos. También denuncian que en algunos casos no cuentan con elementos, ni formación suficiente para reaccionar frente a una problemática tan compleja como es el abuso sexual infantil.

Reclaman que el tema no sea abordado sólo desde el Ministerio de Salud, sino también por áreas de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, aseguran que las intervenciones suelen superponerse o, directamente, son contradictorias.

Problemáticas como el abuso infantil exigen respuestas claras y contundentes porque, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del trabajo social, en este caso los errores se pagan caro y las consecuencias para las víctimas suelen ser irremediables.