un seminario "oficial" que permitió diversas posturas
La ley de tierras se abre al debate
En Buenos Aires, impulsado por el propio gobierno, se completó un interesante seminario para tratar desde distintos ángulos la intención oficial de avanzar en una ley de tierras, que limite la compra y posesión de áreas rurales por parte de extranjeros.
Un aspecto del salón auditorio Juan Pablo II, de la Universidad Católica Argentina, sede del seminario, que contó con invitados y representantes de diferente extracción política y sectorial. Foto: El Litoral
Néstor Fenoglio (enviado especial)
Como se sabe, el gobierno impulsa, con segura polémica pero también algunas simpatías generales básicas, un proyecto de ley “de protección al dominio de las tierras rurales” o “ley de tierras” que pretende limitar el acceso a extranjeros de áreas cultivables, toda vez que se considera -y no hay discusión al respecto- que el suelo es un recurso estratégico para el país.
No se trata de una preocupación sólo oficial, más allá de que ahora se impulse un proyecto desde el gobierno nacional, pues el Congreso vio pasar diecisiete -sí: 17, un abanico importante que asegura tanto las diferencias como las riquezas de un posible debate parlamentario sobre el tema- proyectos de ley que intentan regular no sólo el dominio, sino también el uso, entre otros aspectos.
Buena parte de esa discusión, pudo entreverse, en el seminario que organizaron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, que ofició también de anfitriona en su exclusiva sede de Puerto Madero.
Con la presencia de los ministros Julio Alak y Julián Domínguez, y del rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández, que presidieron el acto inaugural con sendas exposiciones, se desarrollaron a lo largo de todo el día tres grupos temáticos con panelistas de diferente extracción, entre ellos, legisladores, especialistas de derecho, periodistas y representantes de sectores relacionados con la actividad agrícola o con economías regionales.
Los tres ejes temáticos propuestos fueron Geopolítica; Inversión y Economías Regionales; y Aspectos Jurídicos y Registrales. La dinámica de trabajo previó la exposición de panelistas con un moderador y la posibilidad de que los invitados -con alguna intervención “picante” incluida- participaran.
¿Qué se discute?
El propio ministro Domínguez explicó las generalidades del proyecto que impulsa el gobierno, a partir de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que el Estado tome posición activa en la regulación de la venta de tierras a extranjeros, teniendo en cuenta el valor estratégico del suelo y la realidad evidente de que los capitales globales están enfocados en conseguir territorios para la creciente demanda mundial de alimentos, agua, recursos en general.
La ley intenta generar acuerdos básicos, como una suerte de primer paso para atacar luego otras cuestiones particulares -sustentabilidad, arrendamientos, registro, unidades productivas, uso, repoblación de zonas rurales, entre otras-, pues, se dijo, “si buscamos una ley perfecta, no se podrá avanzar”, dados los múltiples aspectos que deben ser materia de discusión y consenso.
El gobierno propone limitar la posesión del total de tierras en manos extranjeras en un tope del veinte por ciento del territorio y allí ya hay discusión: ¿por qué -plantean algunos, como la diputada santafesina Verónica Benas, que participó del primer panel- ampliar tanto el margen, si hoy el proceso de extranjerización, si bien no cuantificado exactamente, está bastante por debajo de ese límite, menos del diez por ciento? ¿No funcionará eso como un incentivo para más y rápidas ventas a extranjeros hasta cubrir el tope propuesto, antes de la prohibición?
Otro aspecto en discusión que quedó en evidencia es el concepto de la extensión: el proyecto oficial habla de 1.000 hectáreas, pero sin precisar sus características, ni alguna limitación regional. Se podría vender una provincia como Tucumán o Misiones entera sin problemas combinando la suma de hectáreas posibles con el tope del veinte por ciento del territorio.
Sobre este punto, hay quienes promueven que se consideren unidades económicas -Santa Fe es la única provincia del país que maneja este concepto- ya que no es lo mismo equis cantidad de tierra en la zona núcleo, en zona de frontera o en zonas marginales. Y de la mano con esa discusión, proponen que se tengan en cuenta otros recursos, no sólo los “agrícolas”, sino también el agua, el turismo, la minería, los bosques naturales, por nombrar algunos. Allí también, hay suficiente “juego” para la polémica, desde los “permisivos” -el proyecto nacional al menos en este aspecto parece serlo- hasta quienes plantean restricciones totales.
Asimismo se discutió lo atinente a tierras ya adquiridas. El ministro Domínguez fue tajante: “Hay derechos adquiridos y legislación específica que nos impide revisar lo ya hecho. Pretendemos poner coto a lo que viene”, posición que no es reprochable desde el punto jurídico, incluso en aquellos casos de venta de grandes territorios -lagos y sus accesos incluidos-, sobre todo en la Patagonia: el grupo Benetton sólo adquirió en su momento 900.000 hectáreas. Como contrapartida, hay quienes sostienen que hay casos de notoria endeblez en los títulos de compra o en el proceso, con irregularidades e incumplimientos básicos, que habilitarían a una revisión en determinados casos.
Otro de los puntos de conflicto tiene que ver con la concentración en sí misma: hay quienes sostienen que así como se limita la tenencia de tierras en manos extranjeras, también debe evitarse la concentración en manos argentinas.
Defensa del patrimonio
Hay, en definitiva, una intención oficial de avanzar sobre el tema, incluso a pesar de las oposiciones previsibles y de quienes todavía están estudiando “cómo viene la mano”.
Entre las fortalezas del proyecto está la bastante acordada idea de que es el Estado el que debe plantarse y establecer normas para preservar el patrimonio -se ha insistido ayer que la tierra no sólo lo es, sino que es el más importante desde el punto de vista estratégico-, pues cuando -sobre todo en los noventa, con el menemismo- hubo un estado permisivo y laxo, se avanzó con la venta y privatización de recursos y con la firma de tratados -como los de minería- que generan una suerte de inédita legislación paralela en que el derecho nacional no tiene intervención.
Hay también consenso en la necesidad de impulsar un registro o catastro nacional, además de un censo que determine exactamente de quién es la tierra en el país y que a la vez establezca condiciones para la adquisición y el dominio. Se habló de personas físicas y no de sociedades, por ejemplo.
Una última cuestión tiene que ver con los tiempos legislativos y la decisión política de avanzar en serio en la materia; y allí están desde quienes dicen que una ley marco es posible antes del final de este mandato, hasta quienes sostienen que es imposible lograr definiciones sin discusión abierta y franca en el Congreso, para que se pongan en escena los múltiples proyectos y las ideologías e intereses que los sustentan.
Los ministros Alak y Domínguez flanquean al rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández, en la inauguración del seminario sobre ley de tierras. Foto: El Litoral
La falta de registro
No se sabe exactamente cuánta tierra está realmente en manos extranjeras, porque no hay un registro unificado de dominios: cada provincia se maneja de manera diferente y hay casos en que los ministerios de Agricultura inscriben la titularidad, en otros los ministerios de Gobierno, en otros la Justicia o las áreas de comercio. Ello permite, por ejemplo que exista una brecha entre los 6 y 16 millones de hectáreas involucradas en manos extranjeras, según las diferentes estimaciones.
No parece un problema tan grave todavía teniendo en cuenta la superficie total del territorio nacional, pero es evidente que sobre todo desde hace dos décadas, hay condiciones favorables para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, procesos que son similares a los que se verifican en Asia -sobre todo en el sudeste- o África, pues, se ha explicado que ahora los capitales multinacionales prefieren cosas concretas, bienes y recursos, y no la actividad especulativa en bolsas.
En el país, la Patagonia no es el único caso emblemático. El diputado nacional Alex Ziegler, misionero él, confió a El Litoral que una sola empresa extranjera en su provincia posee más del 12 por ciento del territorio provincial, zona además fronteriza y de bosque o selva nativa.
También en Santa Fe hay tierras en manos extranjeras, sobre todo en el norte; pero el proceso de colonización y el modelo minifundista que la inmigración conllevaba, de alguna manera preservó buena parte del territorio, que está hace rato en manos de productores que, en todo caso, la arriendan.
El ministro Alak tiene a su cargo -así como su par Domínguez debe pilotear los consensos para que la ley avance- la construcción de un registro o catastro nacional faltante, que por ahora está en gestación y que contaría con la adhesión hasta aquí de 12 provincias.
Es una tarea ardua unificar criterios legales y registrales, pero es un objetivo deseable previsto en la propia ley, que, de sancionarse, emplaza su creación.
Entre las coincidencias básicas, además de la necesidad general de limitar de algún modo la libre adquisición de tierras, está precisamente la creación de este registro nacional y la determinación fehaciente, censos mediante, de quién es realmente el titular de cada pedazo de tierra en el país.
