Semana decisiva
Se abre una luz en el conflicto de Naranpol
El sindicato dijo que aceptaría el cobro del sueldo en cuotas y un plan de pago de la deuda en 12 o 15 meses. Los representantes de la empresa dijeron que darán una respuesta la semana que viene.
Corresponsalía Rosario
Tres días después de anunciar el cierre de los establecimientos de Productora Alimentaria, se abre un resquicio de luz en el extenso conflicto para que Naranpol revea esa postura y se reanude la actividad en las plantas de la compañía. La posibilidad de que encaucen las negociaciones surgió tras la audiencia, que se realizó ayer en la sede del Ministerio de Trabajo de Rosario.
Formalmente, la audiencia se llevó adelante luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga) denunciara que la decisión de “cerrar las plantas” de forma indefinida por parte de Productora Alimentaria era “un lock out patronal”. En el extenso encuentro que mantuvieron las partes en las oficinas de San Lorenzo y Ovidio Lagos, el secretario general de Sutiaga, Américo Romero, dejó sobre la mesa una propuesta a los representantes de Naranpol. Según advirtió Romero a El Litoral, “el sindicato ofertó que está dispuesto a aceptar el pago del sueldo en cuotas y que se haga un plan de pago de la deuda que la empresa mantiene con los trabajadores. Aclaramos que el convenio colectivo no se va a tocar. Es decir, nosotros no planteamos en ningún momento una rebaja salarial”.
En los próximos días la compañía dará una respuesta, tras mantener una reunión con el juez Civil y Comercial de la 10º Nominación,1 Eduardo Sodero, que lleva adelante la convocatoria de acreedores.
Cierre lock out
En un comunicado oficial, el martes pasado la empresa expresó que “con mucho dolor e impotencia, lamentamos tener que comunicar la difícil decisión de cerrar en forma indefinida los establecimientos de nuestra empresa en los distintos puntos del país. No tenemos otra alternativa ante las medidas de fuerzas sindicales en la provincia de Santa Fe, donde tenemos ubicadas las dos unidades productivas más importantes”.
El Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga) tildó la decisión de Productora Alimentaria como un lock out, y le pidió al Ministerio de Trabajo que citara a la empresa para que “de explicaciones sobre los hechos denunciados y cese inmediatamente en toda medida ilegal de lock out”.
La firma hizo saber hoy a través de un comunicado que concurrió “con sus máximos representantes para rechazar y desestimar” la denuncia de lock out patronal presentada por el gremio. En el documento la empresa no advierte en ningún momento que haya decidido la reapertura de las plantas.
La viceministra de Trabajo Nora Ramírez, quien encabezó la audiencia entre las partes, sostuvo que los representantes de la compañía anunciaron que “van a conversar con el juez que entiende en el concurso de acreedores para ver la posibilidad de reabrir los establecimientos” ante el nuevo planteo del sindicato.
La funcionaria del Ministerio de Trabajo sostuvo a este diario que “la empresa no dio ningún detalle sobre cómo va a revertir la situación”. “Dijeron que en los próximos días de la semana que viene, tras reunirse con el juez, van a informar qué van a hacer”.
En la cartera laboral señalaron que se quedó que la semana próxima habrá una nueva reunión, de la que participará el juez Sodero, quien lleva adelante el concurso de la firma, para buscar fórmulas para reactivar la empresa.
Dolar
La Justicia avaló la nueva disposición del Gobierno Nacional para la compra de dólares al rechazar el reclamo de una jubilada, quien no pudo realizar la operación y presentó un amparo por considerar inconstitucional la medida.
El juez federal Quilmes, Luis Armella, rechazó una medida cautelar al considerar que “no surge, en este estado del proceso, la existencia de un accionar o un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal”, confirmaron a DyN fuentes judiciales.
La decisión implica que se rechazó el reclamo para que en lo inmediato la mujer pueda comprar los dólares, pero el magistrado abrió formalmente una causa para investigar la presentación y le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Piano, donde la jubilada quiso comprar los dólares, un informe con los antecedentes y fundamentos de la nueva disposición. Estas disposiciones establecen que se deben justificar los fondos destinados para la compra de dólares con el objetivo de evitar el lavado de dinero y el uso de dineros negros.
El amparo lo presentó Justa Ruperez, de 87 años, luego que en Banco Piano no le permitieran comprar 1.700 dólares que tenía previsto ahorrar para sus nietos. La mujer pidió la inconstitucionalidad de la resolución 3210/11 de la AFIP y comunicación 5239 del BCRA, por considerar que impedía ejercer sus derechos. El juez consideró que en la causa no estaban dados los requisitos para hacer lugar a la medida cautelar. También sostuvo que la jubilada “no ha adjuntado elemento probatorio alguno que acredite, en este estado del proceso, los hechos que invoca en su demanda” y agregó que no hay riesgo de “irreparabilidad o daño inminente” para la mujer, ya que el perjuicio de no poder comprar dólares “sería patrimonial y resarcible”.
Embargo
En el marco de la reunión surgió otro punto conflictivo, que el gremio dejó sobre la mesa de negociaciones. La empresa tendría problemas para realizar el pago parcial de los salarios, porque tiene las cuentas embargadas por la Afip.
