Diputados avanzó con un proyecto de ley
Compromiso del Estado santafesino para prevenir torturas y tratos crueles
“Es un paso adelante para colaborar en el control de las fuerzas de seguridad” dijo Alicia Gutiérrez, una de las autoras del proyecto. La Cámara fijó un tratamiento preferencial de dos semanas para la iniciativa kirchnerista de quitar desgravaciones a cerealeras.
Alicia Gutiérrez fundamentó en el recinto la aprobación del proyecto que unifica uno propio con otro firmado por todo el arco político.
Foto: Archivo El Litoral
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de un “mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes” y en caso de que el Senado acompañe la iniciativa, Santa Fe sería la cuarta provincia en adoptar instrumentos ya aprobados por la Nación en cumplimiento a uno de los pactos internacionales a los que adhirió la Argentina en la reforma constitucional de 1994. Las primeras en hacerlo son Chaco, Río Negro y Mendoza.
Este mecanismo estará integrado por el “Comité provincial de prevención de la tortura” y los demás entes estatales, ONGs y movimientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de la convención contra la tortura.
El proyecto de ley fue uno de los más destacados entre la docena de textos aprobados ayer sin discusiones políticas ya que venían con dictámenes de comisión. En tanto, la Cámara acordó otorgar un tratamiento preferencial de dos sesiones a la iniciativa presentada por Alberto Cejas y otros diputados kirchneristas para quitar exenciones tributarias a empresas cerealeras. El acuerdo pasó por enviar el proyecto sólo a dos comisiones para su análisis.
Sobre el proyecto de prevención contra la tortura, se fusionaron una iniciativa de Alicia Gutiérrez (SI) y otra de diputados de todo el arco político encabezados por el presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina (PS) que propuso la figura de sistema, en vez de mecanismo aunque con un objetivo prácticamente similar.
Precisamente, fue Gutiérrez la única en fundar brevemente en el recinto el texto votado haciendo hincapié en que “Santa Fe empieza a cumplir el mandato emergente del protocolo facultativo de la convención contra la tortura que aprobó en su momento el Congreso Nacional, siguiendo los preceptos de la reforma constitucional”.
El mecanismo provincial tendrá competencia sobre cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites provinciales, ya sea unidades penitenciarias, comisarías, institutos de menores, etc. Entre las funciones del mecanismo está la de garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de la libertad; promover el fortalecimiento de las capacidades de organismos estatales y no estatales que desempeñen funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención; visitar periódicamente los centros de detención, formular recomendaciones a las autoridades, prevenir este tipo de tratos y comunicar a las autoridades cualquier hecho y adoptando las medidas urgentes y necesarias.
El texto crea un comité provincial de prevención de la tortura de siete miembros, dos de ellos legisladores; dos funcionarios del Ejecutivo y tres de ONGs que trabajen en la promoción de los derechos humanos. Los miembros del comité tendrán un mandato de cuatro años y desempeñarán ad honorem la función.
“Es un paso adelante para colaborar junto a otros órganos del Estado en controlar a las fuerzas de seguridad y en la promoción de los derechos humanos” señaló Gutiérrez.
Cuarto intento
También Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley de Jorge Lagna (PJ) por el que se crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, constituido sobre la base de la huella genética obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN). Es la cuarta vez que la Cámara vota el proyecto originado en la gestión anterior en el también justicialista Danilo Kilibarda, quien no encontró eco en el Senado. Lagna retomó el tema en el 2008 y perdió estado parlamentario en la Cámara Alta insistiendo ayer con apoyo de sus pares.
El registro dependerá del ministerio público fiscal y apunta a facilitar el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables en la comisión de un delito, y sobre la base de la identificación de un perfil genético del componente de ADN -no codificante-; identificar y contribuir a la averiguación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; discriminar las huellas del personal policial y de todo otro agente público que interviene de alguna forma en el lugar del hecho y procede a la disposición del cordón criminalístico, como un aspecto de la cadena de custodia y para determinar posibles casos de contaminación biológica de evidencia; elaborar estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia en la Provincia y contribuir a resolver conflictos suscitados en causas judiciales no penales, siempre que medie pedido expreso y fundado de la autoridad judicial interviniente y que aquél guarde conformidad con lo establecido en la presente ley.
Lagna dijo no tener dudas de “que la ciencia jurídica puede y debe valerse y aprovechar los procedimientos técnicos científicos elaborados por las demás ramas de la ciencia y en el caso concreto que nos ocupa, para la identificación de personas”.
