editorial

La justicia vista como privilegio

Los datos del proyecto de presupuesto 2012, que el Congreso empieza a discutir, indican que la Ansés tiene asignados 3.541 millones de pesos para cancelar sentencias de reclamos por ajustes jubilatorios, contra los 2.400 millones que dispuso este año al mismo efecto.

La progresión estadística se repite en todos los rubros que atañen a esta problemática: a partir del dictado, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los fallos “Sánchez” y “Badaro”, que ordenaron un reajuste de los haberes de hasta el 70 % por el período 2002-2006, las demandas se multiplicaron. Hasta el punto de que, según los últimos datos difundidos por el Centro de Información Judicial de la propia Corte, desde comienzos de 2008 hasta fin de septiembre de 2011, ingresaron 432.492 causas en los Tribunales de la Seguridad Social. Esto es unas 10 mil por mes, o 480 por día hábil.

Pero a la vez, también se aceleró en un 60 % el dictado de sentencias por parte de los jueces. Sólo que, en lugar de darles cumplimiento inmediato -y a pesar del compromiso al respecto del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA-, la Ansés mantiene la estrategia de seguir apelando los pronunciamientos, en una medida creciente: si a esta altura del año pasado lo había hecho en 23.165 casos, en lo que va del corriente llevó la cifra a 29.682.

La magnitud de las cifras cuantifica acabadamente el concepto de “colapso” que se suele asociar al fuero previsional, y que figura en las reiteradas advertencias del presidente de la Corte, cuando reclama al Estado el sometimiento a la Justicia y el cumplimiento de las sentencias. El cuadro se vio agravado recientemente por la recusación de cuatro camaristas por parte de la Ansés, por no estar de acuerdo con sus fallos.

Sobre esta base, y en un contexto en el que muchos pasivos llevan esperando hasta diez años una respuesta a sus reclamos, y en el que gran parte de los magistrados regulan la velocidad de sus pronunciamientos -sobre todo en causas por corrupción o de alto impacto político- a la conveniencia del gobierno, la noticia de que la madre de la presidenta, Ofelia Wilhem, había ganado el juicio entablado contra la Ansés, pudo ser visto como un privilegio. O, al menos, de esa manera se lo percibió desde el entorno del poder, lo cual derivó en la inmediata decisión de la beneficiaria de donar el retroactivo que le corresponde; según difundió la agencia oficial Télam.

Por cierto, el gesto -espontáneo o inducido- de la señora resulta loable, pero sus motivaciones inapropiadas. La mujer no hizo otra cosa que ejercer su derecho y lo que recibió fue ni más ni menos que el trato justo previsto para ello, en un razonable lapso de algo más de tres años (y sin apelación de Ansés). Que ésto signifique una nota discordante en el contexto descripto no revela una ventaja indebida, sino la pavorosa indefensión de la ciudadanía ante un Estado en el que el cumplimiento de las leyes y el respeto de las sentencias se presenten como una excepción.