Hugo Storero fue designado interventor de Vialidad

“Revisaremos procedimientos, pero en principio no hay vuelta atrás”

Por decisión del Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas quedará a cargo de la controvertida repartición hasta el 10 de diciembre. Dijo que evaluarán los procedimientos administrativos mediante los cuales fueron contratados 236 trabajadores. Pero aclaró que la decisión definitiva trascenderá su mandato.

Ivana Fux

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El escándalo en la Dirección de Vialidad por más de doscientos nombramientos “a dedo”, según denunció públicamente Hermes Binner, derivó en la intervención del organismo. Esta semana se conoció, primero, la renuncia del dirigente socialista Rafael De Córdoba como subadministrador, y después, la del radical Edgardo Martino, como titular del área.

Ayer, el Poder Ejecutivo nombró como interventor hasta el 10 de diciembre al actual ministro de Obras Públicas -también radical-, el Arq. Hugo Storero. La crisis estalló a la par de las negociaciones que socialistas y dirigentes de la UCR entablan para definir el futuro equipo de gobierno de Antonio Bonfatti. Por eso, Martino cuando dejó el cargo, le reprochó a Binner que el conflicto lo había generado con “un sentido político”.

Esta mañana, sólo junto a un par de colaboradores, Storero desembarcó en Vialidad para hacer los primeros contactos. “Con usted quiero hablar”, le dijo al pasar por su oficina a Francisco Maurmair, ingeniero jefe de la repartición. Los ánimos se percibían aplacados y contenidos. Storero avanzó un poco más por los pasillos, saludó al personal y terminó en una sala de reuniones donde lo esperaban los directores de la Administración. Minutos antes, y en diálogo con la prensa, explicaba que su rol apuntará a “continuar un proceso que tiene varios frentes abiertos como licitaciones y obras en marcha”.

Con respecto a los 236 contratos, dijo que intentarán encuadrarlos dentro de la normativa vigente. “Los procesos de ingreso a planta, que no es lo mismo que contrato, tienen mecanismos de selección; nosotros en un mes, es un plazo muy corto y no se va a arribar a la conclusión de ningún tipo de proceso. Simplemente, se trazarán las primeras líneas o directivas a los efectos de encauzar todo tipo de selección dentro de las normativas vigentes”, expresó.

— ¿La intervención implica la suspensión de medidas administrativas tomadas por los funcionarios anteriores, como estos ingresos? -preguntó El Litoral.

— No tengo facultades. Acá hay una cuestión con procedimientos realizados, terminados y con firmas de un organismo que es autárquico; no se puede escapar que hay dos organismos en mi esfera, Vialidad y Viviendas, que tienen autarquía por ley de creación. Ambos tienen poder de resolución a los efectos de proceder al dictado de resoluciones. Obviamente vamos a revisar los procedimientos, pero en principio no se pueden realizar vueltas atrás.

— ¿No se pueden realizar vueltas atrás? -insistió este diario.

— No tengo en este caso acceso a toda la información, así que estoy hablando presuntivamente.

— ¿Estaba al tanto de estos nombramientos?¿Lo habían consultado?

— Lo que pasa es que se ha trabajado durante todo este año en lo que hace a las cuestiones paritarias. Sabemos que el organismo tiene deficiencias numéricas en cuanto a la planta de personal porque ha ido perdiendo históricamente, sobre todo en los noventa cuando se produjo el vendaval de la reforma del Estado, el organismo dejó de prestar funciones, como construcción de rutas. El organismo fue perdiendo gente, es decir que reponer es una cuestión importante sobre todo en las áreas más sensibles que es donde se atacan los frentes de trabajo en las diversas zonas de la provincia.

— En los últimos años fue una repartición conflictiva ¿por qué?

— Hubo picos de tensión. Yo creo que se fueron subsanando varios de ellos y por eso hoy el organismo está encarando un sinnúmero de obras de alto impacto. Se logró reencauzar el proceso de gestión administrativa, el proceso de control de obras e inspección, los procesos de licitación... Claro está que en toda la gestión hubo puntos en los que hubo que poner mayor énfasis porque fueron mayores los conflictos, pero en general últimamente se estaba en un período de normalización.

— ¿El mecanismo de ingreso fue el correcto o no se ajustó a derecho, como dijo Binner

— Vamos a revisar la normativa vigente y la compatibilización con los procesos de resolución. Habíamos comenzado a hacerlo con los administradores hasta el momento en que el gobernador, haciendo uso de sus prerrogativas, le pidió la renuncia a (Rafael) De Córdoba; él designa y remueve a su criterio y estamos todos comprendidos. Quisiéramos revisarlo; le decía que en ese momento estábamos trabajando y se estaba aceptando de parte de los funcionarios el reencauzamiento hacia plazos más cortos (tres y no seis meses como plantean los contratos originales) que permitieran luego la inclusión en procesos de selección del personal. En ese punto se produce la renuncia de ambos...

— El gobernador dijo que Ud. debía rendir cuentas sobre lo que había pasado ¿Es así?

— Lo he conversado con él pero básicamente de lo que se hablaba era de que tenía que tomar el tema Martino (radical), particularmente porque él ya había tomado una intervención muy firme con el tema De Córdoba (socialista). A ese punto específico se refería.

—¿Cree, como dijo Martino, que esto tiene un sentido político?

— Yo prefiero en estos días no hacer... Estamos en un punto en que tenemos una pequeña crisis que solucionar aquí en Vialidad, y estamos ante un recambio de gobierno donde me parece que cualquier declaración en esa línea, agrega confusión.

—¿Esa crisis de Vialidad se traslada al Frente?

— No sabría decírselo, pero en principio no quisiera hacer ni conjeturas ni tampoco ninguna declaración al respecto.

— ¿Termina la gestión con un trago amargo?

— La gestión tiene muchos puntos donde las cuestiones realizadas se viven con mucha alegría y orgullo, y hay momentos donde claro, tenemos picos de tensión que obligan a mayores reflexiones y por supuesto, preocupan.

Se fue Font

El secretario Seguridad Comunitaria, Enrique Font, presentó su renuncia para poder concursar un cargo en el nuevo Ministerio Público de Justicia. Font aspira a convertirse en Auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación, una de las dos ramas en que se divide el renovado sistema penal. El abogado y criminólogo, uno de los integrantes de la cartera que conduce Alvaro Gaviola, se alejó de su puesto en el Ejecutivo con el aval del gobernador electo Antonio Bonfatti, y como requisito para poder acceder a ese cargo en el Poder Judicial.

Reacción de senadores radicales

A través de un documento público, los senadores provinciales de la UCR refutaron declaraciones del ministro de Economía, Angel Sciara, quien ayer negó ingresos masivos a organismos de su cartera sin concurso, tal como lo había denunciado el titular de Vialidad, Edgardo Martino. “Una cosa es que en la gestión puedan ingresar contratados, y otra cosa es que en un acto administrativo entren 230”, había dicho Sciara a El Litoral.

En el comunicado, los senadores radicales advirtieron que no pueden permitir “que se extienda un manto de sospecha sobre un funcionario de nuestro partido que se ha desempañado con idoneidad y honestamente”. En tal sentido, consideraron que “para Sciara, pareciera que hay en el Poder Ejecutivo contratos buenos y contratos malos, según quién es el funcionario que otorga esa locación de servicios”. Consideraron que “es cuanto menos preocupante que el ministro Sciara desconozca los términos del decreto 0291/2009 que refrendó junto al gobernador, norma legal que fundada en leyes y decretos precedentes, aprobó el Proceso de Selección para el ingreso a la Administración Pública Provincial”. “Sin embargo -continuaron-, desde 4 de marzo de 2009, el propio Poder Ejecutivo formalizó 588 contratos de locación de servicios que en fecha reciente fueron transformados en cargos de Planta Permanente, con el voto de los legisladores de ambas cámaras, que levantamos la mano para sancionar la ley”.

Por eso entendieron los senadores que “es válido preguntarse por qué si este proceder es correcto para el gobernador y el ministro de Economía, es para ellos reprochable la decisión adoptada por el administrador general de la DPV, Edgardo Martino, y el sub administrador del organismo, Rafael de Córdoba, quien pertenece a las filas del Partido Socialista”.

“Lejos está en nuestro ánimo seguir polemizando sobre esta cuestión -advirtieron-, pero como senadores de la UCR, que mantenemos las expectativas de que el Frente Progresista continué siendo en Santa Fe la herramienta más válida para seguir transformar la provincia, no podemos permitir que se falte a la verdad o que se pretendan instalar verdades a medias”, concluyeron.