Antes de la operación
Cristina prepara el traspaso
La mandataria recibió hoy al vice Amado Boudou. Luego viaja al sur, y regresará a Buenos Aires para ser intervenida quirúrgicamente el 4 de enero.
La presidenta delegará sus funciones por 20 días al ex ministro de Economía. Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
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DyN/Télam
La presidenta Cristina Fernández recibió este mediodía al vicepresidente Amado Boudou, para ultimar detalles del traspaso de mando que deberá realizar desde el miércoles próximo, cuando sea sometida a una intervención quirúrgica por un cáncer de tiroides. Previamente, la mandataria se reunió con los ministros de Defensa, Arturo Puricelli, y de Planificación, Julio de Vido.
La jefa de Estado tenía previsto partir a las 17 rumbo a Santa Cruz para celebrar el Año Nuevo junto con su familia y la semana próxima regresará a Buenos Aires para someterse a la operación, que la obligará a tomarse 20 días de licencia médica. En su lugar, quedará Boudou a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Este fin de semana en Santa Cruz, la presidenta estará acompañada por sus hijos Máximo y Florencia, por su madre Ofelia Wilhelm, y por su cuñada y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, entre otros familiares cercanos. La jefa de Estado, se indicó, tiene previsto el regreso a Capital Federal para el lunes próximo, con el fin de preparar la operación a la que será sometida en el Hospital Universitario Austral, de la localidad de Pilar.
Fernández realizó su reaparición en un acto oficial ayer, tras conocerse que se encuentra afectada por un carcinoma papilar tiroideo y confirmó que se tomará licencia por 20 días. La mandataria mostró buen ánimo y hasta bromeó durante su alocución, al señalar que le “peleará la presidencia” a su par de Venezuela, Hugo Chávez, del grupo de presidentes latinoamericanos que en el último tiempo dieron batalla contra el cáncer.
Uso político
En este contexto, la titular provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, afirmó hoy que no le “sorprendería” que el tema de la salud de la presidenta Cristina Fernández pudiera ser utilizado políticamente, pero advirtió que la dolencia que padece la mandataria “no va a afectar la gobernabilidad ni la política del país”.
“A ningún presidente en la historia del país se lo ha maltratado tanto como a la doctora Fernández de Kirchner. No sé si tiene algo que ver con el género o con una oposición que, a la luz de los acontecimientos, me arriesgo a decir que no se ha manejado muy bien tampoco”, reflexionó. Rojkés de Alperovich, segunda en la línea de sucesión presidencial, puntualizó que la mandataria “está muy bien, muy fuerte y tranquiliza a todo el mundo; es una líder con mayúsculas”.
Al recordar que el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner la llamaba “Presidenta coraje” y pedía que la “cuidaran”, la senadora sostuvo que todo el oficialismo está “unido” para respaldar a la jefa de Estado.
“Este gobierno ha pasado por situaciones muy conflictivas y hemos demostrado que cuando hay un proyecto político y una conducción sólida todo se supera”, resaltó.
Antiterrorismo
La presidenta Cristina Fernández promulgó la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso, en el marco del rechazo surgido desde organizaciones políticas y sociales que le reclamaban el veto a la norma aprobada a instancias del organismo de antilavado Gafi.
Organizaciones sociales y gremiales, en tanto, anunciaron que hoy se movilizarían a Plaza de Mayo para rechazar la norma. No obstante, a través del decreto 265/11 publicado ayer en el Boletín Oficial, la mandataria promulgó la ley 26.734, que significa una modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades que podrían aterrorizar a la población.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La principal preocupación de la oposición tiene que ver con una eventual criminalización de la protesta social y del ejercicio del periodismo, pero distintos referentes del gobierno salieron a aclarar que la norma tiene que ver con un requerimiento del organismo antilavado Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
“Nada tienen que ver los reclamos sociales ni el periodismo mucho menos. Es una locura. Estamos hablando de un tema claro y contundente, que nosotros hemos apreciado y padecimos, teniendo muchos muertos”, había explicado el senador Aníbal Fernández, en defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Trato
“Nosotros somos acreedores, y por eso vamos a plantearle en algún momento a la presidenta que queremos algún trato en el sentido de que Santa Fe pueda endeudarse, porque obras de gran magnitud como los acueductos, que requieren cifras multimillonarias, no tienen por qué pagarla sólo una generación, siendo obras que van a durar décadas. Entonces, habría que poder tomar créditos a 20 ó 30 años para hacer esas obras que no admiten más demoras, porque no les podemos decir a los santafesinos que no tienen derecho al agua potable”, sostuvo hoy el gobernador Antonio Bonfatti.
Provincias endeudadas
Las provincias deberán cumplir con amplios requisitos, que incluyen datos sobre su situación fiscal y financiera y sobre su plantel de empleados públicos, para acceder a la prórroga que por dos años les dio la Nación para comenzar a abonar sus deudas reestructuradas.
Las exigencias para los 17 distritos que adhirieron al Programa de Desendeudamiento, que ayer fue prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2013, fueron especificadas en la resolución 33, firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y publicada hoy en el Boletín Oficial.
El acuerdo -que engloba una deuda de casi 65 mil millones de pesos- incorpora a Chubut, que no había sido incluida en 2010, y establece 204 cuotas mensuales y consecutivas para la amortización del capital, 203 equivalentes al 0,49 por ciento del total y la última por el equivalente al 0,53 por ciento.
Los intereses serán del seis por ciento anual y el pago de los servicios por capital e interés se descontarán de la coparticipación que deba recibir cada distrito.
La Resolución -que completa con detalles el anuncio que ayer formuló la presidenta Cristina Fernández- puntualiza en un anexo la información fiscal y financiera que las provincias deberán suministrar en forma mensual, trimestral o anual, dependiendo el caso.
