Reunión en el Ministerio de la Producción
Planteos serios detrás de la emergencia
En la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se propuso “una agenda de prevención” para que no se repitan los perjuicios cada vez que el clima castiga. Se mencionó el “ordenamiento territorial” pendiente y la necesidad de “crear un área de gobierno para planificar obras de riego”. Fascendini reconoció que el mayor costo fiscal de la emergencia lo sufren las comunas.
Más aire. A diferencia de la reunión anterior, que desbordó el Salón Amarillo, el martes los funcionarios trabajaron con comodidad.
Foto: Juan Manuel Fernández
Juan Manuel Fernández
El pedido de declarar la emergencia para el norte de San Justo y San Javier fue un mero ejercicio burocrático que se resolvió sin mayores objeciones. Lo más jugoso del encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria -reunida el martes pasado- fueron los diversos planteos de legisladores, autoridades comunales y ruralistas, entre los cuales hubo un denominador común: la necesidad de planificar y ejecutar acciones que protejan a los productores contra los avatares climáticos y corten la interminable seguidilla de declaraciones de desastre o emergencia que se suceden desde hace décadas.
Se escuchó un pedido para crear “un área de gobierno para planificar el riego” en el norte de la provincia; y desde la propia cartera se invitó a “trabajar en una agenda de prevención” que incluya temas como cosecha de agua, seguros agrícolas y hasta el eternamente postergado “ordenamiento territorial”. También “sonaron” los manoseados acueductos, la creación de “subnodos” y hasta algunas observaciones sobre el accionar del Banco Nación con los productores en emergencia.
Nuevas emergencias
Secundado por los secretarios del Sistema Agropecuario, Luis Contigiani; del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Roberto Tión; y de Regiones, Municipios y Comunas, Horacio Ghirardi; el ministro de la producción Carlos Fascendini presidió el encuentro, al que asistieron autoridades políticas (legisladores, concejales), técnicos y referentes ruralistas.
Tras un rápido repaso de cada región, se aprobó solicitar la emergencia para los distritos San Justo, Ramayón, Marcelino Escalada, Gobernador Crespo, La Penca, Pedro Gomez Cello, Vera y Pintado, La Camila, Colonia Dolores, San Martín Norte, Colonia Silva, La Criolla, del departamento San Justo; así como para San Javier, Colonia Durán, Romang y Alejandra, en el departamento San Javier.
Para la próxima reunión, que se realizaría en 15 días, se acordó que los técnicos de la cartera tengan un diagnóstico de otros distritos, algunos -como Cacique Ariacaiquín y La Brava, en San Javier- porque podrían recuperarse ante alguna lluvia; mientras que por pedido de miembros de Federación Agraria, quienes reportaron graves pérdidas, se acordó analizar: Juncal (Constitución); Chabás, Bigand y Casilda (Caseros); y Cañada de Gómez, Totoras y Clason (Iriondo).
Para los productores de los distritos General López, San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y General Obligado, declarados en emergencia mediante el decreto 133/12 del Poder Ejecutivo, se advirtió que tienen tiempo hasta el 30 de abril para realizar el trámite en su correspondiente municipio o comuna.
La tasa y el impuesto
“De las 12 millones de hectáreas provinciales, hay 6 en emergencia” sintetizó Fascendini, y previno a las autoridades de cada distrito: “esto repercute más en las comunas que en las arcas de la provincia”. Este concepto se explica porque tal disposición implica, además del aplazamiento de intimaciones tributarias por 180 días, la suspensión del pago de la Tasa de Inmuebles Rurales (ex Tasa por Hectárea) y la prórroga para liquidar el Impuesto Inmobiliario Rural. La primera la cobran municipios y comunas a los productores a razón de 1 litro de gasoil por hectárea para el mantenimiento de los caminos, aunque también se use para finanzas administrativas; mientras que el tributo provincial se paga a valores de 1993, cuando los campos valían mucho menos que ahora, y por lo tanto aportan una exigua suma al erario provincial (y un escaso beneficio a los productores).
Relacionado a este “interés comunal” en juego, algunos asistentes a la reunión previnieron al ministro que algunas localidades de las zonas ya declaradas en emergencia no disponían de la información que la provincia debe girar para que los productores realicen los trámites de acogimiento al beneficio. “Hubo algunos problemas puntuales, pero la mayoría están debidamente informadas”, señaló Contigiani. Sin embargo un ruralista acotó: “otras tienen la información pero no la dan a conocer para seguir cobrando la tasa por hectárea”.
Respuestas definitivas
Una vez agotados los temas específicos, se pasó a “consideraciones generales”, momento en el que surgieron todo tipo de manifestaciones. Por ejemplo el senador por General Obligado, Orfilio Marcón, propuso -tras recordar la inexistencia de infraestructura, concretamente acueductos, que garantice agua para consumo a las poblaciones- “analizar la creación de un área de gobierno para planificar obras de riego en las zonas donde se sufre la irregularidad de precipitaciones constantemente”. Fascendini recordó que hay fondos de países árabes disponibles para la provincia y anticipó que el gobernador planea una visita a Kuwait en mayo para gestionar créditos.
Ya de lleno sobre cuestiones estructurales, Contigiani tomó protagonismo y reclamó “trabajar en una agenda de prevención”. Para que se entienda explicó: “un plan de contingencia para la sequía 2013, que por supuesto ojalá no ocurra”. Ironía aparte, planteó avanzar sobre “temas más allá de la coyuntura; tenemos que pensar un modelo de desarrollo más integral y audaz”. Habló de fomentar la cosecha de agua -muy poco utilizada pese a la gran difusión- y de avanzar en el ordenamiento territorial, lo que implicaría determinar la aptitud de los suelos y así establecer qué se puede producir y qué no en cada distrito.
En ese sentido el diputado nacional y dirigente de Federación Agraria, Omar Barchetta, indicó que el ordenamiento territorial podría mejorar la oferta de seguros para el productor. A lo que Fascendini replicó que “tiene que salir por consenso”. El federado también propuso “crear un subnodo para el norte de Rafaela”, nodo del que dependen administrativamente en zonas muy diferentes y distantes como San Cristóbal y de Julio.
Fuego enemigo
Distintos referentes del noroeste de la provincia plantearon temas específicos vinculados a la sequía. Víctor Airaldo, director de FAA San Cristóbal, denunció quemas irresponsables de pastizales por parte de algunos productores que prenden espartillo para conseguir un rebrote que pueda ser pastoreado por la hacienda y, sobre todo, de los “bicheros” (personas que cazan con fines comerciales, por ejemplo iguanas por su cuero). “Prenden fuego y lo dejan que se extienda, perjudicando a muchos productores que se les prende el campo”, afirmó. En tal sentido propuso: “tiene que involucrarse la policía y hay que exigirle un cortafuego al productor que prende en su campo, no al vecino”. Los funcionarios se comprometieron a instruir a intendentes y presidentes de comuna para que estén atentos, así como solicitarle al INTA que difunda “buenas prácticas” para las quemas, por ejemplo en función del viento.
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Cuestionamientos al Banco Nación
Algunos integrantes de la Comisión de Emergencia y otros asistentes a la reunión, en un momento dado cargaron las tintas sobre la actitud del Banco Nación para con los productores afectados por la sequía. “Con el certificado de emergencia no te dan crédito”, indicaron; y añadieron que para acogerse a los beneficios de la Emergencia Nacional -créditos por $1.500 millones a una tasa, subsidiada por el gobierno nacional, del 8% anual- “hay que estar al día” con la entidad. También indicaron que en los contratos incluyen una cláusula en la que se establece que si el Estado no cumple con el subsidio de la tasa, será el productor quien deba afrontarla.
Contigiani tomó nota y se comprometió a plantear estos asuntos el jueves pasado, en la reunión de Emergencia que se realizó en el Ministerio de Agricultura nacional.
