EDITORIAL

La Justicia sospechosa

Los recientes avatares de las causas judiciales que involucran a Sergio Schoklender y al vicepresidente Amado Boudou exhibieron de manera descarnada los peligros del avance gubernamental sobre el Poder Judicial, al punto de condicionarlo o dejarlo bajo permanente sospecha.

Al detener a los Schoklender y su principal colaborador con una demora superior a un año del inicio de la causa, el juez Norberto Oyarbide contradijo el criterio jurisprudencial corriente para este tipo de casos -delitos no violentos- que es el de mantener al imputado en libertad mientras se tramita el expediente, excepto cuando existiese riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Precisamente, la hasta ahora “insuficiente” existencia de elementos probatorios, y su oportuna aparición en este momento, fueron los argumentos del magistrado para explicar su desconcertante manejo de los tiempos. Todo esto en el contexto de una imputación de desvío de fondos públicos, en la cual el más elemental sentido común indica que un hipotético culpable aprovecharía el tiempo para eliminar cualquier indicio incriminatorio.

Por lo demás, la extensa lista de personas afectadas por Oyarbide excluye minuciosamente a funcionarios del gobierno, cuyo rol en la presunta estafa al Estado -al menos por omisión de los debidos controles- no parece que debiera ser soslayada de plano y sin mayor indagación.

La detención, además de coincidir con un nuevo impulso del mismo magistrado al procedimiento que afecta al opositor jefe del gobierno porteño por presunto espionaje, se produce también en un momento en que la atención pública estaba centrada en el vicepresidente de la Nación, involucrado en otros procesos plagados de suspicacias.

Después de la separación del juez original de la causa Ciccone, Daniel Rafecas, responsable del allanamiento al departamento de Boudou -pero paradójicamente acusado por una comunicación en la que intentó ayudar a sus presuntos asociados-, la aparición de una nueva denuncia contra el vicepresidente, esta vez por enriquecimiento ilícito, permitió que la acumulación de expedientes también excluyera al fiscal Rívolo, quien había desplegado una intensa actividad en la investigación.

Los episodios reseñados son un elocuente muestrario de un alarmante cuadro de situación de lo que es la relación del poder político con la Justicia, y la matriz ideológica que lo permite y lo provoca. El juego de favores y presiones habilitado por la hegemonía oficialista estrecha el margen de acción para magistrados independientes o cuidadosos de sus deberes, y amplía las posibilidades de medrosos y venales especuladores. La onda expansiva de estas acciones sepulta bajo un manto de sospecha cualquier medida judicial y perjudica no sólo la tarea propia de los tribunales, sino la percepción que la ciudadanía tiene de ella y la confianza que ineludiblemente ésta requiere para cumplir acabadamente con su rol en una sociedad republicana.