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Martes 14.01.2020 - Última actualización - 12:19
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Una medida polémica

Bala en la recámara: disidencias en el propio gabinete de Perotti

Ante el recrudecimiento de los homicidios en Santa Fe y Rosario, el Jefe de la Policía dejó sin efecto una resolución de 1998 que prohibía a los efectivos tener el arma lista para disparar. La decisión fue cuestionada por la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol. “Es un retroceso”, advirtió. 

Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos. <strong>Foto:</strong> Archivo El LitoralLucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos.
Foto: Archivo El Litoral

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Una medida polémica Bala en la recámara: disidencias en el propio gabinete de Perotti Ante el recrudecimiento de los homicidios en Santa Fe y Rosario, el Jefe de la Policía dejó sin efecto una resolución de 1998 que prohibía a los efectivos tener el arma lista para disparar. La decisión fue cuestionada por la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol. “Es un retroceso”, advirtió.  Ante el recrudecimiento de los homicidios en Santa Fe y Rosario, el Jefe de la Policía dejó sin efecto una resolución de 1998 que prohibía a los efectivos tener el arma lista para disparar. La decisión fue cuestionada por la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol. “Es un retroceso”, advirtió. 

Una decisión del Jefe de la Policía de la provincia generó polémica en general y controversia en el propio gabinete del gobernador Omar Perotti. El comisario Víctor Sarnaglia decidió firmar una resolución que le permite a los efectivos de la fuerza llevar “cartucho en recámara”. Ello significa que el arma estará lista para disparar en cualquier momento. La medida fue considerada por algunos ex ministros de Seguridad de la provincia consultados por El Litoral -prefirieron mantener la reserva- como “extrema y peligrosa”. Otros, como Maximiliano Pullaro, no descalificaron la decisión, pero sí la consideraron “contradictoria” sobre la base del diagnóstico que la gestión actual viene realizando sobre la propia institución policial.


La disposición se encontraba fuera de vigencia desde 1998. En los considerandos de su resolución, Sarnaglia planteó como argumento para sustentar su decisión “las actuales situaciones de inseguridad reinante y de violencia inusitada en todo el territorio provincial”; y la necesidad de “resguardar la seguridad de toda la población santafesina y de todo el personal policial actuante”.


Ello fue, precisamente, lo que generó disidencias en el propio equipo del gobernador. La crítica provino de la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol quien -incluso- a través de las redes sociales, planteó su observación. En diálogo con El Litoral, la funcionaria rescató lo dicho en las últimas horas por el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, rechazando los intentos de “mano dura”.

 

 


“Retroceso”

 


“Como dijo el presidente -retomó Puyol-, me parece que los problemas de seguridad o inseguridad que estamos viviendo no se resuelven con una bala en la recámara. El texto de la resolución en sus considerandos dice que es para la seguridad de la policía y de la población en general, y ello no se resuelve con una bala en la recámara”, insistió. 


A su criterio, “en la actual situación que hemos heredado, porque comparto con (el ministro de Seguridad, Marcelo) Sain el diagnóstico de la provincia en relación a la policía y a los nichos de narcotráfico, tenemos que combatir este terrible flagelo que mantiene en vilo a la población, pero no es por el lado de la mano dura”, advirtió.


La secretaria evitó relacionar de manera directa esta medida con un posible aumento de los casos de “gatillo fácil”, pero no dudó en aseverar que la decisión implica “un retroceso” en materia de derechos humanos.

“Tengo una alta consideración sobre el ministro Saín -repitió-. No creo que él vaya a tener ninguna debilidad, si algún policía comete un delito. Pero este mensaje (el de la bala en la recámara) no se condice con el tema de combatir el narcotráfico. Es un retroceso en materia de derechos humanos”, planteó.


La resolución


El segundo artículo de la resolución de Sarnaglia ordena “a todo el personal policial, a que según la situación policial en la que se proceda y los criterios de seguridad e integridad física propia y de terceros que se deba adoptar, se habilite a dilucidar la posibilidad de poseer cartucho en recámara”.


“En función de lo antes apuntado se arriba a la necesidad de la unificación de los criterios de actuación y protocolo en la actividad policial”, se plantea. El cartucho -se lee en la disposición- debe ser “provisto oficialmente” por la policía de Santa Fe. Sarnaglia instruye para que la decisión sea comunicada a todas las unidades regionales para que se trasmita al personal subalterno.


La resolución que el funcionario dejó sin efecto es la 003/98, y establecía “la prohibición de la utilización de cartuchos en recámara”, excepto en los casos que fuese necesaria por razones de seguridad.

 

Fuerzas federales


El Jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia, anunció que el ministerio de Seguridad de la Nación se comprometió a enviar tres mil efectivos de fuerzas federales a Santa Fe. Según dijo, se espera que en el transcurso de la semana arriben agentes de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Rosario, el funcionario policial mantuvo reuniones con representantes de la cartera nacional para coordinar detalles del desembarco.


“Les hemos pedido un despliegue y hemos presentado un plan que acordaremos de manera conjunta. Nos está pidiendo un poco de tiempo; espero que sea breve. Creo que estamos en esta semana ante un despliegue de su fuerza”, estimó.

 

Fernández, contra “la mano dura”


El presidente Alberto Fernández, reiteró que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, “expresa” lo que él cree en la materia y tiene “todo su aval”, al hacer referencia a las discrepancias con el titular de la cartera bonaerense, Sergio Berni, sobre el uso de las pistolas Taser, entre otros puntos.


“Para que haya una pelea hacen falta dos, y yo no me estoy pelando con nadie”, aclaró el Jefe de estado. Pero a la vez advirtió contra la llamada ‘mano dura’, que “no es verdad que para combatir el delito hace falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picanear a la gente; o que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa”.

 

Contradictorio


Consultado por El Litoral, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, consideró que la medida como tal “no tiene relevancia”, por un lado, porque “las armas son seguras”; pero sobretodo, “porque lo que tiene que respetarse es el protocolo que indica un uso progresivo de las fuerzas”. En tanto, le pareció “contradictoria” la decisión del gobierno sobre la base de lo que se pregona desde la propia gestión. “Es una contradicción que una administración que tiene un concepto negativo de la propia institución policial por la corrupción y demás, le termine dando más potestades para reprimir el delito”, planteó.

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