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Sábado 08.02.2020 - Última actualización - 14:35
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Por fraude y falsificación

Quieren enjuiciar a ex funcionarios y gremialistas de Vialidad Nacional

El fiscal federal Onel envió el pedido al juez, luego de dar por concluida una extensa y minuciosa investigación. También hay una escribana imputada.

El fiscal Jorge Gustavo Onel está al frente del caso. <strong>Foto:</strong> Mauricio GarínEl fiscal Jorge Gustavo Onel está al frente del caso.
Foto: Mauricio Garín

Foto: Mauricio Garín



Por fraude y falsificación Quieren enjuiciar a ex funcionarios y gremialistas de Vialidad Nacional El fiscal federal Onel envió el pedido al juez, luego de dar por concluida una extensa y minuciosa investigación. También hay una escribana imputada. El fiscal federal Onel envió el pedido al juez, luego de dar por concluida una extensa y minuciosa investigación. También hay una escribana imputada.

El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que dos dirigentes gremiales, dos ex funcionarios públicos de Vialidad Nacional y una escribana están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica de instrumento público, cometidos durante los años 2012 y 2013 en la ciudad de Santa Fe.

 

Se encuentran imputados por dichos ilícitos el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Séptimo Distrito Santa Fe, Marcelo José Bertolotti; el secretario adjunto de dicha entidad, Miguel Ángel Vázquez; el entonces subgerente de Asuntos Jurídicos de dicho organismo, Manuel Francisco Keumurdji; el administrador general de la Dirección de Nacional de Vialidad (entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015), Nelson Guillermo Periotti; y la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi.

 

Según detalló la acusación, Vázquez y Bertolotti instrumentaron maniobras para lograr la transferencia en donación en favor del sindicato de dos fracciones de un terreno de propiedad de la Dirección de Vialidad, localizado en la Avenida Alem, entre las calles Sarmiento y Necochea de Santa Fe.

 

Luego, Keumurdji y Periotti dictaminaron “favorablemente y sin objeciones a las donaciones requeridas” y suscribieron el convenio de trasferencia en noviembre del 2012 en donde se establecía que el sindicato se comprometía a utilizar la propiedad “para construir la sede sindical y alojamientos para los trabajadores viales del interior”.

 

Inajenable

 

La pieza de requerimiento de elevación subraya que dicho “acto jurídico, significó, en rigor de verdad y tal como se desarrollará, un tramo fundamental de la ilegal disposición por parte de ambos ex funcionarios, de un bien perteneciente al Estado Nacional, y de dominio público, el cual, conforme la normativa administrativa y civil aplicable, ostentaba el carácter de inenajenable”.

 

Además, la fiscalía señaló que Bertolotti y Vásquez, con la participaron de Keumurdji, falsificaron el documento del convenio de transferencia insertando una cláusula que establecía la posibilidad del sindicato de afectar el terreno a “figuras contractuales onerosas”, abriendo la posibilidad de una permuta o un alquiler.

 

Finalmente, la escribana pública Dechanzi instrumentó la escritura pública en la cual Bertolotti, Vázquez y Periotti, perfeccionaron “la transmisión del bien a título de donación” que permitió luego que los dirigentes sindicales concretaran en junio del 2013 un contrato de permuta con una inmobiliaria, con la cual intercambiaron dicho terreno por dos departamentos con cocheras ubicados en la Avenida General López y en la calle 25 de Mayo. El valor de la operación de permuta final se fijó en U$ $ 400.000. El MPF señaló que dicha acción implicó el incumplimiento de “la expresa finalidad de bien público por el cual el inmueble se les había sido confiado”.

 

Erario público

 

La Fiscalía subrayó que las acciones de los imputados han implicado un “significativo fraude al erario público nacional, puesto que se encuentra palmariamente verificada la irregular salida de su patrimonio de un valioso bien -que había sido adquirido por expropiación, previo pago de un precio indemnizatorio-, con destino, en definitiva, a un emprendimiento de naturaleza privada, sin que el Estado recibiera por ello contraprestación alguna; todo ello, a través de distintos actos plagados de irregularidades y de la comisión de otros delitos penales contra la fe pública”.

 

Finalmente, la Fiscalía solicitó al juez de la causa que se haga saber al municipio local que la medida cautelar de no innovar oportunamente ordenada respecto del inmueble se encuentra plenamente vigente”.

 

Imputaciones

 

A Bertolotti y Vázquez se lo acusa por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos, y falsedad ideológica de instrumento público.

 

Sobre Dechanzi recayó la figura de falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio de una administración pública. Mientras que a Keumurdji se lo imputa por falsificación de instrumento público y fraude a una administración pública. A Periotti se lo señala por este último delito, en calidad de autor.

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