El radicalismo en el Senado busca acercar posiciones con el gobierno provincial, siempre sin salirse de los límites que se ha fijado -puertas adentro- el Frente Progresista ante el proyecto de ley de declaración del estado de Necesidad Pública que pide la Casa Gris.
Siguen las negociaciones en el Senado
Necesidad pública: la UCR espera una contrapropuesta
La oposición no cierra la puerta en la Cámara alta. En todos los bloques predomina la preocupación por encontrar fondos para municipios y comunas. No hay acuerdo sobre facultades extraordinarias para voltear contratos. Tampoco para volver a los ejecutores fiscales de los ‘90.
La semana pasada no hubo sesión en la Cámara alta, pero sirvió para que vuelvan a reunirse senadores de la UCR con sus pares del justicialismo, que antes habían llevado un borrador de la ley posible al Ejecutivo. Como los ministros de Gobierno y de Gestión Pública Marcelo Borgonovo y Rubén Michlig les transmitieron el “no” del gobernador, ahora la pelota ha quedado del lado del oficialismo.
La oposición espera una contrapropuesta de los funcionarios al texto que estaban dispuestos a acordar. Y sobre esa base van a fijar su posición.
El debate pasa ahora por dos aspectos: uno refiere a cifras y el otro a conceptos de fondos. El primero es más accesible a la negociación, el segundo demanda que el gobierno ceda en sus posiciones de máxima.
La discusión sobre los montos del endeudamiento permite que como ocurre con la oferta y demanda, el retaceo y el reclamo, se pueda encontrar una cifra que unos y otros puedan aceptar. Sin embargo, otros tópicos del mensaje del Ejecutivo no tienen un punto intermedio. Son las facultades extraordinarias que la prensa ha resumido como “superpoderes” y que el oficialismo se niega a llamar de esa forma. El jefe del bloque de la UCR en el Senado, Felipe Michlig (San Cristóbal) las repite con todo detalle. Advierte que los suyos no votarán una ley que dañe la continuidad jurídica del Estado y que le permita al Poder Ejecutivo dar por terminados (“resolver” dice el texto que elevó el gobernador Omar Perotti) los contratos que heredó de la gestión anterior, y tampoco aceptarán la norma en debate si subsiste al posibilidad de tercerizar el cobro de impuestos, de manera que vuelvan los ejecutores fiscales.
Posiciones
Desde mediados de los ‘80 hasta pasados los ‘90, el Estado santafesino se asoció a estudios de abogados que -a cambio de un jugoso porcentaje- se encargaban del recupero de las acreencias impositivas. Fue una suerte de privatización del cobro de la cartera de morosos que, en Santa Fe, se anticipó al menemismo y que causó no pocos dramas sociales.
Los senadores radicales han dicho que no pueden votar una norma que contenga ambos extremos. Se lo han explicado al jefe del bloque del PJ, Armando Traferri; a su compañero de bancada (y del NES) Rubén Pirola; y al también justicialista Alcides Calvo que representa a Castellanos y al grupo de senadores también peronistas más afín al gobierno.
Desde el gobierno provincial sostiene que se trata de herramientas necesarias para llevar adelante su gestión. Y enumera los cambios respecto del original, que ha hecho para convencer a los opositores: desde el nombre de la ley hasta el acortamiento del plazo: se habían planteado 18 meses y ahora se ha fijado 2020 como el límite. “No queremos que haya superpoderes”, subrayan desde la oposición. “Ya no hay superpoderes en la norma”, replican desde cerca de la Casa Gris. En cambio, sobre cuál será el monto del endeudamiento a autorizar desde la Legislatura al Ejecutivo las chances de llegar a un acuerdo son mayores.
Desde hace ya un par de semanas, en el bloque radical -y en el justicialismo- se siente el peso del paso del tiempo: los intendentes y los presidentes comunales presionan en favor de una norma que también los beneficie.
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