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Lunes 06.04.2020 - Última actualización - 19:43
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Por Inés Larriera

La inclusión financiera en tiempos de coronavirus

 Crédito: Flavio Raina
Crédito: Flavio Raina

Crédito: Flavio Raina



Por Inés Larriera La inclusión financiera en tiempos de coronavirus En este contexto de aislamiento social obligatorio, la Organización Mundial de la Salud sugiere a todas las personas que paguen sus compras y/o servicios utilizando medios de pagos digitales.

Por Inés Larriera

 

La inclusión financiera es una herramienta clave para sortear situaciones de riesgo como la actual y permite incorporar pensamientos “transformativos”. 

 

La inclusión financiera, un concepto quizás no muy común pero que en tiempos en los que las coyunturas no son muy favorables, adquiere una notable importancia y amerita un tratamiento especial. Desde el lugar que ocupo en el Concejo Municipal ya se ingresaron algunos proyectos al respecto.

 

Significado, importancia y aplicación de la inclusión financiera son algunas de las líneas que siguen a continuación.

 

La pandemia provocada por el COVID -19 (coronavirus) pone en jaque a todo el mundo, impactando fuertemente en las economías locales.

 

En este contexto, de aislamiento social obligatorio, como principal medida para frenar el avance desmedido del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere a todas las personas que paguen sus compras y/o servicios utilizando medios de pagos digitales, y no con dinero en efectivo para evitar el riesgo de propagación y la movilidad por las ciudades. 

 

Simultáneamente el Gobierno Nacional adhiere a estas medidas y crea programas de contención social, en principio, para los más vulnerables como el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores no formales, personal de servicio doméstico y Monotributistas de las categorías más bajas calculando 3.600.000 beneficiarios. También el bono para Jubilados con la mínima que alcanzaría a más de 2.800.000 personas. 

 

Pero en nuestro país solo el 21% de la población hace uso cotidiano de las tarjetas de débito y sólo un 13% utiliza la tarjeta de crédito para sus compras habituales. El resto lo hace en efectivo. Los argentinos pueden ahorrar, anualmente un 12 % del PIB, comparado en términos regionales que es de 41 %. Con una capacidad de acceso a créditos del 3 % del PIB, siendo la más bajo de la región. El sistema financiero tiene un muy bajo nivel de profundidad: el crédito representa apenas el 15% del PIB, ratio menor al de los principales países de América Latina.

 

Se evidencia por tanto un déficit en el acceso a los servicios financieros y a una educación financiera adecuada y una notable exclusión principalmente de los sectores socioeconómicos más vulnerables y de los jubilados.

 

“Los Estados que tengan un alto grado de ‘Inclusión financiera’, van a contar con una herramienta adicional” y minimizar el impacto económico social para bajar la “curva de contagio”.

 

A partir de lo ante dicho, queda de manifiesto, la urgente necesidad de que nuestra ciudad adhiera a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera por recomendación de las Naciones Unidas. 

 

De este modo garantizaríamos el acceso universal a una oferta integral de servicios financieros, que resulten útiles para satisfacer necesidades; y que, por lo tanto, se usen activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable. 

 

La oferta de servicios financieros debe ser integral: enfocada en el crédito, ahorro, seguros, y pagos digitales; sostenibles: no debe depender de la asistencia pública; responsable: los términos y condiciones de los productos financieros deben ser comunicados con total claridad y transparencia a los usuarios. Los productos financieros ofrecidos deben ser prácticos y adecuados para que sean usados, con una protección a los usuarios financieros.

 

No podemos saber cuándo llega una crisis o pandemia, lo que sí podemos saber es que la Inclusión Financiera como política de estado en una comunidad contribuye al desarrollo económico y social. Y en esta emergencia sanitaria, la Inclusión Financiera será una capa de protección a la retracción económica, que termina afectando a las personas financieramente más excluidas, los pobres y los adultos mayores que quedan rezagados por un Estado poco presente.

 

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