“Estamos respetando el DNU del presidente de la Nación” afirmó Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a,nte el reclamo de los cinco colegios de abogados de la provincia para ampliar las actividades del Poder Judicial. Se refiere Gutiérrez al DNU 297/2020 que dispuso las medidas de aislamiento así como estableció algunas excepciones. “Entiendo la postura de los abogados; en la misma situación están escribanos, odontólogos, oftalmólogos y también jardineros, plomeros, electricistas” le señala a El Litoral.
Gutiérrez defendió lo actuado por la Corte que dictó una acordada en marzo y aseguró que las restantes disposiciones adoptadas por el presidente fueron conversadas con los restantes ministros. En las últimas horas, en sintonía con los abogados, el ministro Daniel Erbetta pidió al presidente un acuerdo urgente “para deliberar y votar sobre la actividad a partir del lunes 13”.
El comunicado de los colegios de abogados fue rechazado por el Colegio de Magistrados y por el gremio judicial.
Gutiérrez recordó que ya el 16 de marzo, la Corte dispuso la suspensión de los trámites de la oficina de certificaciones que tienen los tribunales de Santa Fe y Rosario para evitar la propagación del virus. “En el Palacio de Tribunales de Rosario circulan unas 5.000 personas por día y en Santa Fe más de 2.500. No podemos habilitar el funcionamiento normal del Poder Judicial porque iría contra las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional y provincial” señaló. Pero además la postura de Santa Fe de disponer un receso administrativo es similar a las adoptadas por los poderes judiciales de las provincias y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rememoró Gutiérrez que desde el DNU 297 al cual adhirió el gobierno santafesino se fueron disponiendo guardias mínimas mientras que el sistema penal funciona prácticamente en forma normal por la índole de la problemática en cuestión. Recordó que en dicho fuero se acordó entre jueces, el MPA y la Defensa instrumentar el sistema de videoconferencias para las audiencias imputativas y de prisión preventiva a los fines de evitar toda posibilidad de contagio. Además en los fueros civil, comercial y de familia se adoptaron medidas para atender lo que son pagos, acuerdos y convenios entre las partes.
“Debemos respetar el aislamiento y evitar lo que pasó con los jubilados” añadió Gutiérrez en obvia referencia a lo ocurrido el pasado 3 de abril cuando hubo desbordes ante la apertura de bancos para el pago de planes sociales y de pasividades. No obstante, el presidente de la Corte dijo que si el gobierno flexibiliza las condiciones del aislamiento, el Poder Judicial adaptará las disposiciones. “No quiere que nadie quede afectado por la epidemia”, le reiteró a EL Litoral.
Esta semana, los cinco colegios de abogados de la provincia exigieron que jueces y secretarios concurran a sus lugares de trabajo; reprogramación de audiencias, suspensión de la feria judicial de invierno y que los funcionarios prioricen los libramientos de las órdenes de pago.
El documento fue rechazado en duros términos por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y por el gremio judicial.
Los magistrados advierten que “es el Poder Ejecutivo Nacional quien a través de sus decisiones, determinará la continuidad o no de la cuarentena, y en su caso, su flexibilización. Y es el Poder Judicial, quien está llamado a hacer cumplir con lo que la máxima autoridad nacional disponga en relación a la misma. Resulta equivocado hablar de un cierre del Poder Judicial, sino que por el contrario, la Corte Provincial, atendiendo a la normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso un receso con órganos jurisdiccionales de turno para asegurar la prestación del servicio de justicia. Y a la vez, se dispuso que los magistrados continuarán trabajando en el dictado de sentencias -extremo que por la suspensión de plazos procesales recién podrá reflejarse en el sistema una vez reiniciada la actividad-, resultando verdaderamente inexplicable que alguien pudiera razonablemente aseverar lo contrario”.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales dice no salir del estupor del pedido de las medidas hechas por los abogados. “Los trabajadores judiciales no permitiremos que se ponga en riesgo la salud de ningún integrante del Poder Judicial, no admitimos presiones, seguimos trabajando en nuestros domicilios y estamos a disposición de la Corte Suprema” señala.
Ayer, los cinco colegios insistieron con su postura y señalaron que “es inquietante verificar una inmovilidad prácticamente absoluta de la actividad jurisdiccional, pronunciadamente agravada en el ámbito del interior de la provincia”. Lamentan “la incomprensión de algunos operadores que han estimado como una afrenta el derecho legítimo de peticionar y de proponer soluciones” e insisten en que “la posición de los Colegios de Abogados se vincula con la necesidad de articular medidas imprescindibles, que permitan facilitar una salida progresiva a este comprometido momento, sin poner en riesgo ninguna medida sanitaria”.
Además expresan inquietud “por la inexistencia de un sistema informático ajustado a las necesidades actuales, que hubiese permitido facilitar de manera sustancial el trabajo a distancia, evitando este embarazoso ahogo del servicio”.
Gutiérrez mantuvo en las últimas horas una reunión con el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, pidiéndole que el Servicio Penitenciario acelere los dictámenes sobre el compartamiento de detenidos que podrían tener libertad condicional debido a sus condiciones de salud o bien por los plazos en que llevan detenidos sin sentencia. La medida apunta a extremas medidas para garantizar la salud de los internos en los penales santafesinos.
La oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia difundió el jueves el esquema de guardias mínimas que cumple el personal judicial a partir de este viernes y durante una semana. El cronograma contempla la situación de las cinco circunscripciones del mapa judicial santafesino.
En el caso de Santa Fe se prestan funciones en el edificio principal de los Tribunales tanto para los juzgados con competencia en lo Civil y Comercial, como de Familia, Fiscalías Extrapenales y Defensoría Civiles.
El sistema penal, en tanto, funciona de acuerdos a las normas dispuestas por el MPA y la Defensora General.